En el congreso de la República fueron radicados hasta la fecha siete proyectos de ley que buscan reformar a la Policía Nacional y al Ejército. La mayoría de esas iniciativas legislativas son propuestas por las bancadas alternativas, pero se espera que el Gobierno incluya tres más. Más allá de la propuesta de reformar las fuerzas de seguridad del Estado, ¿cuál será el destino de esos proyectos?

En una escueta rueda de prensa, el Director de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Luis Vargas, pidió perdón a los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada en Bogotá, en la que murieron al menos 13 personas, todas ellas presuntamente asesinadas con disparos de armas de dotación de agentes de la Policía. Dicha masacre sucedió entre los días 9, 10 y 11 de septiembre del 2020. De acuerdo a los datos que recoge la organización defensora de Derechos Humanos Temblores (junto a otras organizaciones), estos son hechos que aún no se han esclarecido incluso luego de 12 meses de haberse cometido los asesinatos.

Más allá de las excusas y las palabras de condolencias hacia las familias de las víctimas de violencia policial, la exigencia ciudadana ha sido clara desde el inicio de las manifestaciones callejeras: juzgar a los responsables de actos crueles contra la legítima protesta ciudadana, alejar a los uniformados de las manifestaciones masivas, cerrar los Comandos de Atención Inmediata (CAI) donde se hayan cometido delitos contra personas, y desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, entre otras acciones que frenen la comisión de más delitos por el exceso, abuso e impunidad de la fuerza pública.

La más reciente iniciativa legislativa radicada en el Congreso fue propuesta por el Concejal por Bogotá, Diego Cancino, y apoyada por los y las congresistas Ángela María Robledo, Wilson Arias, Aída Avella, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Juan Carlos Losada y Fabián Díaz. También contó con el respaldo de al menos 40 organizaciones sociales. En su cuenta de Twitter, el Senador del Polo Wilson Arias comentó:

“Hoy hemos radicado en el Congreso un proyecto de Reforma Ciudadana a la Policía con el propósito de que no se sigan haciendo falsas promesas y cambios cosméticos en la Policía Nacional de Colombia, sino una reforma profunda a la institución. Piden confianza, que la ganen respetando los DD. HH”.

Al igual que la presentada por el Senador Iván Cepeda, este proyecto pide, entre otras cosas, desmontar el Esmad, cuerpo policial incriminado en varios delitos como el asesinato del joven estudiante Dylan Cruz el 25 de noviembre de 2019 y señalados de acciones criminales como el abuso sexual contra manifestantes.

Pero la posibilidad de una carrera legislativa de los proyectos en las distintas comisiones y cámaras del Congreso enfrentan no un escollo administrativo, sino un pulso político que se intensificará en los próximos meses cuando se acerquen las elecciones del 2022 y los diferentes partidos políticos busquen aprovechar el debate generado durante el Paro Nacional, muy afectado por el accionar de la Policía. En ese contexto, diversos analistas en temas de seguridad dudan que los proyectos de reforma policial puedan salir algún día de una sanción parlamentaria.

En general, investigadores, analistas, asesores en seguridad, partidos políticos y organizaciones sociales coinciden en impulsar una nueva reforma a la Policía Nacional, que se aparte de la doctrina aplicada en la reforma de 1993, enfocada en el combate al narcotráfico, que en las movilizaciones sociales termina cometiendo excesos y abusos.

Este es uno de los conceptos que se encuentran en el informe Más liderazgo civil para transformar a la Policía, redactado por el grupo de trabajo conformado por la Fundación Ideas para la Paz -FIP- y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-. Entre otros conceptos, el primer avance del estudio considera que uno de los obstáculos para el control estatal de las acciones policiales radica en la dispersión institucional, que dificulta el seguimiento de los casos de exceso y abuso de los agentes del Estado.

Es quizá por ese y otros motivos que encontramos cifras como las 9.125 detenciones arbitrarias en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional, documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. De acuerdo al organismo internacional, la Policía de Colombia ha abusado de la figura de “traslado por protección”, que en algunos casos ha terminado en denuncias de desapariciones forzadas.

La reestructuración de la Policía propuesta por la bancada alternativa y toda la sociedad esta priorizando que este cuerpo militar cuente con un carácter civil y democrático. Es algo que apremia, sobre todo, en momentos en los que se comienzan a programar nuevas movilizaciones sociales, como la convocada para el próximo 28 de septiembre, en la cual no se espera su presencia.

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