Foto: Nicolás Pousthomis

La democracia en Argentina no abordó una política para garantizar el derecho humano a la alimentación para toda la población. Es uno de los ejes del Segundo Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaría en Argentina, que incluye análisis y experiencias de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (Calisas) de todo el país.

Argentina es conocida como “el granero del mundo” por sus tierras fértiles y una agricultura arraigada que produce millones de toneladas de alimentos. A pesar de ello, millones de argentinos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria y para muchos “comer es simplemente llenar la panza” con productos no necesariamente nutritivos. La distinción entre comer y alimentarse, y el modelo productivo que hay detrás de ello, es propuesta por el ingeniero agrónomo Carlos Carballo, impulsor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) en la Universidad de Buenos Aires, que integra la Red Calisas junto a otras 60 cátedras de casas de altos estudios de todo el país. El análisis se despliega en el flamante Segundo Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaría en Argentina (IASSA), con datos por cada región del país y un análisis de lo ocurrido con la alimentación en los 40 años de democracia.

El informe se sitúa en un país en el que alrededor de 43 millones de personas viven en entornos urbanos. Es decir que dependen de sus ingresos económicos para satisfacer sus necesidades nutritivas, situación que sumada a la vorágine inflacionaria actual repercute negativamente en cerca del 90 por ciento de la población.

El aglomeramiento en las ciudades ocurre en un país que se encuentra en el octavo lugar con mayor superficie cultivable a nivel mundial, con 39 millones de hectáreas, y se posiciona en el tercero en exportaciones netas de alimentos, con 32.000 millones de dólares en 2020. También ocupa la tercera posición de siembra de semillas transgénicas, atadas al uso de agroquímicos, con más de 24 millones de hectáreas en 2019.

Las tierras de producción pecuaria y ganadera están cada vez más concentradas en pocas manos y los alimentos se comercializan bajo la lógica del mercado internacional, que demanda materia prima para la producción de agrocombustibles y deja de lado la necesidad nutritiva de millones de personas. La agricultura familiar y las pequeñas parcelas participan solo en el 24 por ciento de la superficie cultivada, situación que no les impide proveer el 59 por ciento de las verduras y hortalizas consumidas por los argentinos.

La breve radiografía del modelo productivo argentino se expresó, con datos oficiales, privados y de organismos internacionales, en el primer IASSA, publicado en 2022. Aquel informe dejó sentadas las bases entre dos conceptos: el de “seguridad alimentaria” y el de “soberanía alimentaria”. Según define la organización internacional Vía Campesina, la soberanía alimentaria es “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. 

40 años de democracia: ¿Qué pasó con el sistema alimentario?

El segundo informe —que se puede descargar desde la web www.redcalisas.org— hace hincapié en documentar los testimonios y las experiencias de los productores campesinos, las comunidades originarias y las reflexiones de quienes contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaría. Pero, además, plantea un análisis con la perspectiva de los 40 años de democracia, que Argentina cumplió en diciembre pasado, tras el fin de la dictadura cívico-militar en 1983. 

Carballo pasa revista de las últimas cuatro décadas en el texto “Organizaciones, los modelos en pugna y políticas agropecuarias en 40 años”. En su artículo, el integrante de la Calisa-UBA explica que durante la última dictadura se acentúo la expansión del capital y se intensificó la concentración de la producción, se instalaron los monocultivos y se redujo fuertemente la producción frutihortícola, una situación que provocó un éxodo rural, propició el control de los intermediarios en el mercado de alimentos y agudizó las desigualdades socioeconómicas.  

Con la vuelta de la democracia, marca Carballo, los distintos gobiernos tuvieron numerosas dificultades, o falta de interés, para revertir las bases impuestas por el gobierno de facto. En la administración de Alfonsín, la falta de alimentos adecuados dio lugar a una política de emergencia, y a otras con hincapié en la autoproducción, un germen del programa ProHuerta. Pero sin generar cambios estructurales tangibles en la matriz agropecuaria. Con la llegada de Carlos Menem al poder se intensificó la concentración y centralización agraria, fuertemente potenciada por el ingreso de la soja transgénica RR, cuya producción y exportación se constituyó en el eje de la actividad agropecuaria.

Iniciado el siglo XXI, según el autor, hubo una impronta de reivindicación de derechos. Paralelamente, el contexto internacional favoreció a las empresas agroexportadoras, lo que desencadenó una disputa en torno a los impuestos y la distribución de tales beneficios. En 2015 se suscitó un nuevo cambio político. La era macrista generó una fuerte transferencia de ingresos al sector corporativo y un importante incremento en el precio de los alimentos del mercado interno. Además, se redujeron las políticas y presupuestos de incentivo a la agricultura campesina.

