Foto: Una bandera palestina evoca el Gernika, en la cabecera de una manifestación en Donostia. (Javi Julio)
Ya son 147 los países miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas que reconocen el Estado de Palestina. Con la decisión de Noruega, Irlanda y España, así como la reciente adhesión de Eslovenia, se alcanzan las tres cuartas partes de los 193 Estados integrantes de la ONU que asumen este compromiso.
Más allá del efecto que esto implica a nivel particular, queda por definir si ello va a estar acompañado de otras medidas necesarias de mayor alcance para lograr un reconocimiento pleno y que sirvan para actuar con urgencia por un alto el fuego definitivo, el fin de la ocupación israelí y la masacre contra el pueblo palestino. Según el Ministerio de Salud, más de 37.000 personas, entre ellas 12.000 niños y niñas, han sido asesinadas en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva militar de Israel de principios de octubre del pasado año.
Entre estas acciones se encuentran el replanteamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, el embargo de armas, el apoyo a la denuncia de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por el genocidio en Gaza o la implicación de la comunidad internacional para garantizar de manera efectiva un proceso de paz, seguridad y garantías en el territorio.
La dimensión del reconocimiento
28 de mayo de 2024. Este fue el día en el que el Consejo de Ministros aprobó el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de España. Esa fecha también supuso a su vez el cambio en la denominación de Husni Abdel Wahed, representante hasta entonces de la Autoridad Nacional Palestina en España desde marzo de 2022, para pasar a ser el embajador del Estado de Palestina en España.
“Estamos muy agradecidos por una medida que significa mucho a nivel político y jurídico en el camino del fortalecimiento de las relaciones de hermandad y amistad, donde España está siendo un actor importante a favor de la solución pacífica en el momento en que Israel está cometiendo un genocidio con el apoyo de Estados Unidos, Alemania y otros países” afirma Wahed, además de remarcar la importancia de la apertura de un espacio de esperanza que reconozca los derechos del pueblo palestino para poder vivir en libertad en su propio Estado.
“Cuando se suman más países al reconocimiento de Palestina, esto constituye una presión no solamente a la potencia ocupante de Israel, sino también a sus protectores, que son cómplices en el genocidio”
Las líneas fronterizas de 1967 sobre las que se basa este reconocimiento, así como la efectividad del mismo han sido objeto de debate durante estos días. Para Wahed, “si fuera solamente simbólico, Israel no actuaría con esta histeria, ya que saben que esto trasciende el simbolismo y que tiene efectos prácticos porque, cuando se suman más países al reconocimiento de Palestina, esto constituye una presión no solamente a la potencia ocupante de Israel, sino también a sus protectores, que son cómplices en el genocidio”. El reconocimiento en sí no es el objetivo para el embajador, sino un paso en el camino que hay que continuar.
Ana Sánchez, miembro de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, distingue en su valoración la doble cualidad de la medida al ser un paso necesario pero insuficiente, ya que “con ello no se satisfacen las necesidades ni se garantiza el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en su conjunto ni va a tener un impacto en la vida del día a día de las personas palestinas”, para lo cual reclama medidas más contundentes contra el apartheid y el genocidio que está cometiendo Israel.
Era septiembre de 2009 cuando el entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pedía en un discurso en la sede de Naciones Unidas el reconocimiento palestino como clave fundamental para la paz en Oriente Medio. Ese compromiso no se ha materializado hasta quince años después, sobre lo cual, además del resto de cuestiones relacionadas en el reportaje, se ha querido preguntar desde este medio al actual secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío. La respuesta desde el equipo de comunicación del ministerio ha sido el rechazo a mantener una entrevista aduciendo motivos de agenda.
Respecto a la dilación en el tiempo del reconocimiento palestino, Sánchez, desde la RESCOP, recuerda cómo lo que se alegaba a nivel gubernamental era la pretensión de que fuera un reconocimiento más coordinado con otros Estados miembros de la Unión Europea insistiendo en que había que favorecer este proceso desde el nivel institucional con las condiciones para poder llevarlo a cabo de manera efectiva.
Por su parte, Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional y Oriente Medio, coincide con Sánchez en la buena dirección que resulta el paso del reconocimiento, pero que a la vez llega tarde y es insuficiente. Esta promesa de reconocer el Estado palestino por parte de España “no ha cuajado hasta ahora por razones políticas y porque no se pagaba ningún precio por no hacerlo”.
