El tiempo no ha logrado diluir la oposición a la reforma educativa de febrero de 2013. Los maestros y maestras del país, con base en los contextos de cada entidad y región, continúan en resistencia a las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna mexicana que incorporan al texto constitucional –a sugerencia de la organización empresarial Mexicanos Primero– los conceptos de “calidad” y “evaluación”.

Pedro Hernández Morales, integrante del magisterio disidente, refiere que en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y, en menor medida en Guerrero y en algunas entidades del norte del país, continúan las acciones de boicot a los procesos de la evaluación oficial.

Prueba de ello es la actividad que los docentes de las secciones 7 y 40 del magisterio chiapaneco emprendieron el pasado 17 de octubre: bloquearon las vías de acceso a la Escuela Protección Civil, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, en donde se aplicaría la Evaluación Diagnóstica a 578 maestros con un año de servicio.

Para repeler la protesta, elementos de la policía estatal lanzaron gases lacrimógenos –arma química cuyo debut data de la Primera Guerra Mundial– contra los opositores a la “evaluación para el despido”, y vía pruebas estandarizadas. Los profesores respondieron a los uniformados con palos y piedras.

Los hechos derivaron en la averiguación previa 121/CE/19/2015, en la que los maestros disidentes son acusados delitos como motín, atentados contra la paz y la integridad corporal, así como daños y lesiones.

Asimismo, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, organismo encargado de la aplicación de las pruebas, determinó la reprogramación de la evaluación diagnóstica, lo que, a decir de Pedro Hernández, integrante de la CNTE, prueba el “fracaso” de la política de evaluación que les fue impuesta hace ya 32 meses.

Para la oficialidad se trata, en tanto, de un “juego de estrategias”, según lo manifestó Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente: “Es un juego de estrategias: ellos nos mueven sus fichas y nosotros las nuestras, y ahí vamos, siempre garantizando que se apliquen las evaluaciones, que es el principio fundamental”.

Tras la puesta en marcha de la reforma educativa –en realidad reforma laborar y administrativa, como lo han señalado diversos especialistas–, en Chiapas, ingresaron al servicio educativo 1 mil 257 maestros durante el ciclo escolar pasado. En agosto de 2015 se presentaron a la Evaluación Diagnóstica 654 maestros; este fin de semana acudirían el resto.

De acuerdo con los postulados de la reforma educativa y sus leyes secundarias, existen por lo menos tres tipos de evaluación: la que se aplica al personal de nuevo ingreso que busca acceder a una plaza; la de promoción para plazas de director y supervisor; y la diagnóstica, que tendría por objeto identificar las carencias de los docentes con menos de un año de servicio para el diseño de programas de capacitación y profesionalización.

La Evaluación Diagnóstica es de carácter obligatorio. No obstante, el marco normativo que la sostiene no especifica qué procede contra quienes no se presenten a la prueba. En los hechos lo que está ocurriendo, refiere Pedro Hernández, es el cese de estos docentes.

Repudian represión para acallar a los opositores de la evaluación oficial

A través de un comunicado con fecha del 18 de octubre de 2015, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca, “manifiesta su más enérgico rechazo y repudio a la política de represión utilizada por este gobierno y solapada por los gobiernos locales para callar a los maestros que con base y fundamento pedagógico nos oponemos a una evaluación que busca el despido masivo de los trabajadores de la educación”.

Los profesores agrupados en este bloque democrático advierten también que la jornada trazada desde la CNTE y las más de 26 secciones magisteriales que se resisten a los embates de un gobierno autoritario, no cesa.

Educación alternativa contra educación punitiva

A principios del mes en curso, en la ciudad de Oaxaca, el magisterio disidente llevó a cabo el Foro Nacional de Evaluación Alternativa, rumbo al VII Congreso Nacional de Educación Alternativa de la CNTE. Al término de los trabajos, lo contingentes provenientes de distintas entidades del país se pronunciaron en contra de la política de evaluación del Estado mexicano que buscar “medir” el desempeño docente a través de un “examen punitivo, estandarizado, cuantificable, de sometimiento y neoliberal que condiciona el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los docentes para su despido masivo, poniendo en riesgo la estabilidad laboral del magisterio nacional”.

Durante el foro en cuestión, los integrantes de la CNTE refrendaron también su compromiso con la construcción de una “educación alternativa que incluya una propuesta de evaluación con enfoque humanista, formativo, cualitativo, integral científico y democrático para la transformación de la realidad educativa con la participación de los actores inmersos”.