Perú: olla de presión a la pachamanca

Rocío Silva Santisteban

“En los últimos meses se ha ido consolidando, ya no la percepción, sino la convicción de que el Perú vive una crisis que pone en cuestión su viabilidad como nación”, quien dice estas palabras no es un anarquista de izquierdas ni un terrorista urbano sino un moderado diplomático de carrera, Manuel Rodríguez Cuadros. El ex ministro de Relaciones Exteriores 2003-2005 tiene la firme convicción de que la situación del Perú, antes y después de los paros nacionales del 10 y 23 de octubre, no da para más. Junto con otros analistas políticos que desguazan la realidad con precisión de cirujanos, como Alberto Vergara o Jo Marie Burt, coinciden en que nos encontramos ante una tormenta perfecta que puede destapar la tremenda olla de presión de necesidades embalsadas.

El deterioro se ha disparado debido a la crisis de seguridad urbana frente a la masificación de la extorsión a transportistas, pequeños empresarios, bodegas de barrio, mototaxistas y hasta colegios, prostitutas y organizaciones de supervivencia como las ollas comunes. Bombas en patios escolares, asesinatos por encargo a maestros dictando clases frente a sus estudiantes, amenazas por WhatsApp, policías vendiendo información sobre sus víctimas a los extorsionadores e incluso a sicarios para ultimarlas por menos de 500 dólares. Frente a este escenario el congreso no actúa, por el contrario, disimula las leyes que ha dado para auto-favorecerse con cambios que son maquillaje de tercera clase. Y el Poder Ejecutivo mantiene a un ministro del interior comprobadamente ineficiente que no atina a parar la marea criminal incluso habiendo declarado estado de emergencia en medio Lima. Por otro lado, Dina Boluarte, en conferencia de prensa le echó la culpa directamente a los criminales extranjeros —Perú tiene la segunda gran migración venezolana después de Colombia— azuzando el fuego de la xenofobia en una país que se desangra o por la criminalidad o por la represión.

El caos y vulnerabilidad de los trabajadores informales ha generado pánico, por eso los gremios de transportistas formales e informales (el Perú tiene un 73% informal de la PEA), junto con los medianos y pequeños empresarios de comercio textil y mercados, así como los gremios de bodegueros, organizaron el Segundo Gran Paro de toda la capital que, durante la mañana del 23 de octubre, paralizó la ciudad de Lima y el Callao. El pueblo en su conjunto reclama por la vida misma: no se trata de pedir por un pliego de reclamos o por la situación de una concesión minera, es una justa exigencia contra la delincuencia que extorsiona, secuestra, exige cupos y asesina por el valor de un teléfono celular.

El 24 de octubre los gremios movilizados del Sindicato de Construcción Civil de todas las regiones del Perú hacia la capital protagonizaron una marcha impresionante. ¿Por qué se convocaron en dos fechas diferentes? La demanda, al parecer, está vinculada con el sector, pues mientras la del 23 fue una movilización popular, la del día siguiente, contó con la presencia del empresariado de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO.

Ante este río revuelto, usualmente los autoritarios de siempre se yerguen sobre sus patas traseras para exigir pena de muerte y “mano dura”. Un gran grupo lo están haciendo aunque, desde las plazas, nadie les cree. El propio primer ministro, un abogado hijo de militares, que tiene un pasado como procurador del Estado peruano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, ha levantado la voz para exigir que el congreso apruebe una Ley de Terrorismo Urbano, como si la gran salida de todos los problemas de inseguridad en América Latina llevara la firma de Bukele.

En el Perú de nuestros días, además, todo es más complejo porque varios de los altos mandos de la Policía Nacional – PNP están coludidos con los criminales. No solo les venden armas o les proporcionan los datos exactos de las bodegas o choferes o pequeños empresarios a ser extorsionados, sino que incluso, les datean quiénes son ¡los sicarios más eficientes y baratos! La corrupción ha sido, desde hace años, la puerta de entrada de todos los males.

El día 28 de octubre un grupo de ciudadanos de la zona de Virú en el norte del país tomaron la Carretera Panamericana dejando a miles sin posibilidades de traslado y a centenas de camiones varados. La situación se puso candente cuando se incendió un camión lleno de mercadería y el ineficiente gobernador regional, el millonario César Acuña, presidente del partido APP, pidió a Boluarte que los militares entren a poner orden. “¡Ni una bomba más!”, vociferan los ciudadanos concentrados cerca al puente de Virú, como respuesta a la voracidad criminal que se inició en esta región, La Libertad, hace más de 20 años cuando los delincuentes empadronaban a sus extorsionados. Nos encontramos ante un proceso de larga data y frente a las mismas inoperantes resoluciones de quienes deberían encargarse de resolver la inseguridad.

Entre los días 10 al 16 de noviembre en Lima se realizará el Foro Asia Pacifico conocido como APEC. Uno de los invitados más esperados será el presidente Xi Jinping, quien inaugurara el megapuerto de Chancay, una entrada directa desde China a América Latina, especialmente a Brasil y un lugar de salida de los minerales de empresas como MMG, Las Bambas, también de capitales chinos. El primer ministro ha rogado a los ciudadanos que “no hagan paro ni protesten esos días”. Por el contrario, los distintos gremios y colectivos están llamando a una huelga nacional de tres días para el 14, 15 y 16. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Declarar esos tres días feriados.

Sea por la fuerza de haber superado la presión de los 100 kilos pascal de la olla explotando con todo lo que hay adentro, o sea achicharrando lo que se cuece bajo las piedras hirvientes de la pachamanca, el Perú está al borde del colapso. Pero, como siempre, no vamos a llegar a reventar porque algo sucederá: o vacan a Dina Boluarte, o sacan a algunos impenitentes ministros a ser flagelados ante las masas, o los representantes de la mafia congresal dan tres pasos para atrás. Aunque los peruanos y peruanas sabemos por experiencia que los congresistas solo retroceden… para atacar con fuerza.

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