Por su parte, el gobierno de Alberto Fernández tuvo mínimas iniciativas de incentivo a la pequeña y mediana producción. Las tímidas acciones de reestructuración de la matriz agropecuaria no llegaron a puerto. Es más: la mayoría ni siquiera zarparon. 

La ingeniera agrónoma Andrea Fizzotti (Calisa-UBA), analiza la evolución del marco legal ambiental en el país durante los últimos cuarenta años. Subraya que en la década de los ochenta se crearon diversas funciones de gestión y control ambiental distribuidas en varios ministerios. Y que, en los noventa, se marcó un hito al incluir en la Constitución Nacional el derecho a un ambiente sano, aunque también se sancionaron leyes que apuntalaron la depredación de la naturaleza y el sistema agroexportador.

En la década de los 2000 destaca la sanción de la Ley General de Ambiente, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y la Ley de Bosques Nativos. En el decenio siguiente se creó el Sistema Federal del Manejo del Fuego, la Ley de Glaciares y se declaró de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena. También se fomentó la generación de energías renovables. 

En los últimos cuatro años destaca la sanción de la Ley Yolanda de formación ambiental para funcionarios, la aprobación del Acuerdo de Escazú y de la Ley de Educación Ambiental. Sin embargo, muchas demandas sociales, como la Ley de Humedales, no fueron escuchadas por la política partidaria del país.

El periodo también estuvo marcado por importantes luchas sociales que posibilitaron el surgimiento de algunas de estas legislaciones o evitaron el avance de la depredación de la naturaleza. Tales fueron los casos de Chubut, Mendoza, Catamarca y Jujuy y los intentos que hubo en esas provincias de modificar las leyes de protección ambiental conseguidas en las calles. 

En el segundo informe también se publica una línea de tiempo de hechos e hitos acerca de la producción agropecuaria y alimentaria del país para ayudar a comprender la evolución de la situación en las últimas décadas. La lista consta de casi 90 sucesos relevantes relacionados con el tema. Algunos de los más destacados son: el avance del supermercadismo y el reconocimiento institucional del éxodo rural; la reforma a la Constitución Nacional, la aprobación del paquete tecnológico transgénicos/agroquímicos; el creciente surgimiento de organizaciones campesinas y, más acá en el tiempo, la popularización y academización del concepto de “soberanía alimentaría”. 

Un informe en red con la mirada desde el territorio 

El informe es el resultado del trabajo de las 60 cátedras que integran la Red Calisas con el objetivo de brindar luz sobre cómo el concepto de soberanía alimentaría se desarrolla en la Argentina y proponer soluciones para mejorar la realidad alimentaria y productiva del país. La Red está dividida en siete regiones: Patagonia, Centro, Cuyo, AMBA, CABA, Noroeste y Noreste, donde las cátedras mantienen encuentros periódicos presenciales y articulan a través de reuniones virtuales.

“Las Calisas son espacios de diálogo, de resistencia, de producción y de propuestas para mejorar la situación alimentaria de nuestro pueblo”, destaca el comunicador social y docente Fernando Glenza, integrante fundador de la primera Calisa, creada en la Universidad Nacional de La Plata en 2003. 

Los informes —que cuentan con el respaldo de la Fundación Heinrich Boll Stiftung— son un trabajo de construcción colectiva realizado por los académicos de la red, pero en estrecho contacto con las organizaciones rurales. “Muchas veces los relevamientos sobre la situación alimentaria de los países toman índices y estadísticas macro, sacan información de estadísticas sobre el PIB o de censos agropecuarios que brindan resultados parciales y, al final, tenemos poca información de base sobre lo que realmente está ocurriendo en las localidades y el interior del país”, evalúa Glenza. 

Por eso, este segundo informe contó con menos capítulos de análisis macro y se centró en los territorios, haciendo foco en las propuestas surgidas de los foros regionales, volcando los informes de cada encuentro y elaborando propuestas comunes en las siguientes áreas: “Territorio y ambiente”; “Producción y comercialización”; “Alimentación y salud”; “Educación y comunicación”. Durante 2023, se reunieron en asambleas con las comunidades dedicadas a la construcción de la soberanía alimentaria para documentar sus experiencias.

“Es fundamental abrir las puertas a la opinión y al diagnóstico que puedan hacer los pueblos y las comunidades que viven y trabajan en el territorio, porque tienen una información mucho más acabada que todos los índices macro”, insiste Glenza.

El informe fue presentado en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) como parte de la política federal de la Red y en reclamo a la reforma de la Carta Magna de aquella provincia, que el año pasado suscitó multitudinarias manifestaciones en reclamo por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, la privatización del agua y las limitaciones a la protesta social. La fecha elegida fue el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.