Rodríguez precisa en la contextualización histórica y política que realiza cómo no solamente se siguió en esa línea del olvido sobre Palestina, sino que Estados Unidos, primero con Trump y luego con Biden, impulsó los acuerdos de Abraham para formalizar las relaciones entre varios países árabes e Israel como si la cuestión palestina no existiera. De hecho, recuerda que, cuando se produjeron los ataques de Hamás el 7 de octubre, Estados Unidos llevaba un tiempo impulsando la firma de esos acuerdos entre Arabia Saudí e Israel después de ser firmados en los últimos años por varios países árabes.
La clave fundamental reside, según ella, en que a día de hoy el territorio asignado para ese Estado palestino no está disponible para la población palestina porque está ocupado ilegalmente por Israel desde 1967 violando con ello varias resoluciones de Naciones Unidas. “En los últimos años, sobre todo en las dos últimas décadas, esa ocupación se ha triplicado y se han ido extendiendo los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este con la connivencia y el apoyo de Europa y Estados Unidos, gran potencia de dominio en la región, que han mantenido sus alianzas preferenciales, económicas y comerciales con Israel”, añade.
Cuando se habla de asignar el futuro Estado palestino a Palestina, se está hablando solamente del 22% de la Palestina histórica, que, además, está llena de checkpoints y asentamientos
Qué más medidas se pueden adoptar
El plan de partición que aprobó en 1947 la asamblea general de Naciones Unidas otorgaba un 54% del territorio de la Palestina histórica al Estado israelí y el 46% restante al Estado palestino a pesar de que la población palestina era mayor númericamente que la judía en esos momentos. La concepción sionista de un Estado judío está relacionada con una mayoría judía, por lo que entonces se inició una limpieza étnica conocida como Nakba que supuso la expulsión de 750.000 personas palestinas de sus hogares.
Israel, a través del Plan Dalet, ocupó nuevos territorios que no se habían asignado en ese reparto y aprovechó el escenario de guerra para poder anexionarse hasta el 78% de la Palestina histórica. Por lo tanto, como menciona Rodríguez, cuando se habla de asignar el futuro Estado palestino a Palestina, se está hablando solamente del 22% de la Palestina histórica, que, además, está llena de checkpoints, asentamientos y ocupada con el dominio militar de Israel.
“Lo esencial es poner fin a la ocupación israelí. Muchas veces se escapa este tema, incluso cuando se habla del reconocimiento del Estado palestino y la llamada solución de los dos Estados. Todo tiene que basarse desde un comienzo, que es el fin de la ocupación israelí y la retirada de las tropas de todo el territorio palestino de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental”, plantea Wahed. El embajador del Estado de Palestina en España recalca que, sin la retirada israelí y el fin de la ocupación, el régimen de apartheid que Israel aplica sobre el pueblo palestino va a continuar. “La pregunta es hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir siendo en muchos casos cómplice de esto”.
Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio ocupado palestino desde 1967, publicó recientemente el informe Anatomía de un genocidio en el que concluye que Israel está cometiendo el crimen de genocidio contra la población palestina en Gaza por “causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo”. Tanto ella como otras 52 personas expertas y relatoras de Naciones Unidas han pedido sanciones y embargos de armas a Israel después del sobrecogedor ataque israelí contra el campamento de civiles refugiados en Rafah.
Desde la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, Sánchez cree que resulta un doble discurso el reconocimiento de un Estado y no dejar de mantener relaciones con el Estado que está intentando eliminarlo. “Es muy hipócrita decir que se reconoce la dignidad y la esperanza poco después de las imágenes desgarradoras de Rafah y que, acompañado de ese reconocimiento, no venga un embargo de armas a Israel, una ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, militares, académicas y deportivas con quien está perpetrando semejantes crímenes. No me parece una política demasiado coherente”.
A pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró que se habían congelado las exportaciones de armas a Israel desde el 7 de octubre, en noviembre y diciembre de 2023 se exportó material militar a Israel desde España por valor de más de un millón de euros, según la investigación realizada por el Centre Delàs.
Sánchez ratifica lo anterior argumentando que España no ha dejado de comprar ni de vender armas a Israel, así como tampoco de permitir que el territorio español se utilice como espacio de tránsito para armas que tienen como destino final al estado sionista, ante lo que reclama que les gustaría tener más información y transparencia al respecto sobre cuál ha sido el rol de la base de Rota en estos meses. “La demanda de embargo militar es una petición histórica a la comunidad internacional. Esto no se trata de solamente por el genocidio de ahora en la Franja de Gaza, sino que, si Israel está siendo capaz de perpetrar este genocidio televisado, es porque durante décadas se les ha armado”, expone.
