A pesar de los informes de organismos internacionales, este último sábado 22 de julio continuó la brutalidad de las fuerzas del «orden». Se detuvo a dos brigadistas y a otro ciudadano que repartía volantes de la Marcha Nacional de este fin de semana. Las detenciones arbitrarias se dan en un contexto en que se exige la renuncia del régimen de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.
Las protestas contra el régimen de Dina Boluarte volivieron y la estrategia represiva también. La Policía Nacional del Perú (PNP) continuó con las detenciones arbitrarias contra ciudadanos que participaban de la protesta. Organismos internacionales que velan por los derechos humanos ya han cuestionado estas prácticas, pero eso no parece importarle a las autoridades del país.
La mañana del sábado 22 de julio, vecinos del distrito de San Martín de Porres se encontraban finalizando el ‘volanteo’ de flyers sobre la movilización. Cuando estaban retirándose, agentes de la Policía liderados por el mayor PNP Gerardo Ramírez Jara rodearon e intervinieron a uno de ellos, a quien amedrentaron para que abra su mochila. Uno de los momentos más bochornosos de la Policía se dio cuando cuestionan al ciudadano intervenido por llevar un casco.
En aquel momento, Franco Lucio, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y miembro del colectivo barrial Ruray, se acercó a explicar que esa intervención era arbitraria e irregular. Para el mayor Ramírez, fue una «falta de respeto» y ordenó la detención del joven, mientras otros agentes empujaban a vecinas.
Franco Lucio fue dirigido a la comisaría de Barboncitos. Su defensa legal, Rosa Varillas, comenta que el personal policial aceptó que el detenido no había cometido ningún delito, pero aun así, eran hostiles. La Fiscalía llegó unas horas después y después la imagen de Franco apareció en las redes sociales de la PNP en donde le imputaba el delito de «desobediencia y resistencia a la autoridad» además, se señalaba que se le había incautado «propaganda política y pintura». Luego de muchos comentarios que señalaran la grave torpeza de la Policía, esta publicación fue borrada.
Franco Lucio fue liberado el domingo al mediodía. «Seguirán las diligencias en libertad. Esperamos el pronto archivo del caso», señaló su abogada.
Mientras tanto, Óscar Bellido Alata, estudiante y brigadista voluntario de primeros auxilios de Ninasonqo, también fue detenido arbitrariamente por policías y ternas frente al Palacio de Justicia.
Fue dirigido a la comisaría de Cotabambas en donde estuvo incomunicado. Denuncian que fue sometido a presiones de la Policía, incluso que lo obligaron a firmar documentos autoincriminatorios. En ese momento tuvo una crisis de asma, por lo que fue llevado a emergencia en el Hospital Loayza, donde señalan, fuentes internas, un policía presionó al personal del hospital para agilizar el proceso de tratamiento médico y llevarlo de vuelta a la carceleta. Luego de más de una hora de la detención arbitraria, llegó la fiscal a la comisaría. La Policía impidió la entrada de la abogada y de familiares, pero luego de la presión de estudiantes y ciudadanos, lograron ingresar. Finalmente, el joven estudiante fue llevado a la División de Asuntos Sociales de la PNP.
«Obstaculizar el tratamiento medico es equiparable a una tortura o a un trato inhumano o degradante, la policía no solo tortura pegando en las calles, si no cuando impide un tratamiento medico que se necesita», manifestó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
Asimismo, Pérez señaló que el uso de policías civiles (Grupo Terna) es irregular de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Todos los policías deben estar identificados porque el anonimato favorece los abusos y la impunidad», apuntó.
Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que la Fiscalía debe resolver la situación jurídica dentro de los plazos. «Ante las denuncias de malos tratos y presiones al personal de salud realizaremos investigación», señaló esta entidad.
Otro brigadista detenido fue Vladimir Molina, a quien se pudo observar lanzando fuegos pirotécnicos durante la protesta.
Violaciones a DDHH continúan en protestas
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que siguen ocurriendo violaciones de derechos humanos y que la violencia policial sigue teniendo un carácter marcadamente racista contra ciudadanos y ciudadanas de regiones que han llegado a Lima desde hace días.
«Es falso que no se hayan usado perdigones. Hubo agresiones a periodistas y veedores. La marcha pacifica llegó a Plaza San Martín y de manera inexplicable se dispuso expulsar a manifestantes. Se empujaron y agredieron a ciudadanas aymaras. Todos lo pudieron observar», señaló la abogada Mar Pérez.
Asimismo, sobre la Fiscalía señaló que se están empapelando a lideres sociales a través de denuncias preventivas, así como medidas desproporcionadas contra los que participan en movilizaciones, y por otro lado, no se toma acciones para proteger la integridad de manifestantes. «Hasta el día de hoy no es posible establecer comunicación con la fiscalía de prevención del delito y eso es gravísimo», remarcó.
Publicado originalmente en Wayka
