El pasado 13 de julio, la Secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez anunció que en los 13 centros penitenciarios de la ciudad se contabilizaron 1040 contagios acumulados y 54 muertes en la población privada de libertad, cuando hace tan solo dos días se tenía conocimiento de 76 contagios y 5 muertes. En el paso de los últimos 3 meses de pandemia, confinamiento y acrecentada crisis de salud en diferentes estratos, las organizaciones de la sociedad civil como ASILEGAL hemos sido profusamente claras en documentar la falta de transparencia e infodemia con la que nos enfrentamos para proteger los derechos de la población que atendemos. Desde ASILEGAL, nos preguntamos si los familiares de estas más de 1000 personas que fueron contagiadas —y las 54 fallecidas—, a lo largo de la pandemia tuvieron la información suficiente para hacerle frente a la adversidad que el contexto supone.
Con la actualización anunciada por la Secretaria de Gobierno de la CDMX, los centros penitenciarios de la CDMX ahora significan el 47% de los contagios contabilizados a nivel nacional, superando por más de 35 puntos porcentuales a los estados de Jalisco y Puebla. La falta de seriedad y respeto a las instituciones de transparencia por la misma Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que hace tan solo 10 días publicaba un Informe especial sobre centros penitenciarios y COVID-19 en donde no se hace mención alguna a estos contagios y muertos, denotan que el panorama penitenciario es mucho más oscuro y elusivo de lo que ya se presumía.
Como es visible en la gráfica superior, esta nueva información no quiere decir que existió un repunte catastrófico, sino que desde un inicio se blindó la posibilidad para medios de comunicación y la sociedad civil de conocer cabalmente la verdadera amenaza que enfrenta la población privada de libertad. Situación que claramente inhibe la posibilidad de generar estrategias concretas que contribuyan a la creación de programas o acciones que mitiguen el impacto de la pandemia. De esta manera, el monitoreo penitenciario que hemos llevado a cabo desde ASILEGAL siempre se ha acercado de manera más realista al desarrollo de la pandemia en centros penitenciarios. Sin embargo, ante la falta de una verdadera intención de cooperación de las autoridades con la sociedad civil, todos los días tendremos la posibilidad de que se multiplique por dos el resultado final del conteo de contagios y muertes.
Reafirmamos nuestra posición para colaborar en la generación de acciones que contribuyan a frenar el desarrollo de esta crisis. No obstante, denunciamos que este tipo de cifras que, en pleno conocimiento de las autoridades, se mantuvieron en silencio hasta ahora, complican cualquier tipo de monitoreo y defensa de los derechos humanos en el país. Y, a su vez, plantean una serie de preguntas que hemos supuesto a través de reiteradas solicitudes de acceso a la información ante el INAI, mismas que continúan sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo es el desglose por sexo en cuanto a contagios? ¿cómo ha sido la evolución en los últimos tres meses según centro penitenciario y edad de las y los afectados? ¿cómo realiza la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) su vigilancia y monitoreo como para no advertir el crecimiento de contagios en las prisiones de la capital? ¿cada cuánto sucede una visitaduría de la CNDH a los centros afectados?
La pandemia en los centros penitenciarios, así como en el exterior, está lejos de terminar. Es momento de redoblar la intención por hacer frente desde un punto apegado a los derechos, y demandamos que esta acción de transparencia por la CDMX sea replicada en otros estados, como Baja California, Guerrero o Puebla, que muestran disincronías relevantes en tanto al número de contagios y defunciones.
Dada la grave realidad de esta situación hacemos un llamado a las autoridades competentes de la OADPRS, a las autoridades penitenciarias de todos los niveles, a la secretaría de gobernación local y federal, a la CNDH en conjunto con sus homólogos en los estados, a la secretaría de salud, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a toda persona que ha mantenido su silencio durante el desarrollo de la presente crisis penitenciaria, a detener esta absurda opacidad con la que se empeña en operar el sistema penitenciario y a empezar a reconocer el valor de las vidas humanas que dependen de ellas.
En particular, es hora de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) realice las visitas en los centros penitenciarios de la CDMX para identificar las acciones que se están tomando para mitigar el impacto de esta pandemia. Y, con ello, ayudar a identificar las conductas que están constituyendo tratos crueles inhumanos o degradantes hacia la población privada de libertad en la CDMX.
Publicado originalmente en Asistencia Legal por los Derechos Humanos AsiLegal
