El 26 de noviembre de 2016 rindió protesta como Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), José Raúl Montero de Alba, y justo al publicarse este texto, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado le ha llamado a comparecer, o sería más adecuado decir, que casi se trata de una extensión de la glosa del Informe del Gobierno del Estado. Y es que el actual Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, quien fuera Procurador de Derechos Humanos durante 8 años, tiene literalmente, las manos metidas en la Procuraduría.

La Procuraduría, un órgano unipersonal, que ya desde 2011 era calificada por investigadoras de Fundar con facultades débiles en lo que hace a la autonomía y a las condiciones para el desarrollo institucional, fue utilizada por Rodríguez Junquera durante su gestión como una simulación de vigilancia a la actuación del Gobierno del Estado, eso sí, al menos Gustavo actuaba mejor que José Raúl.

La elección Montero fue el primer momento en el que el ahora Secretario de Gobierno tomó decisiones sobre la Procuraduría, imponiendo en el listado inicial de 19 personas, al menos a tres excolaboradores: un Maximato, comentaron algunos periodistas; durante el proceso de selección, organizaciones y activistas presionamos de tal manera que el Congreso no tuvo más remedio que hacer comparecer públicamente a quienes el Gobernador colocó en la terna, esa fue la primera pasarela de la ignominia para Montero, desde ahí mostró su pánico escénico y su discurso ensayado sobre derechos humanos.

Meses después, a manera de corrección de la elección de Montero, el Congreso del Estado modificó la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en Guanajuato para quitarle al Ejecutivo la facultad de proponer la terna al Congreso: sí, 9 años después de que se dotara de autonomía constitucional a la CNDH, apenas se hace una reforma equivalente en la entidad. Esa es la realidad en derechos humanos en Guanajuato, una década a la zaga.

Montero fue el primer Procurador sin la aprobación unánime del pleno, requería al menos 19 votos y obtuvo apenas 21, con 12 votos nulos de los partidos de oposición, que desde la comparecencia lo interrogaron porque no convencía. Dicen que Gustavo pidió a los diputados conocerlo antes de la votación, confiar en él y darle tiempo; incluso echó mano de organizaciones afines a él para que apoyaran a Montero.

En la conformación del equipo de Montero hubo sólo ratificaciones, con escasos despidos, pura gente de Gustavo. Ni una palabra sobre los 12 votos nulos en su elección en su primer boletín oficial.

Durante sus primeros 18 meses, el actual Procurador no sólo ha dejado de posicionarse sobre temas relevantes en Guanajuato como la crisis de seguridad, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y otros casos de graves violaciones a derechos humanos, sino que ha sido protagonista de varias crisis. Incluso ha soportado la crítica sobre el bajo estándar de sus recomendaciones y no ha hecho nada para mejorarlas.

Una de las primeras pruebas de tibieza fue la tardía reacción que tuvo frente a la criminalización de la protesta social en el contexto al aumento de la tarifa de transporte en León Guanajuato, donde el periódico a.m. publicó supuestas fichas filtradas por la Secretaría de Seguridad Pública de León con datos de algunos activistas que habían participado en las manifestaciones. La PDHEG emitió una recomendación 14 meses después, que fue calificada como insuficiente por las propias víctimas.

En mayo del año pasado cuando el Congreso del Estado intentaba aprobar un dictamen de la Ley de Protección a Periodistas a todas luces inconstitucional, entró al quite en una maniobra orquestada desde la Secretaría de Gobierno, para presentar un documento que señalaba el riesgo de aprobar dicha iniciativa. Semanas después, Montero no pudo ni siquiera defender el documento frente al Legislativo. Una jugada de Gustavo que puso a trabajar al equipo de Montero, y eso que recién acababa de llegar a la Secretaría de Gobierno.

En el caso de Ciudad de los Niños, la CNDH tuvo que atraer el caso debido a la inacción de la PDHEG.

2018 no ha pintado mejor para la Procuraduría, en marzo el Congreso aprobó iniciar una auditoria a su desempeño, en medio de la publicación de datos personales de una veintena de expedientes de víctimas. Revictimización que no tuvo consecuencia alguna, incluso con la aquiescencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y con el silencio de otros actores políticos. “No hay quejas”, señaló el Procurador.

También este año, el Congreso del Estado ha discutido la necesidad de activar el Consejo Consultivo de la misma Procuraduría, que desde la administración de Gustavo es inexistente. La Ley señala que “fungirá como órgano de consulta y auxiliar en sus atribuciones”, pero ni el Ejecutivo del Estado ni la PDHEG se han preocupado por activar este Órgano, seguramente por considerarlo irrelevante.

Uno de los casos sobre libertad de expresión de 2017 con mayor visibilidad internacional fue el de la periodista Coco Bernal, que fue despedida por la empresa La Poderosa S.A. de R.L. según afirma ella misma, por censura del gobierno municipal. Ha pasado ya un año y la Procuraduría de Derechos Humanos no ha emitido la recomendación del caso y seguramente no lo hará, por qué Rodríguez Junquera lo impedirá.

¿Quién controla la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato?: el Secretario de Gobierno. ¿Cómo lo hace? Bloqueando opositores, impidiendo que se emitan recomendaciones de casos graves, como el de Coco Bernal, incluso asesorando a presuntos violadores a derechos humanos, como sucedió en el caso Kala (un caso de acoso sexual en la Universidad de Guanajuato). El Maximato de Junquera en los derechos humanos tiene que terminar para que la Procuraduría cumpla mínimamente con su papel como contrapeso en el Estado.

Seguramente diputadas y diputados harán preguntas incómodas a José Raúl durante su comparecencia en el Congreso, pero son cómplices de haberlo puesto allí. ¿Por qué se publicaron datos personales de las víctimas?, ¿Qué ha pasado con el Consejo?, ¿Cómo da seguimiento a sus recomendaciones?, ¿Por qué tarda hasta un año en emitirlas?, ¿Por qué no ha creado el área de niñez?, ¿Qué ha pasado con el caso de Coco Bernal?.

La comparecencia pasará, y José Raúl contará los días que le quedan, por qué seguro no podrá repetir un segundo periodo.