Ciudad de México. A tan sólo un día de que entre en vigor la reforma a la ley de telecomunicaciones, seis comunicadores comunitarios enfrentan procesos penales, en lo que va del año, por hacer un “uso indebido de un bien de la nación”, es decir, del espectro radioeléctrico.

Para Sócrates Vásquez García, integrante de Radio JenPoj, en Oaxaca y representante de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias de México (AMARC-México), con la reforma de las telecomunicaciones “se condena de manera muy fuerte a lo que ellos llaman mal uso del espectro y lo van a sancionar hasta por 82 millones de salarios mínimos”.

La reforma reconoce el nombre de las radios comunitarias. Para AMARC esto no es un regalo del gobierno, sino de muchos años de lucha de las radiodifusoras comunitarias. La ley, por otra parte, no contempla, de manera clara los mecanismos para que se puedan sostener económicamente y las somete prácticamente a los mismos criterios de una emisora comercial, informa Vásquez García.

La reforma contempla también el decomiso de los equipos de transmisión y se vuelven bien de la nación, aún cuando la Constitución lo prohíbe, explica Sócrates Vásquez, quien señala que ya están preparando amparos para no permitir este tipo de irregularidades.

México, un país que no acepta la libertad de información  

Radio Zacatepec, Axocotzin Radio, en Puebla; y Radio La Calentana, en el Estado de México, han sido hostigadas por el Estado. Despojo de equipo, intimidación y hasta un asesinato, denuncian sus integrantes en tan sólo un mes.

La actual persecución y criminalización de las radios comunitarias se debe a todo un contexto nacional de represión, reformas y leyes que legalizaran el despojo de la tierra, los lugares sagrados y las formas de comunicación. “Las radios comunitarias somos una amenaza para muchos intereses, porque nosotros hablamos sobre la defensa de los recursos naturales, la organización y la resistencia, somos este tipos de radios las que el estado no quiere”, denuncia el representante de AMARC.

Alma Delia Olivares, locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, fue detenida en febrero por “contaminación auditiva”, al no existir tal acusación en la legislación se reclasificó como “uso indebido de un bien de la Nación”. La comunicadora fue trasladada de su lugar de origen a un penal de mediana seguridad en Nayarit y tras pagar una fianza de 25 mil pesos, pudo continuar su proceso penal en libertad.

La radio La Cabina fue cerrada y multada por 29 mil pesos, mismos que fueron pagados. “De desprenderse que el proceso penal por el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos, concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, informó AMARC – México en un comunicado  de marzo.

Paola Ochoa  integrante de la  Radio Diversidad en Veracruz, también entró en un proceso legal por los mismos delitos, ahora debe presentarse cada quince días ante el Ministerio Público de Córdoba. Su esposo, Juan José Hernández fue condenado a dos años de prisión, y al no tener antecedentes penales pudo pagarlos en libertad y en un mes paga la sentencia.
Héctor Camero, en Monterrey; Salvador Medina y Leslie Saavedra, de Tonalá, Oaxaca, también enfrentan procesos penales por construir de forma colectiva, medios de difusión de las luchas, las resistencias y las problemáticas de sus comunidades; para Sócrates Vásquez todos y todas tienen derecho a utilizar el espectro, que hace parte también del territorio, porque es una forma de difundir la cultura, sus tradiciones e informar sobre los problemas sociales y políticos.

Sin embargo, el comunicador expresa que deben existir unos acuerdos mínimos para usar el espacio radiofónico y que el Estado debe reconocer el carácter de las radios comunitarias. “Muchos medios radiales no se quieren regularizar porque el Estado pone muchas trabas. Por ejemplo, hay muchas discusiones sobre la obligación de pasar los spots de los partidos políticos, que en campaña se deben de pasar hasta noventa veces diarias, y fuera de campaña por lo menos 20, cuando es justamente el espíritu comunitario, colectivo, lo que nos identifica como comunitarias”, refiere Sócrates Vásquez.

“Con esta reforma se viene lo complicado, pero nosotros tenemos que seguir peleando para que no siga el trato desigual al que nos enfrentamos con las radios comerciales. La lucha de la comunicación indígena está ligada a la defensa del territorio, porque queremos usar ese espacio radial, así como la tierra y el agua”, concluye el integrante de la radio JenPoj, en Oaxaca.

En México diez grupos de radiodifusión controlan el 72 por ciento de las estaciones y tan sólo 20 radios comunitarias operan con permiso, según información de AMARC – México.

Con información del portal Animal Político