El asesinato de Huber Velásquez, el pasado 17 de diciembre de 2021, en la vereda La Balsa de San José de Apartadó, tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple episodio de violencia a los que la población de la región se ha acostumbrado tras muchas décadas de terror.
El contexto inmediato fue la pantomima de pavimentación de dos kilómetros de vía entre Apartadó y San José. Un grupo de pobladores de la vereda La Balsa decidieron hacer la Veeduría ciudadana y descubrieron horrores de corrupción: viviendas averiadas y no reparadas, materiales ineptos, calidad muy baja de la obra no obstante su elevadísimo costo que escandalizó a un diputado de la región. Esta veeduría no fue aceptada porque ya existía una veeduría registrada en la Personería; sin embargo, el grupo de Veeduría de La Balsa decidió continuar su trabajo investigativo ya que la otra veeduría no les daba suficiente confianza al aceptar muchas irregularidades que se estaban cometiendo.
Si se tiene en cuenta que la financiación de esa obra fue cubierta con los fondos del Acuerdo de Paz, asumiéndola como un PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] para lo cual la Comunidad Internacional aportó enormes sumas de dinero, es de elemental honestidad solicitarle a los organismos internacionales un examen exhaustivo de los gastos, lo cual debe incluir una examen minucioso a los contratos de METRO-PLUS. También la Alcaldía debe ser sometida a rigurosos exámenes de sus egresos. Corre entre la población de la zona el rumor sobre la participación del alcalde Cañizalez en el crimen de Huber, pues sus simpatías por las estructuras paramilitares son de conocimiento público. Una entidad internacional independiente debe investigar esos rumores, pues los órganos de control del Estado hoy día están cooptados, a la luz del día, por el alto gobierno.
Muchos habitantes de La Balsa no salían de su estupor cuando vieron que muchachos muy jóvenes de su misma vereda paralizaron el tráfico, tanto hacia arriba (San José) como hacia abajo (Apartadó) mientras se consumaba el asesinato de Huber, permitiendo que 8 hombres armados penetraran en su vivienda y le arrancaran violentamente la vida. Sin embargo, los pobladores sabían que romper el silencio equivalía a correr un riesgo muy seguro de muerte. Varios asesinatos ocurridos en la zona en el último año se explicaron por la desobediencia de las víctimas a órdenes de los paramilitares. El terror selló el silencio que cubrió y sigue cubriendo este crimen. Adicionalmente hay otro rumor que corre entre los pobladores de La Balsa, según el cual la Junta Comunal ha ordenado destruir la casa construida por Huber en su finca; parece que el afán de arrasar la memoria de las víctimas, como costumbre de los regímenes más crueles, sigue haciendo carrera.
Los mensajes no pueden ser más contundentes: aquí mandan los paramilitares y el que les desobedezca compromete su misma vida; la población debe optar así entre la vida y la muerte.
Con pocos días de distancia, la junta comunal de la vereda La Esperanza decidió introducir a la fuerza una maquinaria en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, con el fin de iniciar la construcción de una carretera ilegal que nuestra Comunidad ha denunciado repetidas veces, pues no ha respetado ningún requisito de planeación participativa, es planeada y construida por estructuras paramilitares con maquinarias de la fuerza pública y busca servir a la introducción de maquinarias de empresas multinacionales extractivistas que van en contravía de una desarrollo humano y ecológico. Los líderes de la Acción Comunal de la Esperanza han afirmado que construirán la carretera a las buenas o a las malas, sin importarles violar cualquier propiedad privada y cualquier interés que se oponga a su concepción del desarrollo y del progreso que va en contravía de lo humano.
Los métodos de coordinación y de aquiescencia entre la fuerza pública y los paramilitares son ya muy conocidos y rutinarios: el negativismo; la evasión; la ficción de ignorancia; los acuerdos verbales para no encontrarse en los mismos territorios en coincidencia. Así, cuando las evidencias son ineludibles, es aún posible engañar a la sociedad.
Tomado de Desde Abajo