Miles de hombres y mujeres continúan en las calles defendiendo sus derechos. El gobierno impuesto tras la destitución de Pedro Castillo tiene una política unidireccional: la represión masiva a las protestas.

Perú es un baño de sangre. Y esta afirmación no tiene nada de exagerada. Desde el momento en que el presidente en funciones, Pedro Castillo, fue eyectado del Ejecutivo, su reemplazante, Dina Boluarte, ordenó una represión masiva contra los y las peruanas que salieron a la calle para demandar respeto a la democracia y, sobre todo, que se convoque urgente a una asamblea constituyente.

Desde el 7 de diciembre pasado, cuando la ahora mandataria tomó las riendas del país sin que nadie la haya votado, casi 50 personas murieron, en su mayoría, por el accionar de las fuerzas militares y de seguridad. En apenas dos meses, la nueva administración peruana dejó en claro que su principal política serían las balas contra quienes se movilicen en su contra. Una muestra la brindó días atrás el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que la administración de Boluarte es la segunda con mayor número de víctimas humanas desde el 2000 hasta ahora en América Latina. Solo es superada por la gestión del ex presidente colombiano, Iván Duque, quien acumuló 83 muertos entre 2018 y 2022.

Aunque el panorama es aterrador para los y las civiles, las marchas multitudinarias en todo el país, incluida su capital Lima, no dejan de sucederse. Los reclamos principales son la renuncia de Boluarte y su administración, la liberación de Pedro Castillo –encarcelado en el penal de Barbadillo y con una condena de 18 meses de prisión preventiva- y que se convoque a nuevos comicios.

Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA) del Perú, explicó a La tinta que, en su país, se comete “una traición al pueblo” que había elegido a Castillo como presidente. La juramentación de Boluarte al mando del Ejecutivo hasta 2026 fue, según Huáscar, “lo que enardeció a la gente”. “El movimiento campesino-originario se levantó y ella no pensó lo que iba a suceder. Desde el 7 de diciembre, la movilización es permanente”, aseguró el dirigente. Como ejemplo, Huáscar señaló que los y las campesinas de muchas regiones del país nunca habían olido el gas lacrimógeno. Pero ahora “están siendo vulnerados sus derechos y no tienen garantías”, dijo.

“En las regiones que ha habido matanzas, declararon toque de queda, entonces, a la noche te disparan. Pero la población está en las carreteras. En las regiones sigue la lucha, seguimos pidiendo que Boluarte renuncie”, manifestó Huáscar.

Según el medio Wayka, en apenas diez días de protestas, la policía utilizó alrededor de nueve toneladas de gases lacrimógenos. Frente a esto, la fuerza le solicitó a la Policía Nacional de Ecuador que le devuelva 12.000 granadas lacrimógenas que le había prestado en 2020. “Estuvimos en la puerta de la embajada de España, porque ellos venden las bombas lacrimógenas y perdigones –indicó Huáscar-. En la agenda del gobierno está la idea de comprar 100.000 bombas lacrimógenas. Para estos explosivos para matarnos sí hay plata”.

Crisis de régimen

El 25 de enero pasado, en la sede de la Fundación Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, se llevó a cabo la charla ¿Qué está pasando en Perú? Crisis, golpismo y desborde popular. En el encuentro, participó Anahí Durand, socióloga peruana, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la primera etapa del gobierno de Castillo, e integrante de Mujeres por una Nueva Constitución. Durand advirtió sobre “el silencio de la comunidad internacional”, que permite “que este régimen cívico-militar pueda actuar con tanta impunidad”.

Cuando Castillo fue apartado del gobierno, las voces oficiales en América Latina fueron discordantes y las condenas, a lo que muchos califican como un golpe de Estado contra el maestro rural que llegó al Ejecutivo el 28 de julio de 2021, no tuvieron la potencia esperada.

Para Durand, lo que ocurre en estos días en su país es una “crisis de régimen, que es orgánica”. La ex ministra explicó que, en la historia peruana, “ciertos regímenes se han ido imponiendo como organización de la política, la economía y la sociedad”. Un punto clave, según Durand, es la resolución “de manera autoritaria”, a finales de la década de 1980, de una crisis múltiple con hiperinflación y el conflicto armado latente con Sendero Luminoso. Para eso, la persona encargada de hacerlo fue el ex presidente Alberto Fujimori, que no solo dio un autogolpe y cometió crímenes de Estado, sino que, en 1993, impone una nueva Constitución.

A partir de ese momento en el país, se despliega “una nueva forma de organizar a la sociedad peruana, con el neoliberalismo en lo económico y lo político, con esa nueva ‘gobernabilidad’, aparentemente tecnocrática y despolitizada, con una sociedad muy despolitizada, muy fragmentada, muy individualista”, detalló Durand.