Igualmente, Rodríguez coincide en que, si no hay presión real a Israel a través de medidas políticas y económicas, tanto a nivel de Estados nación, Unión Europea y Naciones Unidas, “nada cambiará, como lo demuestra la historia israelí en las últimas décadas”. Por ello, plantea el contraste entre los mecanismos que se aplicaron de forma inmediata con Rusia, mientras que, salvo por algunos países, no ha habido una suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, protegido por Estados Unidos y Europa.
“Si Israel está siendo capaz de perpetrar este genocidio televisado, es porque durante décadas se les ha armado”
Además, destaca cómo esas sanciones y embargos de armas llevan pidiéndose años porque esto no empezó el 7 de octubre, ya que Israel “lleva mucho tiempo violando la ley internacional, ocupando ilegalmente, aplicando un sistema de apartheid, torturando, asesinando y discriminando”. Por ello, lamenta que todo esto ha seguido ocurriendo, incluso sofisticándose cada vez más, porque no se ha hecho nada debido a razones geopolíticas al estar en Europa bajo el paraguas y en la órbita estadounidense con lo que ello implica. “Esta es la impunidad y la política de hechos consumados israelíes”.
Rodríguez piensa que existe un gran riesgo de derrumbe del “andamiaje frágil” construido sobre la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, ya que considera que se han traspasado en estos meses todas las líneas rojas con insultos e incumplimientos por parte de Israel, pero también con cuestionamientos muy preocupantes y graves por parte de Estados Unidos. La gravedad, opina, es pasar a la ley de la selva, la ley del más fuerte, “en un momento de capitalismo devorador y de agotamiento de recursos, donde las grandes potencias se van a disputar el dominio de las riquezas donde gana quien llega antes a través de la guerra”.
En la actualidad hay dos tribunales internacionales investigando a Israel. Por un lado, está la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por parte del Tribunal Penal Internacional. Mientras, por otra parte, está la denuncia por genocidio en Gaza que presentó Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial más relevante de Naciones Unidas. En cuanto a esto último, España se ha unido al procedimiento, pero no se posiciona para apoyar la demanda.
Ante ello, Sánchez valora como algo positivo los procesos de rendición de cuentas en tribunales internacionales, pero añade que es más un mensaje político y diplomático que algo que vaya a tener una aplicación práctica con consecuencias en el terreno, por lo que el salto siguiente consecuente y coherente debe ser el acompañamiento de otras medidas como el embargo de armas a Israel.
Finalmente, Rodríguez considera que la manera de presentar la iniciativa por parte del ministro Albares la ha descafeinado porque ha insistido en que no se van a posicionar y tomar partido. “Habrá que ver la declaración de intervención en el procedimiento en el momento que envíen la solicitud, pero ha dejado claro que no apoyan la denuncia de Sudáfrica y que se van a limitar a secundar las medidas cautelares emitidas por la Corte para el cumplimiento por parte de Israel”. Por lo tanto, remarca que esto no tendrá una capacidad efectiva si no va acompañado de acciones políticas que empujen para lograr ese objetivo.
Las acampadas y el academicidio
En el campo de la reclamación de acciones a llevar a cabo también se encuentra el ámbito académico. Desde la Red Universitaria por Palestina, la cual tiene presencia en más de cuarenta universidades públicas del Estado español, reivindican varias demandas a los equipos rectorales, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En concreto, son cinco puntos: la condena contra la destrucción de las universidades en Palestina, la exigencia de un alto el fuego inmediato que permita las intervenciones humanitarias necesarias, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la no colaboración con las empresas relacionadas con el genocidio y la dotación de recursos económicos para la recepción de estudiantes y personal académico en Palestina y la reconstrucción de las universidades de Gaza.
Ante la normalización diaria del genocidio de Israel contra el pueblo palestino, las acampadas estudiantiles en las universidades pusieron el foco en lo inaceptable del mismo y la necesidad de defender los derechos humanos. Ese efecto de despliegue de las acampadas se hizo extensivo, como ocurrió en 2011 en las plazas de las ciudades con el 15M. Dentro del ámbito común de la red, cada acampada funciona con autonomía. En concreto, la acampada de Madrid se conformó mediante un bloque de agrupaciones universitarias que ya existía de manera previa a la acampada y que ya había trabajado en cuestiones relacionadas con Palestina. Desde ahí se convocó la acampada, a la cual se unieron personas más allá de ese bloque originario.
Oriol Erausquin, doctorando en Sociología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense y participante en la acampada por Palestina en la UCM, considera que el reconocimiento, que ya se había prometido en diversas ocasiones y que podría suponer alguna presión a Israel, “puede intentar potenciar la proyección internacional del Gobierno de Pedro Sánchez, pero la realidad es que está habiendo un genocidio”. Por ello, afirma que es imprescindible actuar con sanciones y un embargo de la actividad comercial a Israel, ya que “lo que no vaya a actuar de manera directa con lo que está ocurriendo nos parece que es algo muy corto, muy escaso y muy tardío”.