“Para nosotros fue un dolor muy fuerte la represión del año pasado, porque muchos compañeros quedaron muy golpeados. Otros incluso perdieron la vista con balas de goma. Fue muy desolador, sentíamos que estábamos en una guerra de pobres contra pobres, porque fue la Policía de Gerardo Morales que avanzó sobre nosotros avasallando nuestros derechos”, recuerda Gloria Mamani, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC). 

“La situación es cada vez más compleja para nosotros los productores campesinos, es difícil producir bajo el paradigma de la soberanía alimentaria, seguir produciendo alimentos sanos y ancestrales”, lamenta Mamani. “Más ahora que el Presidente va de la mano con los empresarios y avasalla los derechos de los campesinos e indígenas. Por ejemplo, se desarmó el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena —Inafci—, que si bien no era mucho, esa asistencia llegaba y nos aportaba a los productores de todo el país”, advierte.

Carballo también marca el vaciamiento que la gestión de Milei está haciendo del INAFCI como un punto crítico. “El cierre del Inafci nos duele profundamente, es una señal más de las políticas que quiere desarrollar este gobierno, pero no hay que perder de perspectiva de que en los últimos 40 años los sucesivos gobiernos nacionales no hicieron nada con la agricultura familiar. Es un sector que se sigue achicando, tanto en cantidad de productores como en producción”, indica. 

“No hubo ni un solo cambio estructural que facilite esa tarea de resistencia en los territorios. Esa es una responsabilidad de la democracia argentina. Que ahora este Gobierno tome estas medidas nos duele, pero no nos sorprende”, sintetiza.

La soberanía alimentaria frente al paradigma de la bioeconomía 

En Argentina el concepto de soberanía alimentaria caló con fuerza con la crisis del 2001, en un contexto similar al actual. “Muchas personas tenían dificultades para conseguir alimentos y, en el ámbito universitario, estudiantes, profesores e investigadores manifestaban su preocupación por la realidad que se estaba viviendo”, recuerda Glenza como puntapié de la creación de la primera Calisa en la Universidad Nacional de La Plata.

“El primer paso fue abrir las puertas, la estructura y el conocimiento que hay en la universidad para compartirlo con la comunidad en cuestiones relacionadas con la autoproducción de alimentos, algo que sirvió mucho para paliar la situación de emergencia y conformar un grupo grande, con mucha participación, con el que abordamos diferentes temáticas”, repasa. 

Con el paso del tiempo, el concepto de “soberanía alimentaria” ganó terreno en el país. Otras universidades fueron tomando esta idea de la creación de una Calisa hasta alcanzar las 60 cátedras que hoy existen en Argentina. A nivel mundial, el enfoque fue impulsado por las organizaciones campesinas, y acompañado desde la academia. Fue incorporado también por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y comenzó a traducirse en algunas pocas leyes y políticas públicas en diversos países.  

Los integrantes de la red participan de manera voluntaria, en algunas universidades se ofrecen talleres y cursadas como cátedras libres. En otras, se dedican exclusivamente a la investigación. 

En la Facultad de Agronomía de la UBA, Carballo recuerda que la cátedra se formó gracias a la experiencia pionera de la UNLP. “Armamos un programa con nuestras ideas y nos presentamos ante las autoridades de nuestra Facultad para tener una Cátedra de Soberanía Alimentaria. En aquel momento, el actual Secretario de Bioeconomía, Alejandro Villela, era el decano. Le presentamos la propuesta dos veces, pero nunca salió del cajón”, subraya. Pasaron ocho años, hasta que Vilella dejó de ser decano y el sucesor aprobó la creación de la cátedra en 2011. 

“En la UBA hablamos de la alimentación de los animales, del cuidado y la alimentación del suelo; pero el tema de la alimentación humana no aparecía para nada ¿Por qué? Nos preocupa el hambre en el mundo y estamos felices si exportamos más, pero no miramos qué está pasando acá”, reflexiona Carballo.

El trabajo de las primeras Calisas inspiró a “otras facultades a animarse y preguntar cómo hacer para formar nuevas Calisas”, subraya Glenza con alegría. “Mirando en perspectiva no solo estamos convencidos de que vale la pena, sino de que dimos un salto importante en instalar la problemática de la alimentación. Aprendimos muchísimo y la cátedra nos hizo pensar la soberanía alimentaria desde perspectivas que no habíamos pensado nunca. En eso fue fundamental el vínculo, el diálogo y el debate fraterno”, valora Carballo.

“Seguimos luchando por una soberanía alimentaria, por una reforma agraria donde haya muchas campesinas y campesinos con tierras, y no que esté concentrada en pocas manos. Eso es lo que nosotros buscamos”, afirma Mamani.

*Edición: Nahuel Lag.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva