Son casi 700 mujeres de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua las firmantes de una carta de repudio al feminicidio de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada de su casa por hombres armados el 8 de febrero y cuyo cuerpo fue hallado sin vida al día siguiente.

El asesinato de Flores, sostienen las defensoras, es el 14° perpetrado en México contra una mujer periodista desde 2012. Todos Impunes. Como lo siguen los feminicidios de Yolanda Ordaz y Regina Martínez, reporteras asesinadas también en Veracruz.

La situación en en ese estado no es un hecho aislado, advierten. México ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas en América Latina y el 7º del mundo según en el Balance de periodistas asesinados en el mundo, 2015 realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) desde 2002 ha registrado 252 agresiones contra mujeres periodistas en México.

Pero que, lógicamente, sufrir esa violencia no es potestad de quienes trabajan en los medios, sino que los ataques a estas mujeres están inmersos en en un “contexto generalizado de violencia e impunidad” que nos afecta a todas. Pero más a quienes están en la primera línea de la defensa de los derechos humanos.

Del 2012 al 2014 la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) ha documentado 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos con una más que preocupante tendencia al alza: 118 en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014.

“Ante ello, el papel del Gobierno Federal es de absoluta omisión, con un Mecanismo Oficial de Protección plagado de fallas cuando no inoperante; e incluso de desacato ante instancias internacionales.”

Porque la lectura que hacen las defensoras es que la situación se hace más grave, que el modelo económico de explotación de cuerpos y territorios se profundiza, porque eso sólo trae más desigualdad y por lo tanto más violencia, es que alzan la voz.

Exigen que el crimen de Anabel Flores no quede impune. Que se garanticen las condiciones para que las defensoras ejerzan su tarea. Que se atiendan las recomendaciones de los múltiples organismos internacionales que han observado a México y su gobierno por la situación que se vive en el país. Y por último, pero no menos importante: “que se promueva y reconozca públicamente la importancia y el valor fundamental de la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas de cara a la trasformación social, por la paz, el respeto, la tolerancia y una convivencia digna e igualitaria de las personas.”