Desde que llegó a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha insistido durante sus conferencias en que la violencia en México, tanto criminal como feminicida, ha disminuido y está a punto de ser erradicada. La realidad contradice su discurso, desaparecer personas sigue siendo una práctica existente en el país.

Tiempo atrás, en 2016, cuando nos agrupamos para formar lo que hoy nombramos como Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), nos comprometimos a contribuir a los procesos de búsqueda y exigencia de justicia de las familias de personas desaparecidas y una de las betas de nuestro trabajo han sido los talleres de búsqueda.

Surgimos en paralelo a la Segunda Brigada de Búsqueda y les acompañamos en sus primeros pasos con el molde de un taller que, fortalecido con el paso de los años, tiene como objetivo poner al alcance de las y los buscadores las nociones mínimas indispensables para planear una búsqueda en campo y reconocer los huesos del esqueleto humano.

En el GIASF compartimos la idea de que el saber científico tiene que estar al servicio de las personas desaparecidas y afortunadamente hemos visto cómo se ha incrementado paulatinamente la participación de académicos y especialistas con las familias y colectivos de buscadores.

Aunque desde el Grupo realizamos otras actividades de acompañamiento y sistematización de información, los talleres nos han permitido observar de cerca las dinámicas de consolidación de algunos colectivos de búsqueda y el surgimiento de procesos de denuncia, así como rutas de trabajo en algunos estados de la República.

2020 no fue la excepción. A pesar  de las condiciones de distanciamiento físico que la pandemia por Covid-19 ha impuesto sobre muchas personas, quienes integramos el GIASF fuimos contactadas por colectivos del centro y norte del país para solicitarnos talleres sobre búsqueda de personas. ¿Qué sentido se puede dar a estas solicitudes?

Fue en 2020 cuando finalmente el Sistema Nacional de Búsqueda parece haber empezado a consolidarse, no sólo porque las Comisiones Locales de Búsqueda han comenzado a funcionar en diálogo con las familias de personas desaparecidas en distintos estados, sino porque por fin se publicó un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Recordemos que de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, este Sistema tiene como objetivo fortalecer las funciones de búsqueda, investigación e identificación e implica la coordinación entre múltiples instituciones e instancias: la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Nacional Ciudadano, los colectivos de Búsqueda,  las Fiscalías Especializadas, el Programa Nacional de Búsqueda y el diseño de un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

Estamos ante una coyuntura en materia de búsqueda de personas desaparecidas. La consolidación normativa y la activación general del Sistema Nacional de Búsqueda ha favorecido que en varios estados se integren nuevos colectivos aunque, en varios casos, las desapariciones que denuncian hayan ocurrido tiempo atrás. En este mismo marco se han ampliado las oportunidades de búsqueda en campo bajo la protección de las fuerzas armadas.

En estos momentos la visibilidad pública de la desaparición parece consolidada. No sólo porque el hecho victimizante ha seguido produciéndose durante la pandemia, sino porque en algunas entidades federativas familias de víctimas, que habían mantenido sus procesos en pausa, han decidido finalmente retomar actividades de búsqueda en campo.

Por ejemplo, en estados como Guanajuato, la coyuntura promovió el surgimiento de nuevos colectivos dedicados a la búsqueda y, a la par, procesos de larga duración han vuelto a ser colocados ante la mirada colectiva. A una década de su desaparición, retomó la escena pública el caso de los 8 cazadores que, originarios de Guanajuato, fueron desaparecidos en Zacatecas. En la misma sintonía, las familias de las 22 personas migrantes originarias de San Luis de la Paz, desaparecidas desde el 21 de marzo de 2011, volvieron a hacerse presentes en el discurso público.

El despunte de nuevos procesos de búsqueda abreva del trabajo que cientos de colectivos han realizado durante más de 10 años. Implica también el surgimiento de nuevas personas buscadoras. A todo ello le sucede la necesidad de acceder a saberes mínimos forenses: cómo planear una búsqueda, cómo hacer recorridos en campo y cómo distinguir entre huesos animales y huesos humanos; entre los conocimientos más básicos.

A cuatro años de haber empezado a tallerear, la labor nos ha permitido observar la inequidad existente en la distribución social del conocimiento técnico forense entre las familias de personas desaparecidas. Conviene tener presente que en el universo de personas buscadoras hay quienes cuentan con 10 años de experiencia, o más, en los que han realizado recorridos en campo, mientras que otras personas se incorporan recién este año a la experiencia de buscar.

El conocimiento es un insumo crucial para los procesos que lideran las personas buscadoras. Acceder a los saberes forenses puede generar diálogos más equitativos con las autoridades y abrir posibilidades para que las personas participen de manera activa en la planeación y desarrollo de las búsquedas.

Veo con buenos ojos que la Comisión Nacional de Búsqueda haya publicado el primer tomo de un Manual de capacitación para la búsqueda de personas que, según prometen los funcionarios de dicha Comisión, será más extenso. Así mismo, la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana impartió entre el 8 y el 17 de diciembre de 2020 un “1er Curso de especialización en búsqueda de personas desaparecidas por familiares buscadores. Recursos, experiencias, estrategias actuales”.

La socialización del conocimiento genera oportunidades para que las personas dedicadas a la búsqueda construyan objetivos comunes con los especialistas. Aunque hay nuevos esfuerzos institucionales, es importante no invisibilizar el trabajo pedagógico que se ha realizado desde otros espacios hace varios años. Por ejemplo, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), han acompañado también con talleres a las y los buscadores desde tiempo atrás.

Durante 2020, las condiciones de pandemia no sólo implicaron para todos los colectivos y organizaciones que acompañan a las familias de personas desaparecidas que aprendiéramos a trabajar en ambientes virtuales. También llevó a construir rutas para diseñar dinámicas de conversación asincrónica, y como efecto, se produjo un cambio en nuestra escucha y atención para poder adaptarnos a las dificultades técnicas que se generan con la conexión en línea.

Aunque la comunicación en línea modifica las dinámicas de aprendizaje, el ambiente virtual ha representado una oportunidad para extender el acceso a los saberes hacia más personas buscadoras. Aprovechemos esta circunstancia porque socializar el conocimiento forense sigue siendo una necesidad.

Foto de portada: Taller impartido en la ciudad de Monterrey, 2017. Crédito: May-ek Querales.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos