Habitantes de los municipios de Tlapacoya, Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, en el estado de Puebla denunciaron que la empresa Deselec-Comexhidro, que lleva adelante el proyecto de la hidroeléctrica Puebla 1, creó una organización ilegítima, que pretende dar el visto bueno al proyecto que es resistido por las comunidades afectadas.

Hace más de cinco años que la empresa llegó a tierras poblanas a instalarse sobre las aguas del río Ajajalpan, que recorre el terreno hacia el sudeste por más de veinte kilómetros.

La trampa es así: la empresa creó una “supuesta asociación civil”, que sigue las directrices de la empresa y que dio su “autorización para que a partir de enero (de 2016) comience la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1”, que designó como administrador al integrante del PRD Francisco Ángel Serrano, “con representación jurídica para recibir los recursos y determinar las obras en las comunidades” según reporta el portal Municipios Puebla.

La estrategia no es nueva, ya que los vecinos la habían visto en funcionamiento, pero antes la organización funcionó con el nombre Bios-Sierra.

En una asamblea llevada a cabo en la localidad de Cuatepalcatla, y frente a la ofensiva de la empresa que busca tomar la voz de los pobladores para aparentar un consenso social que no existe, decidieron unirse en la lucha contra el megaproyecto, que tiene como fin primario surtir de electricidad al grupo Walmart.

Siempre según el reporte Municipios Puebla, los habitantes de los tres municipios mencionados “decidieron unirse contra los llamados proyectos de muerte”, para hacer frente a la lucha que se les viene y a la que plantarán cara “rescatando la sabiduría de los viejos, la espiritualidad y la identidad de los pueblos”.

“Estamos reunidos aquí, nadie nos paga. Estamos aquí porque nos sentimos amenazados. En los 65 municipios de la sierra norte hay casi 150 concesiones mineras, en 35 hay proyectos para extracción de hidrocarburos, 14 para construir hidroeléctricas. Quieren almacenar el agua de los ríos para sacar el petróleo y el gas. Por eso debemos extender nuestra lucha”, dijeron a Municipios Puebla.

“Nunca nos dieron información, ni conocíamos qué era una hidroeléctrica. Nos enteramos cuando quisieron hacer una consulta. Dicen que tienen todos los permisos, pero el que les hace falta es el del pueblo. Allá muchos hablan el totonaco, y quisieron explicarnos en castellano. No entendemos lo que están diciendo. Somos 9 comunidades, a algunos les daban comida, cerveza, refrescos, pulque y los engañaron. Por eso vamos a seguir insistiendo en que es el pueblo el que debe decidir”, agregaron.

La falsa consulta. El gobierno planteó que las consultas a los pueblos afectados fueran de manera separada. La hidroeléctrica proyectada afectará los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán, Jopala, Tlapacoya y Chiconcuautla, en Puebla; Mecatlán, Filomeno Mata, Coyutla y El Espinal en Veracruz.

A los pobladores de San Mateo Tlacotepec se les negó opinión al respecto, porque desde el gobierno se afirma que no van a ser afectados. Ellos rechazan esa afirmación y por eso estuvieron presentes en la asamblea reporteada por Municipios Puebla. Allí convocaron a la unión en defensa del territorio, a no dejarse engañar ni dejar que los empresarios entren a las comunidades.

Prueba de eso tuvieron los pobladores de San Felipe Tepatlán y Altica, a fines de abril, cuando concurrieron a una reunión “convocada por el presidente municipal, a la que cuatro horas más tarde se incorporaron Emilio de León Blanco de la Secretaría de Energía, personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y ejecutivos de la empresa DESELEC-COMEXHIDRO”, según reporta un artículo de Municipios Puebla del 1 de julio.

Los indígenas del lugar son los tutunakus, quienes denunciaron que “sin más explicación nos dijeron: pasen a firmar y después a comer. Creyendo que por estar cansados y con hambre, caeríamos en su trampa y firmaríamos como si hubiéramos aceptado el proyecto hidroeléctrico. Reclamamos que eso que ellos llaman consulta era un engaño pues ni siquiera habían invitado a todas las comunidades que sufrirían las consecuencias del proyecto como la comunidad de La Guadalupana. Les exigimos que se fueran y que dejaran de engañarnos manifestando que no queremos ningún proyecto que dañe nuestra vida, nuestro territorio. Ese mismo día supimos que habían realizado otra simulación de consulta en la comunidad de Xochimilco llevando unas cuantas gentes de Altica y San Felipe”, añadieron.

Los habitantes del lugar denunciaron también que desde el gobierno municipal y la empresa han empezado a denunciar a los opositores, como una forma de amedrentarlos y debilitarlos en su resistencia. “Es el pueblo el que debe decidir”, insisten.

Denunciaron que se han violado sus derechos colectivos como pueblo indígena establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, pues “en ningún caso se trata una consulta previa”, dijeron en conferencia de prensa reporteada por Municipios Puebla.

La Universidad Nacional de la Tierra de Puebla indicó que existen ocho proyectos para instalar hidroeléctricas en la Sierra Norte del estado de Puebla, que deben ser considerados en su conjunto para realmente entender las dimensiones del impacto (y la presión) de los megaproyectos en el territorio.