Han pasado 13 meses de esa noche fatídica del 26 de septiembre donde 43 jóvenes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de la comunidad de Ayotzinapa, desaparecieron entre ráfagas de metralleta y gritos en Iguala. Esa noche, tres estudiantes normalistas cayeron asesinados y también un jugador juvenil de Los Avispones de Chilpancingo, junto con una mujer y un chófer. En poco más de un año, el caso de los 43 ha transitado de la tragedia nacional al escándalo nacional, donde la Procuraduría General de la República hizo un papel nefasto, tanto con la investigación, como con el trato con las víctimas de los desaparecidos.

Ahora, desde hace poco más de dos semanas la investigación de uno de los casos más extensos y oscuros de la historia de México, no dependerá de los organismos con carácter criminalístico del país, sino de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuarán y abrirán otras líneas de investigación, donde están implicados más de 120 detenidos y 88 tomos de averiguaciones y diligencias.

No obstante, uno de los puntos centrales del caso Ayotzinapa sigue hermético y protegido de la exposición: el ejército. Su participación en la noche de los eventos sigue sin aclararse y para el Grupo de Expertos es de cabal importancia para la nueva investigación, que tengan acceso a entrevistarlos personalmente. Un estira y afloja con el gobierno, que solo ha presentado la opción de interrogarlos a través del Ministerio Público y con un formulario escrito. En este nuevo acuerdo, donde el GIEI co-liderará las nuevas diligencias, los padres de los normalistas desaparecidos tendrán mayor peso ya que estarán presentes en la selección de los peritos y sobretodo, lo más importante, se relanzará la búsqueda de los 43.

A 13 meses del dolor, la indignación y la rabia, los padres de los normalistas deciden visitar varias redacciones de medios de comunicación mexicanos, para explicar cómo están viviendo todas estas novedades. “Esto gobierno no tiene palabra, a todo nos dice que sí, y después no vemos la acción. La nueva línea de investigación se había firmado desde mayo”, explica Emiliano Navarrete, padre del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete. Emiliano informa que el próximo 3 de noviembre mantendrán una reunión con el GIEI y piensa que el paso más natural será otra reunión con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Procuraduría General de la República.

No obstante, durante estos meses de ausencia de respuestas oficiales, los padres han hecho sus propias búsquedas y averiguaciones sobre el paradero de los muchachos. Esa información la volcaron a la investigación oficial y también participaron en conjunto con la policía en varias de sus pesquisas. Emiliano Navarrete relató cómo en ocasiones el uso de tecnología de punta, como los drones, sirvió más para despistar y guiar la búsqueda de los normalistas a pistas falsas o a lugares inverosímiles. “Teníamos una pista de que a nuestros chavos los tenían rayando amapola allá en lo alto de la Sierras de Amatitlán y Carrizalillo. Entonces ellos mandaban el dron, para que detectara puntos sospechosos. Cuando volvía, traía trece o quince puntos sospechosos. Íbamos con un punto claro y teníamos que verificar 15. De repente llegábamos a uno de esos lugares y era un solarcito, no tenía nada que ver”.

En esta caravana, los padres hacen un llamado al pueblo mexicano para  que apoyen su lucha y la de los miles de desaparecidos en México. “No nos gusta hablar mal del gobierno, ellos nos han obligado. Si tuviéramos a los 43, no tendríamos que ir dando la lata; pedimos disculpas. Nos sentimos que andamos molestando por nuestro mismo gobierno”, explica María de Jesús Tlatempa, madre del estudiante desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa.

“Nosotros los sentimos en el corazón, sentimos que estamos vivos. Nosotros no queremos andar aquí, tenemos familia pero no podemos dejarlos de buscar. Por ello pedimos el respaldo de toda la ciudadanía” dice María.

El contraste del acuerdo con el GIEI y la Subprocuraduría contrasta con la película La Noche de Iguala, estrenada hace un par de semanas y producida por Excélsior y TV Azteca, y que como docudrama, tiene la intención de reflejar lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014, pero contando solo con la versión oficial del gobierno. Según una última encuesta de la agencia Parametría, la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, no se la cree el 77 por ciento de los mexicanos.

“Es evidente la manipulación del gobierno, lo han hecho históricamente, como en el 68 que sacó películas culpando solo al ejército cuando en realidad ese crimen fue un acto político. Igual pasó en el “Halconazo”, dice José Antonio, uno de los estudiantes normalista que acompaña a los papás. El joven argumenta que el film es un mecanismo para desvirtuar el origen del crimen de estado que supuso el caso Ayotzinapa.

Pero para los padres, La Noche de Iguala representa una afrenta y un insulto sin igual. “La película nos indigna, el gobierno quiere jugar con nuestros dolores y eso no se vale. Es traicionero. La película es como “Rambo”, y hablan de nuestros hijos que son seres humanos también. Son nuestros hijos.

En la caravana también viene Alexis, estudiante de primer año de la Normal, quien relata cómo lo sucedido con los 43 terminó acercándolo al magisterio: “tengo un paisano desaparecido y eso me motivó a entrar en la escuela. Conozco a sus padres, a él lo conocí bien, era mi amigo. No estamos solos, Ayotzi está triste pero no está de luto, ellos no han muerto”.

La escuela está en pie de lucha y vive en una cotidiana pelea porque se le transfieran los recursos necesarios para la subsistencia de los muchachos que ahí viven en régimen de internado. “Se mantiene con amenazas de cierre pero no vamos a dejar que se cierre, la necesitamos los jóvenes que tenemos menos recursos para poder tener una profesión, para ser alguien en la vida. Al parecer para el gobierno es un delito estudiar o querer ser maestro, con la situación que se está dando, con sus reformas, tal parece que ya no quiere que haya maestros”.

Los estudiantes y los padres saben que el crimen de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, “un crimen contra la humanidad, impulsado desde los escritorios del gobierno, no fue algo espontáneo”.

También saben que no están solos: “Ayotzinapa se solidariza con todos los movimientos a nivel nacional. Pedimos la aparición con vida de todos los desaparecidos políticos, que son más de 150 mil, liberación de los presos políticos específicamente quienes fueron presos durante el boicot electoral, y también les extendemos nuestra mano amiga a todas las organizaciones sociales que están caminando junto con los padres de familia”.