El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga cumple siete años, fueron obligados a dejar sus viviendas, cultivos y tierra, en su lugar se instalaron los militares como un recuerdo reciente de la represión durante el Conflicto Armado Interno. De esa cuenta llevan 2,557 días sin que ningún gobierno los retorne a la comunidad, ni garantice los derechos de las decenas de familias guatemaltecas afectadas quienes, continúan viviendo aun en la línea de adyacencia entre Petén y México.

“Arévalo dijo que iba a apoyar al campesino, por eso siento que hay esperanza para nosotros“ explicó uno de los desplazados de Laguna Larga, cuando visitamos su campamento en enero del presente año. El entrevistado pertenece a una de las ciento once familias mayas (ch’orti’, q’eqchi’, chuj, mam, achí, kaqchikel) y mestizas de la mencionada comunidad, ubicada en San Andrés, Petén. Se trata de una comunidad desalojada por el ejército y la policía el 3 de junio de 2017 y refugiada en la línea fronteriza, entre Guatemala y México. Ahí han permanecido 7 años en condiciones muy precarias. La vulneración de sus derechos se expresa en la constante criminalización de la actividad campesina, en la falta de agua potable, de vivienda digna, en el hacinamiento y en graves afectaciones a la salud.

Estas familias, como es el caso de muchas otras en el norteño departamento, antes de ser desplazadas fueron migrantes económicas. Los pobladores de más edad llegaron al departamento provenientes del oriente del país y del sur en la década del 60, con la ampliación de la frontera agrícola, en busca de tierras. Posteriormente, en el primer quinquenio de este siglo, se asentaron en Laguna Larga, donde vivieron alrededor de 17 años; obtuvieron el respaldo legal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) para habitar y trabajar en la “Reserva de la Biósfera Maya” (RBM).

Otros desalojos han ocurrido con anterioridad en esta Área Nacional Protegida (ANP). El Estado ha tenido un papel protagónico, no solo mediante el uso de la fuerza pública sino al difundir una narrativa en la que los campesinos son “invasores”, “narcomadereros” y “narcoganaderos”. El cuidado ambiental se esgrime como argumento para perseguir a familias campesinas en una reserva natural en la que la ganadería extensiva va ganando terreno y donde es conocida la actividad petrolera.

Los integrantes de Laguna Larga, a diferencia de otras comunidades que se dispersaron en las zonas urbanas del país o que migraron a México, se refugiaron en la Línea Divisoria Internacional Terrestre (LDIT). Esta decisión les ha ofrecido visibilidad y cierta protección; con la colaboración de organizaciones civiles, entre ellas el Bufete Jurídico de Derechos Humanos lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgara Medidas Cautelares (No. 412-17)[i], en 2017.

[i] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida cautelar no. 412-17. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/36-17mc412-17gu.pdf

El desalojo ocurrió durante el mandato de Jimmy Morales, para atender a la medida cautelar, el gobierno planteó la reubicación como alternativa, en 2019. Los desplazados visitaron fincas por las que tendrían que pagar y que, además, resultaron no aptas para la agricultura; por lo tanto, prefirieron mantener la esperanza en el retorno. Durante la administración de Alejandro Giammattei, su situación en nada mejoró, por el contrario, empeoró. Anhelan que el actual gobierno escuche su historia y apoye su causa; esperan también la implementación de una política ambiental que reconozca la importancia de la participación comunitaria y campesina en el cuidado de la RBM.

Varias organizaciones mexicanas y guatemaltecas, de la sociedad civil, han brindado apoyo a las familias en desgracia. Los desplazados recuerdan con profundo agradecimiento la solidaridad expresada por los vecinos del pueblo mexicano llamado El Desengaño, Campeche. El gobierno guatemalteco solo ha mostrado indiferencia.

De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[i] de las Naciones Unidas, éstos  no se llevarán a cabo, “de forma que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados”, y de realizarse, se deberá brindar a las personas todas las medidas en cuanto a seguridad, vivienda, salud, alimentación y trabajo. En el caso de Laguna Larga, estos principios no se respetaron, ya que el gobierno nunca informó a la comunidad acerca del desalojo y la violencia ejercida por las fuerzas castrenses fue brutal. Los testimonios e informes refieren casas incendiadas, quema de cosechas y la instalación de un destacamento militar en lo que antes fue la escuela de la comunidad. El citado documento también señala que las autoridades están obligadas a establecer condiciones que permitan el regreso voluntario, así como a prestar asistencia para la recuperación de los bienes y propiedades que fueron abandonadas.

Las personas de mayor edad recuerdan con respeto la gestión de Juan José Arévalo y a poco más de 100 días de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, renuevan la esperanza de poner fin a 7 años de incertidumbre, precariedad y persecución.

[i] Principios Rectores de Desplazamientos Internos https://www.acnur.org/mx/media/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos

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