La acampada en Madrid ha dirigido sus propuestas a las universidad públicas madrileñas. “Queremos sentarnos con ellas y conseguir unos acuerdos de manera unitaria”, recalca admitiendo la dificultad de ello ante la negativa a negociar por parte del Rectorado. “La presión que estamos ejerciendo, que haya universidades que estén cediendo a las demandas y la situación internacional que se está dando pueden llegar a hacer que se tengan que romper una serie de convenios que están blanqueando y legitimando el régimen israelí, además de participar activamente en su industria y maquinaria de guerra”, indica Erausquin. Hasta el momento las universidades de Madrid no se han pronunciado para dar una respuesta, mientras que las universidades de Barcelona, Sevilla, Jaén, Granada, Valencia, Salamanca, Cádiz y Pablo de Olavide sí que han asumido totalmente los puntos planteados por la red y han suspendido las relaciones con instituciones israelíes.
En confluencia con el bloque de estudiantes también se ha movilizado el profesorado. La Red de docentes y trabajadoras de universidades de la Comunidad de Madrid por Palestina surge dentro de una red nacional más amplia que aglutina a 44 universidades del país. Dentro de esa red surgieron las iniciativas del profesorado de las universidades públicas de Madrid para coaligarse y llevar a cabo acciones más específicas en la comunidad desde marzo de este año con la organización de actividades como clases en la calle, mesas redondas y conferencias que les han permitido consolidarse como colectivo.
Una de sus aportaciones fundamentales es la cuantificación y la visibilización de lo que supone el término academicidio. Con ello buscan incidir en poner de relieve el marco de los asesinatos de más de 230 docentes y 5.000 estudiantes en Palestina. Joan Pedro Carañana, integrante de esta red, explica que el academicidio consiste en el exterminio sistemático de la educación y la investigación: “es escandaloso que Israel haya bombardeado todas las universidades en Gaza, que haya asesinado a miles de personas del ámbito educativo y científico y que más de 90.000 estudiantes no puedan asistir a la universidad”. El academicidio es, por lo tanto, “un vector clave del genocidio que no solamente buscar matar personas relacionadas con el pensamiento, sino también privar a un pueblo entero de su derecho al conocimiento, a la palabra y a la memoria”, apunta.
Debido a la dificultad para encontrar a las personas asesinadas debajo de las piedras, el número de víctimas será superior al hasta ahora contabilizado. La red tiene en cuenta para ello diversas fuentes como Naciones Unidas o Scholars against the world in Palestine, además de otras. A esto hay que añadir que, según el Sindicato de Periodistas Palestinos, al menos hay 140 periodistas asesinados desde el 7 de octubre de 2023. Antes de esa fecha, Carañana detalla cómo en enero del pasado año había contabilizados 902 crímenes, violaciones y castigos por las fuerzas de ocupación israelíes cometidos durante 2022. “Se trata obviamente de silenciar a la víctima y que ni siquiera pueda protestar y alzar su voz para transmitir su punto de vista. Es parte de la deshumanización que va aparejada al genocidio” concluye.
Netanyahu mostró en la asamblea de Naciones Unidas, dos semanas antes de los ataques de Hamás, un mapa en el que aparecían Gaza, Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán como parte de Israel
El derecho a la autodeterminación del pueblo palestino
Netanyahu mostró en la asamblea de Naciones Unidas, dos semanas antes de los ataques de Hamás, un mapa en el que aparecían Gaza, Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán como parte de Israel. Es decir, quiere ese territorio, pero sin los palestinos, como apunta Rodríguez. Ante la complejidad de la denominada solución de dos Estados, ella recuerda que hay quienes defienden como idea más justa e igualitaria un Estado único en igualdad en lugar de un Estado donde solamente haya derechos para una etnia o religión. De hecho, hay muchas personas palestinas que fueron expulsadas en 1948 y 1967 para quienes Naciones Unidas contempla su derecho al retorno con una resolución para poder volver a las casas donde nacieron y que les quitaron a través de la Ley de Bienes de Ausentes.
Para Wahed, la autodeterminación del pueblo palestino está presente en todo momento y es algo a lo que no van a renunciar. “Quiero recordar que esta llamada solución de los dos Estados no es una reivindicación palestina. Este es un plan occidental, planteado por George Bush, que fue acogido como la solución por la comunidad internacional. Nosotros la hemos adoptado, pero nuestra reivindicación original desde Palestina es un Estado democrático y laico para todos los ciudadanos”. A esto añade que las personas palestinas viven hoy en un Estado que Israel ocupa prácticamente el cien por cien de la Palestina histórica, pero con dos sistemas: uno de democracia para los judíos y otro de apartheid para los palestinos.
