Una de las últimas medidas que el fiscal Víctor Chiapero tomó antes de irse de vacaciones fue ordenar el desalojo del Acampe, que desde hace más de dos años tiene parada la construcción de la planta semillera que Monsanto pretende instalar en las afueras de la localidad cordobesa, Malvinas Argentinas.

Sin embargo, la fiscal suplente Adriana Abad congeló la decisión, suspendiéndola hasta que acabe la feria judicial a comienzos de febrero, según anunció el abogado Carlos Quintana a Anred.

La causa en la que se sustanciaron ambas acciones fue iniciada por Ignacio Soria, abogado de Monsanto por supuesto “entorpecimiento” a la circulación de personas y cosas, en la ruta A88. La fiscal Abad sostuvo que en su fallo que no hay elementos que acreditaran ningún delito penal en el acampe como para permitir un desalojo. Y a su vez, dejó en evidencia el elemento político en la decisión de su colega Chiapero, ya que apuntó que para decretar el desalojo el fiscal titular no realizó ningún tipo de procedimiento para recabar información que permitiera señalar que se cometió algún ilícito: ni inspecciones oculares, ni visitas al lugar. Nada.

Anred recuerda que la Monsanto tampoco cuenta con permiso para la edificación de la planta más grande del continente, ya que los que presentó fueron rechazados por la justicia argentina en enero de 2014.