«Enrique Peña Nieto debe dar la cara y decirnos qué hicieron con nuestros hijos. Ya no nos conforman con más mentiras. Una vez más tuvimos razón en señalar al Estado».

A 19 meses, y apenas dos días después de la partida de México del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de Ayotzinapa volvieron a marchar por el centro de la Ciudad de México.

El reclamo resulta totalmente legítimo frente a las últimas evidencias aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que no dista demasiado de lo que dieron a conocer 7 meses atrás en su primer informe, a un año de la masacre.

Los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados en un operativo represivo, monitoreado en todo momento por el Sistema de Vigilancia oficial llamado C4, y contó, no sólo con la participación de la policía de Iguala, -a la que se quiso reducir la responsabilidad por parte del Estado-, sino que también actuaron policías municipales y federales, así como integrantes del 27º Batallón de esa localidad.

«Si ellos estuvieron vigilando a los muchachos desde que salieron de la Normal, cómo no pueden decirnos qué hicieron con ellos? Ya no pueden seguir diciéndonos más mentiras. Ya no les creemos. No las aceptamos. Ahí están las pruebas científicas. Ellos tienen que presentarlos con vida, lo más pronto posible. Ni crean que vamos a descansar, vamos a mantenernos en pie de lucha, por el amor que tenemos a nuestros hijos»

Hasta el momento, la hipótesis más fuerte para explicar el ataque es que los estudiantes tomaron de la terminal de autobuses de Iguala, uno de los autobuses que formaba parte del tráfico ilegal de estupefacientes a Estados Unidos. En su segundo informe, presentado el domingo pasado, el GIEI volvió a poner el ojo sobre el quinto autobús que no forma parte de ninguna de las investigaciones oficiales, insistiendo en que ni el autobús al que le hicieron las pericias, ni el conductor que fue interrogado, corresponden al que fue tomado en la terminal de Iguala.

Recientemente también se abrió otra línea de búsqueda, a partir de un testimonio cosechado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  de un testigo que vio cómo estudiantes eran bajados del autobús en el Puente del Chipotle y eran llevados en dirección a la ciudad de Huitzuco.

Si lo padres de familia ya desconfiaban y se resistían a creer en la información oficial, la presunción de que Tomás Zerón, el titular de una de las oficinas de la Procuraduría General de la República manipuló los restos hallados en el Río San Juan – identificados como pertencientes a uno de los muchachos, Alexander Mora Venancio – termina por sellar la desconfianza y el descrédito en el Estado, incluyendo a la justicia.

«El gobierno ha sido inhumano, el Grupo de Expertos confirmó que Zerón estuvo un día antes manipulando el lugar donde supuestamente encontraron las pruebas, y eso no existe en el expediente. Esto deja claro que el gobierno siempre estuvo involucrado en la desaparición de nuestros hijos», sostuvo Emiliano Navarrete.

Es por eso que los padres también están pidiendo que, a pesar de que el GIEI ya no continuará monitoreando la investigación oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca un mecanismo de seguimiento del caso a un nivel aún mayor. Solicitan que al frente del mismo esté James Cavallaro, presidente de la Comisión y relator para la misma de este país.

Y que además, al menos uno de los integrantes del GIEI participe del mecanismo a crearse.

«Si piensan que nos vamos a retirar de la investigación derrotados, les decimos que no. Que vamos a exigir que sigan las investigaciones porque es su deber dilucidar la complicidad de la policía federal con la delincuencia organizada» manifestó Vidulfo Rosales, abogado de los padres y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de la montaña de Guerrero.

«El gobierno, al no presentarse a recibir el informe de los expertos, aceptó que nos estuvo diciendo una mentira» sostuvo Cristina Bautista en referencia a la notoria ausencia de representante alguno del gobierno mexicano, en la presentación del informe del GIEI, el último domingo 24.

Los reclamos ya no se dirigen a titulares de la justicia o de la secretaría de gobernación, el emplazado por los padres y las decenas de asistentes que los acompañaron al grito de «No están solos», apuntan al presidente de la República. Es él quien debe dar la cara por este crimen de Estado.