Foto: @CdhFrayba
Ciudad de México | Desinformémonos. La lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por los derechos como pueblos indígenas, así como los proyectos autonómicos que mantiene, “siguen siendo blanco de ataques por estructuras gubernamentales”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que recientemente presentó su informe anual “Los caminos de la resistencia”.
En el documento, Frayba señala que “la disputa por las tierras recuperadas sigue en marcha, pero encuentra la postura firme de los zapatistas de construir alternativas al sistema capitalista desde lo local, lo alternativo, lo comunitario, lo independiente, lo propio, buscando experiencias de autonomía cada vez más integrales”.
De la misma forma, asegura que en el estado de Chiapas persiste una situación de conflicto armado interno, desde que en 1994 nació el movimiento zapatista, el 1 de enero. “Los elementos de análisis que nos conducen a ello son varios. En primer lugar, no hay un acuerdo de paz y nunca se han atendido las demandas del EZLN, y en segundo porque con acción y aquiescencia, el Estado mexicano mantiene una política de agresiones y también persiste en la estrategia de contrainsurgencia implementada por los distintos niveles de gobierno”.
El informe también denuncia que agentes del Estado, de todos los niveles de gobierno, continúan como colaboradores en las amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, encarcelamientos, liberación de órdenes de aprehensión y la disputa de las tierras.
Sin embargo, “persiste la resistencia y la construcción por parte de las comunidades y bases de apoyo del EZLN que, con sus iniciativas, continúan convocando a personas, intelectuales, luchadores y organizaciones independientes de todas parte del mundo”, señala. Ejemplo de ello es el Seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, así como el Festival CompArte, realizados entre 2015 y 2016.
Frayba asegura que existe una conflictividad generalizada desde varios ámbitos, como actores locales y municipales vinculados con partidos políticos que generan violencia, grupos de choque relacionados con ayuntamientos para crear un ambiente de “ingobernabilidad” y justificar el uso excesivo de la fuerza pública contra los movimientos de resistencia.
Sostiene que “el aumento de la seguridad sirve para aumentar la presencia policial y militar con el pretexto de combatir el crimen organizado con el cual se controla a la población el territorio; el Estado de excepción de facto”.
El informe está conformado por cinco capítulos con temas nacionales no sólo de Chiapas, sino también de problemáticas generales que se enfrentan en todo el país, como megaproyectos, violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado, represión, entre otras.
