Ciudad de México | Desinformémonos. “No se trata de que consulten, se trata de que pidan permiso” a los pueblos sobre qué se hará en sus territorios, aseguró el abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) Carlos González, durante una reunión en la alcaldía de Milpa Alta tras la suspensión de las asambleas vecinales organizadas por el gobierno capitalino para hacer la consulta pública sobre el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa de Ordenamiento Territorial (PGOT), a los que se oponen las comunidades.

Durante su participación en la Asamblea de Pueblos Originarios de Milpa Alta realizada este domingo, González explicó que la principal “molestia” de los pueblos de la alcaldía, y particularmente del pueblo de San Pedro Atocpan, es la manera en que las autoridades han impulsado el PGD y el PGOT, que “pretenden poner una parte considerable del suelo de conservación y de las tierras ejidales y comunales a disposición del mercado inmobiliario”.

“Es un proyecto que entre otras cosas busca detonar como polos de desarrollo los pueblos de Tecómitl y Topilejo a partir de elevar la conectividad, crecer las vías primarias y densificar el uso de suelo para vivienda y servicios”, señaló el abogado en Milpa Alta, donde comuneros de Atocpan bloquearon vialidades en protesta contra los programas capitalinos y la simulación de las consultas.

González precisó que las autoridades “han hecho reuniones casi secretas, han pretendido una consulta simulada, han tratado de firmar protocolos a espaldas de los pueblos”, lo que viola los derechos de los pueblos, barrios y comunidades residentes en la Ciudad de México.

“Se ha dado un proceso de consulta simulado que violenta derechos fundamentales”, añadió el abogado, que recordó que el gobierno de la Ciudad de México no cumplió con los protocolos de consulta que debían aplicarse en los pueblos.

“Desde agosto la jefa de gobierno emitió una convocatoria en la que se señalaban características de la consulta, qué y a quiénes se iba a consultar, en qué tiempos y quiénes se iban a hacer cargo. Esto sin embargo debía ser pactado con los pueblos a través de los protocolos de consulta. Cuando se dieron cuenta de que estaban pasando por encima de este elemento hicieron firmas en reuniones con dos, cinco o hasta diez personas, sin consentimiento de los pueblos”, explicó.

De acuerdo con González, lo que debe exigirse es que se restituya la legalidad de los derechos violentados por las autoridades, que se cancele la consulta “y no sólo se suspenda”, y que en lo futuro se agregue el elemento agrario a los planes de la Ciudad que reconozca que son los pueblos, a través de sus asambleas comunales, “en quienes está depositada la capacidad de decidir”.

La suspensión de las asambleas vecinales para consultar a los pueblos sobre el PGD y el PGOT sucedieron luego de las protestas y bloqueos que encabezaron el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, y San Pedro Atocpan desde el pasado 1 de diciembre.