Por eso argumenta que la cuestión va más allá del pueblo palestino y que es necesario invertir en la cultura de paz poniendo como ejemplo el hecho de que en los últimos años la mayoría de los países de la OTAN ha aprobado el incremento de la inversión militar en al menos el 2% del PIB. El embajador de Palestina en España plantea que la solución pasa por destinar parte de ese PIB a fomentar la cultura de la paz, ya que en ello radica la solución para combatir la guerra con la paz, la pobreza con la inversión por el futuro o el hambre con destinar parte de estos recursos a luchar contra el cambio climático y la desertificación de la tierra. “Esta es la solución no solamente para Palestina, sino para toda la humanidad”.
Carañana, por su parte, considera que convendría prestar atención a lo que están diciendo las personas de Palestina, donde daban la bienvenida a este reconocimiento como un paso adelante, pero con la necesidad de profundizar y llevar a cabo medidas más allá de esto. El camino, según estima, pasa por discutir las fronteras del Estado que ha sido reconocido y cómo se va a hacer efectiva la construcción de ese Estado en un contexto de ocupación por el ejército israelí para, a partir de ahí, intensificar la presión sobre Israel con la que se vea forzado a llegar un alto el fuego y fomentar un proceso de paz.
Recientemente la Acampada por Palestina de Madrid ha decidido levantarse y dejar la explanada de la Universidad Complutense en la que estaba no sin antes dejar plantado un olivo por la paz. Lo hacen con la firmeza de que la lucha por los derechos humanos sigue en otros espacios, donde, como Erausquin explica, tendrán que articular toda la fuerza que se ha conformado para poder continuar luchando por la causa palestina.
Mientras, en la RESCOP acentúan la complejidad de que pueda existir un Estado de Palestina con soberanía en la situación actual. “La política de hechos consumados que está desarrollando Israel en la Cisjordania ocupada pone bastante en duda si realmente este es un proceso que tiene las garantías mínimas para salir adelante”, declara Sánchez destacando que el presente y el futuro se tienen que plantear desde un enfoque decolonial ante las políticas de régimen colonial que está llevando a cabo Israel.
“La llamada solución de los dos Estados no es una reivindicación palestina. Este es un plan occidental, que fue acogido como la solución por la comunidad internacional”
Para poder garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, Sánchez estima que primero debe haber un proceso de rendición de cuentas por parte de quienes han vulnerado de manera sistemática los derechos del pueblo palestino en su conjunto. “Si queremos que se produzca una negociación, las partes deben estar en igualdad de condiciones porque ahora mismo es situar a alguien que ha estado sufriendo abusos durante décadas con alguien que los está perpetrando”.
De este modo, explica que debe haber dos procesos: por un lado, Israel debe sentarse en los tribunales internacionales para ser juzgado por los crímenes de guerra, apartheid y genocidio cometidos contra la población palestina; por otro, se debe preguntar a la población palestina cómo quiere gestionar ese proceso de autodeterminación para no imponer un margen colonial que no deja decidir a las personas que tienen que hacerlo sobre su propio destino.
Finalmente, Rodríguez recuerda que la autodeterminación del pueblo palestino es un derecho que ha sido ratificado de forma abrumadora a través de una resolución de la asamblea general de Naciones Unidas. Sin embargo, como contrapone, el problema reside en que el Parlamento israelí votó también recientemente con una abrumadora mayoría en contra del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Se trata de una cámara donde apenas hay representantes parlamentarios que defiendan la paz y el fin de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.
“Hay que construirlo todo para fomentar una cultura de paz”, subraya Rodríguez. Esto abarcaría programas educativos desde la infancia que se consoliden en los institutos y la universidad que estén atravesados con elementos que pongan el foco en la cultura de paz y los derechos humanos; la sustitución en los medios de comunicación de la transmisión de la cultura de guerra, que además se lleva premios, por la cultura de paz o una modificación de los sistemas de voto y veto en las Naciones Unidas para alcanzar unos mecanismos más justos de respeto mutuo entre Estados sustituyendo la imposición por el multilateralismo. Es decir, en definitiva, una tarea para la defensa de la población palestina y los derechos humanos a largo plazo que se tiene que activar desde múltiples campos como el político, el social, el mediático y el jurídico.
Este material se comparte con autorización de El Salto
