Foto: Trabajadores migrantes en Dubai. Paul Keller(cc.2.0)

“Discriminación racial estructural”, así describe un informe de la relatora especial sobre racismo de Naciones Unidas, Tendayi Achiume, el mal que subyace al sistema migratorio de Qatar, un país en el que viven 2,8 millones de personas, de las que 2,5 millones son extranjeros provenientes de 70 países distintos y siete de cada diez residentes engrosan las filas de la mano de obra barata extranjera.

El documento, presentado recientemente tras la visita a finales de 2019 de Achiume al pequeño país del Golfo, dibuja una sociedad de castas de facto, en la que el acceso a derechos se define por la procedencia: europeos, estadounidenses y árabes son recibidos en muchas mejores condiciones que los inmigrantes que provienen del subcontinente indio o los países subsaharianos. Y entre estos últimos, por ejemplo, los bangladesíes se encuentran en peores condiciones que los inmigrantes indios.  

El caso de Qatar, que a finales de 2019 estaba preparando gracias a la mano de obra migrante las infraestructuras para el Mundial de fútbol inicialmente previsto para este año —mano de obra que en cuestión de meses se vería atrapada y sin derechos— es paradigmático de cómo los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), que une al mismo Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Bahrein y Arabia Saudí entienden el trabajo extranjero. 

Bastas poblaciones migrantes con escasos derechos. Esa es la combinación que ha dinamizado la economía de los países de la región por décadas. Mucho petróleo, una población limitada y una alta demanda de mano de obra han hecho de países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar un Dorado para millones de personas para las que sus países de origen no ofrecen oportunidades. Africanos, asiáticos engrosan las filas de unas minorías que no son tan minoritarias.

Bastas poblaciones migrantes con escasos derechos. Esa es la combinación que ha dinamizado la economía de los países de la región por décadas. Mucho petróleo, una población limitada y una alta demanda de mano de obra

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que se calcula que en Arabia Saudí la población extranjera supone en torno a un 30% del total, en Bahrain, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos las personas migrantes suponen más de la mitad de la población. En los dos últimos casos, ocho de cada diez habitantes son trabajadores extranjeros. Con la crisis pandémica, colapsó la situación de los 35 millones de migrantes que viven en los países de la GCC junto a Líbano y Jordania. Migrantes que en 2017 habrían enviado 124.000 millones en remesas, siendo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, el segundo y tercer país del mundo en volumen de remesas enviadas al exterior, respectivamente. 

Con la residencia asociada únicamente al trabajo, la ausencia de un contrato laboral implica la entrada en un status ilegal. Las políticas migratorias de estos países no incluyen residencias permanentes de manera independiente a un empleo. Llevar 20 o 30 años trabajando en uno de estos países no lleva aparejado derechos de ciudadanía. Así, con la paralización de la economía derivada de la emergencia sanitaria, muchas de estas personas se hacían prescindibles, desechables. Al principio de la pandemia fueron muchos quienes fueron forzosamente repatriados a sus países de origen. Otros demandaban volver ante las duras condiciones sobrevenidas.

A finales de abril un informe de Amnistía Internacional denunciaba la situación en la que se encontraban estos migrantes enumerando el impago de sus salarios, el trabajo forzoso, condiciones riesgosas en el desempeño de su actividad, o la insalubridad de las viviendas como los principales problemas, resultado de un sistema en el que su estadía en el territorio depende de su empleador, que en el caso de extremo saudí debe dar incluso permiso al trabajador para salir del país. 

Pero los países a los que retornan atraviesan momentos duros de la crisis sanitaria —es el caso de India donde el número de contagiados recientemente ha superado el millón— y sufren una contracción económica que deja a las personas retornadas sin alternativas. A finales de junio, el ministro bangladesí de Exteriores anunciaba un fondo de 85 millones de dólares para hacer frente a la inserción de cientos de miles de retornados. Meses antes, la RED de Migraciones de Naciones Unidas (UNNM) solicitaba a los estados suspender los retornos forzosos “para proteger la salud de las personas migrantes y las comunidades, y respetar los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su status”.

Entre las organizaciones de derechos humanos que han reclamado que se detengan estas repatriaciones forzosas está Migrant Forum en Asia, institución que hace corresponsable tanto a los países de destino como a los países de origen de organizar operaciones de repatriación sin las garantías sanitarias necesarias, o que no comprenden ningún mecanismo de reparación ante la pérdida de trabajo. Para esta organización este procedimiento constituye una grave violación de los derechos laborales.

