Foto: Entrada del Hospital 12 de octubre de Madrid

No, lo que estamos viviendo no es una guerra y resulta obsceno escucharlo mientras las bombas siguen despedazando a niños, ancianos, mujeres y hombres en lugares como Siria o Yemen. Pero sí hay algo que está ocurriendo en España propio de los países en conflicto: el bloqueo informativo.

Como bien saben los periodistas que están intentándolo desde hace al menos una semana, los gobiernos nacional y autonómicos están negando el acceso de la prensa a los hospitales. Impiden así que la ciudadanía vea qué está ocurriendo entre sus paredes con el objetivo, sospecho, de mantener la moral alta de la población. Estamos, pues, ante uno de los pilares de la propaganda bélica, en la que el Estado se arroga la potestad de restringir el derecho a la información por supuestos fines superiores, como la seguridad.

Esta decisión cuestiona varios principios democráticos y éticos básicos. Primero, los gobiernos parten de una posición paternalista desde la que determinan hasta dónde está capacitada su ciudadanía para conocer, entender y asimilar. Y, paradójicamente, sus representantes institucionales conjugan esta censura con la convocatoria diaria de necesarias y legítimas ruedas de prensa informativas con la que transmiten un -incompleto- ejercicio de transparencia. 

En segundo lugar, los gobiernos niegan así a los periodistas, fotoperiodistas y videoperiodistas su profesionalidad y criterio a la hora de documentar estos escenarios sensibles. Respetar el derecho a la intimidad y dignidad de pacientes y personal sanitario es parte de nuestro código deontológico, que nos compromete ética y legalmente. Algo que tienen especialmente claro los profesionales de la imagen. Se ha instalado una tendencia a desconfiar por defecto de los periodistas y a tratarnos, a menudo, de buitres carroñeros. Por supuesto que, como en todos los oficios, hay especímenes de la peor calaña, pero la inmensa mayoría no lo somos, y quizás no lo estemos diciendo lo suficiente por pudor y por la inmensa vergüenza ajena que nos producen los impresentables. Pero, ¿esa minoría justifica que se decrete el cerrojo informativo al resto? Si el Estado no confía en nuestro saber hacer ¿cómo va a ser garante de que cumplamos con nuestra función social, sin la cual no hay democracia posible?

Este injustificable escenario ha desembocado en que los medios de comunicación españoles se vean obligados a publicar los vídeos y fotografías tomados por las propias personas afectadas en los centros hospitalarios. Como en países en conflicto donde el Estado u otros actores armados ejercen la censura, en España están teniendo que ser los propios enfermos y trabajadores de la salud los que cuenten al mundo con sus teléfonos móviles lo que les está ocurriendo. ¿De verdad vamos a tener que preguntar a la Administración qué pretenden ocultar? 

Y por último. Cuando la pandemia azotaba la región de Wuhan (China) no tuvimos reparos en observar cómo estaba afectando a su gente porque, lógicamente, ser un ciudadano o ciudadana activos supone querer conocer y entender para actuar en consecuencia. Ahora que el COVID-19 ha llegado a nuestros países vecinos y que los gobiernos francés e italiano permiten a la prensa entrar en los centros hospitalarios, en las residencias de ancianos, en los centros de acogida y en cualquier sitio en los que la pandemia tiene una especial incidencia, buscamos en sus reportajes saber qué nos está ocurriendo a nosotros. 

Porque somos una ciudadanía madura y corresponsable que tiene derecho a ver el esfuerzo descomunal que están haciendo nuestras médicas, enfermeros, celadoras, limpiadores, administrativas… para frenar esta crisis. Porque seguir invisibilizando la muerte, el sufrimiento y la enfermedad solo nos vuelve una sociedad más frágil, infantil y superficial. Porque ocultarnos cómo los enfermos se recuperan gracias a la ciencia, el cuidado y el aliento de muchas otras personas que se están exponiendo al contagio nos impide recordar que somos seres vulnerables a los que nos hace fuertes la interdependencia, los servicios públicos y el Estado del Bienestar. Y porque en aquellos casos en los que se estimase necesario, como se ha hecho tradicionalmente en las coberturas más violentas, siempre se podría recurrir a la advertencia de que las imágenes que se van a emitir o publicar pueden herir la sensibilidad de los telespectadores, y limitarlas a horarios no infantiles.

Con la epidemia del Ébola en el África Occidental de 2014 aprendimos que cuando Occidente se vio en peligro, fue capaz de destinar recursos a frenarla en los países a los que había expoliado, y que bastó aislar a los enfermos, hidratarles y ofrecerles analgésicos y palabras de aliento con el objetivo de que resistieran el dolor para que, por primera vez, sobreviviese el 60% de las personas contagiadas. Pocos meses después llegaría una vacuna que había sido arrinconada por los laboratorios farmacéuticos durante décadas porque no resultaba rentable cuando la enfermedad afectaba solo a países empobrecidos. 

Ahora nos toca aprender estas y otras lecciones en nuestro país, e igual que lo contamos cuando ocurre en Sierra Leona, en Centroamérica o en Corea del Sur, tenemos derecho a documentarlo aquí. Porque si esta pandemia es, como la mayoría de los expertos coinciden, el mayor desafío al que nos hemos enfrentado en lo que llevamos de siglo XXI, ¿nos vamos a permitir no tener en el futuro pruebas documentales de lo que ocurrió? 

Basta recordar que los negacionistas del Holocausto lo tendrían mucho más fácil si no tuviésemos vídeos y fotografías de los campos de exterminio nazi. Sobra apuntar que buena parte de la memoria histórica del siglo XX que tenemos grabada a fuego se basa fundamentalmente en las imágenes que colegas periodistas tomaron en su momento. Huelga decir que, si de verdad nos creemos que el mundo que vendrá tras el coronavirus será otro, para que no sea peor que el actual debemos conocer lo máximo posible de lo que nos está ocurriendo estos días, dentro y fuera de nuestras casas. 

Pero para todo ello es fundamental que se rompa el bloqueo informativo y que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo. Para ello, y porque es el deber del Estado garantizar nuestro derecho y deber de informar, y el derecho y deber de la ciudadanía a estar informada.   

Publicado originalmente en lamarea