En el año 2000, el fujimorismo se empieza a desmoronar “con sus propios escándalos de corrupción”, recordó Durand, y se presenta “un momento de deterioro de la dictadura, pero no del régimen”. “En 2001, éramos muy poquitos los que pedíamos una nueva Constitución, porque sabíamos que se venía un cambio de figuritas y eso fue lo que pasó: se fue Fujimori, se fue (Vladimiro) Montesinos, las élites se deshicieron de la parte más incómoda de lo que había sido su propio régimen y se quedó (Alejandro) Toledo y los gobiernos que vinieron no cambiaron prácticamente nada”, señaló la socióloga.

Hasta la llegada de Pedro Castillo al gobierno, en Perú, las crisis se suceden al punto que, en los últimos seis años, hubo seis presidentes en el país, de los cuales solo dos llegaron por el voto popular. Con las elecciones del maestro rural como mandatario, los sectores más humildes eligieron a uno de los suyos, apuntó Durand.

“El régimen, que se está descomponiendo, tuvo un giro fuerte con la elección de Castillo –detalló la ex funcionaria-. Desde el primer día, las élites se proponen destituirlo. El gobierno no puede culminar y menos exitosamente. En los siete meses que fui ministra, hubo un boicot permanente desde el Parlamento para no hacer pasar ninguna ley y para que toda medida pase por el Congreso. Eso también es una perversión de la democracia, que termina siendo una camisa de fuerza. Esta decisión deliberada de boicot permanente tiene a una coalición de poderes que termina de dirimir esta crisis de régimen de forma autoritaria otra vez: forzando la salida de Castillo, metiendo a las fuerzas militares y policiales, asesinando y disparando a la gente, con seis menores de edad asesinados. Si esto hubiera pasado en otro país, no sé si la comunidad internacional estaría tan silenciosa”.

Un pueblo enardecido

Antolín Huáscar sintetizó lo que ocurre en su país: “Todo el Perú está movilizado”. “El movimiento campesino, originario e indígena está fortaleciéndose, al igual que los sindicatos, como el de profesores, de las amas de casa, los sindicatos de los mercados. Todos se están apoyando, hasta en la cuestión económica. No es como dice la presidenta encargada o el primer ministro, que reciben dinero del narcotráfico o ilegal, eso es totalmente falso”, aclaró el dirigente de la CNA.

El líder campesino insistió en que lo más urgente es definir una nueva Constitución que permita un “pacto social” a favor de los que menos tienen. “Los capítulos económico, agrario, de educación y salud deben cambiarse, por eso pedimos una asamblea constituyente. Pero la derecha y los grandes empresarios no lo aceptan. En el Perú, son pocos los empresarios, pero son dueños del Ejecutivo y del Congreso, por eso no aceptan una nueva Constitución. Hablar de una nueva Constitución no es ser terrorista. Perú necesita un nuevo pacto social, cultural y económico para vivir felices, porque nosotros tenemos recursos. Lamentablemente, hay una gran corrupción y solo un pequeño grupos de empresarios sacan la plata y se la llevan a Estados Unidos”, denunció Huáscar.

“La culpa de Pedro Castillo fue decir la verdad sobre renegociar o nacionalizar el gas y el petróleo para poder darle al pueblo un servicio eficaz, crear grandes industrias, formar una gran empresa estatal. Eso no le gustó a la derecha, por eso buscaron vacarlo y hasta golpearlo”, expresó. Huáscar agregó que “nuestro paro es indefinido y político, no es reivindicativo, y eso no lo están entendiendo. Nos dicen que somos terroristas, vándalos, delincuentes, ese mensaje de Boluarte es lo que enardece al pueblo para que esté en las calles con todo el ánimo”.

Para Durand, en estos últimos meses en Perú, existe “una disputa abierta por cerrar la crisis de régimen de una manera autoritaria, dándole un nuevo aire al modelo. Ellos estaban seguros de que iba a ser eso. Cuando Dina asume y se produce el estallido que estamos viendo, su pregunta fue: ¿de dónde salió toda esta gente? ¿Por qué protestan? La misma Dina Boluarte dice eso: ¿de dónde salió toda esa gente? No se explican que ‘esta gente’, como dicen ellos, que votó por Castillo, que apostó democráticamente, que fue a votar para que cambie este país, está en las calles porque siente que ha sido burlada. Los ningunean, los excluyen, le sacan al presidente que pusieron, le meten al Ejército en las calles”.

La ex ministra también analizó que “lo positivo, dentro de este estallido y de lo terrible que ha sido, es que en la disputa también está la posibilidad de una salida más democratizadora, que pasa por el tema de una constituyente. Porque una de las promesas de campaña de Pedro Castillo, y también de otros grupos de izquierda, fue una nueva Constitución, porque ya venimos arrastrando este documento que se impuso en 1993 y no tuvo participación popular. Fue una cosa amañada por el fujimorismo. Y el Congreso, ¿qué hizo cuando Pedro Castillo propuso, en mayo, un proyecto de ley para que haya un referéndum y se consulte? Lo archivó. Y no contento con eso, quitó el derecho a referéndum, porque la gente también podía juntar firmas y convocar a un referéndum. No sé en qué otro país la gente no tiene derecho al referéndum”.

Foto de portada: Hugo Curotto – AP.

Publicado originalmente en La Tinta