En efecto el regreso forzoso de miles de migrantes, que va en aumento a medida que se reabran las fronteras, supone un desafío para sus países de orígenes, muchos no cuentan con sistemas de salud que puedan garantizar las pruebas o cuarentenas correspondientes, por lo que se teme que estos movimientos de población comporten además un nuevo riesgo de contagio.

Así Kuwait puede decretar de un plumazo la expulsión de 200.000 bangladesíes, otros tantos millares de migrantes indios vuelven con las manos vacías a sus casas. Las herramientas para luchar por compensaciones, salarios por pagar, y demandas relativas al ámbito laboral son escasas. La epidemia ha permitido poner de nuevo en evidencia los peligros del sistema de Kafala, el mecanismo por el cual, las personas migrantes que acuden a trabajar en estos países deben contar con un sponsor, un empleador del que acabará dependiendo su posibilidad de permanencia en el país, ligada al contrato. Durante décadas se han denunciado los abusos cometidos en el marco de este sistema por el cual el empleador puede permitirse abusos impunes, restringir la movilidad del trabajador al retener su documentación, etc.

En estas circunstancias son muchos quienes acaban viviendo en situación irregular dada la expiración de sus contratos, a veces decididas unilateralmente por el empleador. Ya en el mes de abril en Kuwait miles de inmigrantes en situación administrativa irregular fueron amnistiados para que volvieran a sus casas. Ante la situación de incertidumbre vital en la que caen muchos de estos trabajadores una vez expirados sus contratos, se incrementan los planes de retorno voluntario. Dado que la crisis económico ha acabado con los recursos de muchos de estos migrantes, dependen de los países de origen o destino para volver.

A principios de julio eran 35.000 los ciudadanos de Sri Lanka que querían regresar tras el fin de sus contratos. Se calcula que solo Arabia Saudí ha perdido un millón de empleos para trabajadores extranjeros. Sri Lanka, que recibe anualmente 7.000 millones de euros de remesas —cifra que habría descendido un 19% este año, según el Banco Mundial— necesita seguir exportando su excedente: Mano de obra barata. Para ello el país quiere poner en valor el no haber sido afectado por la epidemia. Dado el panorama que enfrentan los países árabes la apuesta sería por otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, o Hong Kong. También apunta a Israel.

El caso de India es paradigmático: unos 20 millones de ciudadanos de este país trabajan en el exterior, la mitad de ellos en los países del Golfo y Arabia Saudí. Al menos uno de cada diez deberán afrontar un retorno forzoso

Para los ciudadanos de países como Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal o Filipinas migrar a estos países es una forma de vida. La única. Muchos de ellos proceden de los sectores sociales más pobres y acaban engrosando las filas de gremios como la construcción o el trabajo doméstico, que en varios de estos países ni siquiera está reconocido como trabajo. Para emprender esta ruta migratoria es necesario en muchos casos invertir grandes sumas en las agencias de reclutamiento. Obligados ahora a regresar a sus países donde no cuentan con un horizonte futuro muchos aguardan el momento del retorno. El caso de India es paradigmático: unos 20 millones de ciudadanos de este país trabajan en el exterior, la mitad de ellos en los países del Golfo y Arabia Saudí. Al menos uno de cada diez deberán afrontar un retorno forzoso.

Junto a los países asiáticos citados, otro de los principales países de origen de la migración en la región es Egipto. En este país, cuyos emigrantes suelen ocupar puestos de trabajo de perfil técnico en el  esquema laboral jerarquizado bajo lógicas raciales, se espera que regresen un millón de compatriotas. Vuelven a un país inserto en su propia crisis que se ve ante el desafío de afrontar el regreso de profesionales que hasta entonces, con sus remesas, apuntalaban la economía del país. Como Sri Lanka, Egipto se plantea reorientar la exportación de mano de obra, la mirada puesta en Europa y su demanda de trabajadores en los ámbitos agrícolas o de cuidados.

Entre quienes apuestan por los países árabes para migrar desde África quienes se han llevado la peor parte en los últimos meses han sido los etíopes. Varados hace semanas en un Líbano en crisis desde donde denunciaban un trato racista, durmieron a las puertas de la embajada en Beirut hasta lograr su repatriación. Peor suerte tienen los miles de etíopes que siguen varados en Yemen, bloqueados en plena ruta migratoria en un país en conflicto donde se extiende el coronavirus, muchos han sufrido la extorsión de los traficantes de hombres y ahora el rechazo de parte de la población Yemení que les considera culpables de la extensión del virus.

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