Han pasado 30 días desde que sujetos hasta ahora desconocidos entraran al domicilio de las reporteras Flor Goche (del portal de noticias Desinformémonos) y Elva Mendoza (de la revista Contralínea), en el Distrito Federal, y les sustrajeran archivos periodísticos y dos computadoras que albergaban sus investigaciones.
A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) no ha elevado a averiguación previa el acta circunstanciada que, a petición de las periodistas, inició por los hechos. Por ello, y por las omisiones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual son beneficiarias, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este 8 de octubre.
Goche, quien actualmente labora en este medio de información, explica que esta queja nace de la pasividad del Mecanismo que hizo caso omiso a su solicitud de ayuda. Ella accionó, sin éxito, el botón de pánico que esta instancia le otorgó meses antes, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de los integrantes de la revista Contralínea para la que entonces trabajaba.
Este dispositivo, parecido a un pequeño celular, es entregado por el Mecanismo cuando hay una situación de emergencia y, en teoría, te deben contestar a través del mismo aparato para corroborar la amenaza.
“Como no me contestaban cuando apreté el botón de SOS, apreté al número 1, que me comunicó con el operador 8 de la empresa subcontratada que atiende la llamada. Ellos fueron quienes enviaron a mi domicilio a dos agentes de policía”, explica Goche.
Sin embargo, la periodista siguió accionando el botón número 2, que en teoría la redirige con un integrante del Mecanismo. La comunicación telefónica fue con el funcionario Roberto Reyes, que al saber lo sucedido, se negó a la petición de Goche para que enviaran a peritos que pudieran sacar huellas o tomar fotografías en su departamento, alegando que no tienen facultades para realizar dicho trámite. Pocos minutos después, Reyes se retractó y le dijo que enviara copia de la averiguación previa para que ellos pudieran intervenir. Ante la insistencia de la reportera de Desinformémonos para que le apoyaran con asistencia ante el Ministerio Público, el funcionario le espetó que es responsabilidad de su medio de comunicación realizar el acompañamiento y la asesoría jurídica.
Goche escribe en la queja que Roberto Reyes eludió su responsabilidad de orientarla respecto de la necesidad de acudir a una agencia o fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Otro aspecto de la queja está dirigido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, quienes no elevaron el rango de averiguación previa el acta circunstancial del caso.
Que se inicien las averiguaciones previas es clave para que así el Mecanismo pueda integrar su caso como expediente. En la actualidad, bajo este régimen, es como si el allanamiento a las reporteras jamás hubiera existido a ojos del propio Mecanismo.
