Guadalajara, Jal., 23 de agosto. El ayuntamiento de Cañadas de Obregón interpuso un recurso de reclamación contra el acuerdo del 9 de agosto de 2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que rechazó la petición de suspender la construcción de la presa El Zapotillo. El recurso forma parte de la controversia constitucional 69/2009 promovida por Cañadas de Obregón. El ministro instructor, José Fernando Franco González Salas, determinó negar la suspensión provisional de la obra con el argumento de que detener los trabajos causaría más daños que beneficios. El recurso de reclamación presentado ante el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, solicita detener la construcción mientras se decide el fondo del asunto: el hecho de que el municipio no otorgó al gobierno federal permiso de cambio de uso de suelo, pese a que la Comisión Nacional del Agua afirmó lo contrario. El municipio señala que la negativa de suspender los trabajos de la presa El Zapotillo pone en riesgo la materia de la controversia constitucional. El documento indica que, según el acta de sesión ordinaria del ayuntamiento de Cañadas de Obregón, del 25 de septiembre de 2009, al desahogar el punto número 8 del orden del día, se determinó no autorizar la solicitud de cambio de uso de suelo para la ampliación de la presa El Zapotillo, de 80 metros de altura de cortina a 105 metros.

En la reclamación entregada al presidente de la SCJN se aclara que la cortina de 80 metros no afectaba a la población de Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón, pero aumentar su altura implica inundar un poblado de alrededor de mil habitantes, con 450 casas, terrenos de cultivo, aguas termales, hoteles y un balneario, entre otras construcciones.

La reclamación considera incorrecto lo señalado por el ministro instructor, quien negó la suspensión de las obras, e insiste en que Cañadas de Obregón no autorizó el cambio de uso de suelo para la presa y, por tanto, no hay documento o acta que lo acredite, como afirmó González Salas.

También señala que el ministro instructor no hizo un correcto análisis de proporcionalidad, ya que la obra tendrá consecuencias graves en la vida y los derechos fundamentales de las comunidades que serán inundadas y vulnerará la autonomía municipal. Asimismo, sostiene que existen medidas alternas que podrían tomarse para garantizar el suministro de agua potable para los habitantes de León, Guanajuato, que serán los principales beneficiarios de la presa construida en Jalisco.