Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. “No hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño, así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del ejército están involucrados”, denunciaron organizaciones de derechos humanos, tras el asesinato de seis migrantes a manos de militares en Villa Comaltitlán, Chiapas, el pasado 1 de octubre.

“Esta no es la primera vez que la política de contención y militarización del control migratorio termina con la vida de población en movilidad, bajo el argumento de ‘sospechas’ o ‘repeler agresiones’, sin que se compruebe que las personas de los autos o camionetas agredan a los elementos castrenses”, denunciaron los colectivos y organizaciones en un comunicado, en el que condenan la violencia perpetrada por las fuerzas armadas cuando abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban 33 personas hacinadas de distintas nacionalidades.

Reiteraron que la muerte de los seis migrantes, además de las 12 personas heridas por el ataque, es resultado de la política migratoria “sin enfoque de derechos humanos” por la que ha optado el Estado mexicano, “haciendo uso de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, la Marina o el ejército, incluso, como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”.

Por su parte, denunciaron que debió ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y no el Instituto Nacional de Migración (INM), la institución que recibiera a los 17 migrantes que resultaron ilesos del ataque, pues se les debe otorgar “medidas de asistencia urgente, así como las de rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición”.

“No dejaremos de evidenciar cómo una política migratoria de contención y la militarización de las revisiones migratorias matan y dejan en desprotección a todas y todos, perpetúan la impunidad y la injusticia”, aseguraron las organizaciones, que insistieron en el “peligro” en el que el poder de las fuerzas armadas pone a la población.

A continuación el comunicado completo: