La situación en la región ComCáac, (Sonora, México) en donde viven dos comunidades, Punta Chueca y Desemboque, ya era complicada con los megaproyectos mineros que se les fueron a instalar allí y que “siguen latentes por parte de empresarios a base de corrupción y métodos ilegales para hacer uso de las conceciones mineras para la explotación.”

Pero ahora, la situación se complejizó con la llegada del llamado “Proyecto Tiburón Agua y Energía” que proyecta construir una planta desalinizadora de agua, un proyecto de energía mareomotriz (que se obtiene aprovechando las mareas), además de una explotación minera en la Isla de Tiburón y un proyecto turístico.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería emitió un comunicado al respecto, expresando su preocupación, por múltiples aspectos: el múltiple proyecto no ha sido consultado a la población, a la que se la engatusa planteándole un supuesto beneficio económico con el proyecto, “cuando no es sino una falta de solución que no se adapta a los enfoques eco sistémicos y/o a la cosmovisión del pueblo ComCáac. Cualquier proyecto que tenga la extracción de bienes naturales como el principal sustento, pone en riesgo el territorio donde se piensa construir, cuando hablamos de pueblos originarios el riesgo aumenta, pues a la pérdida del patrimonio ambiental se le suma la pérdida del patrimonio cultural milenario de estos pueblos.”

No sólo eso, a raíz del derrame de 40 mil litros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora, perpetrado por el Grupo México, hace más de un año (el 6 de agosto de 2014) continúan apareciendo enfermedades en la piel, como llagas, en los habitantes de la zona. También les han encontrado una fuerte presencia de metales en sangre. Según reportó Sin Embargo, el Sindicato Minero Sección 65 en conjunto con el grupo “Todos Unidos contra Grupo México” denuncian que la contaminación se expande, que ha llegado a Hermosillo en el agua que beben. Estiman que además de los daños a la salud, al ecosistema, flora, fauna, el derrame está deteriorando la salud de cerca de 24 mil personas de la zona norte del país.

“Vamos a buscar la solidaridad internacional porque la gente requiere médicos especialistas, toxicólogos. Ojalá el gobierno federal reconociera a estas personas y les diera la atención. Ellos manejan que son 300 afectados en salud, pero no les están ayudando, ni dando seguimiento ni siquiera a los que ellos reconocen”, dijo al medio citado.

La Rema advierte que el mega proyecto múltiple cuenta con el apoyo y el aval de los gobierno estatal y federal, pero la red exige a ambos estamentos que haga cumplir la ley y proteja a las poblaciones originarias a las que está poniendo en peligro.

Advierte a su vez, que los comuneros de la zona han hecho sus descargos ante la Procuraduría Agraria, por lo que el reto de “no hacer oídos sordos” también le cabe a esa repartición estatal.

“Los pueblos tienen derecho decidir y vivir en armonía con su entorno, derecho a vivir en un ambiente sano y a continuar viviendo desde su propia cosmovisión, misma que parte de un profundo respeto a la naturaleza que los rodea y un amor a la tierra como dadora de los bienes que necesitan para el buen vivir.” Eso es lo que tiene que ser respetado, eso es lo que tiene que preservarse.

Foto: CuartoOscuro / Contaminación del Río Sonora