El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa presentó un balance de la segunda etapa de su trabajo en la investigación de lo ocurrido en la noche del 26 de Setiembre en Iguala, en donde cinco personas murieron y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos continúan desaparecidos.

El centro de esta etapa consiste en investigar nuevos escenarios de búsqueda y realizar las diligencias pertinentes para eso.

En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, agregaron evidencias que rechazan la hipótesis oficial de que el destino final de los 43 fue el basurero de Cocula en dónde según la versión original de la Procuraduría General de la República habían sido incinerados.

Dos nuevas evidencias descartan el incendio. Por un lado, el registro de la lluvia y por otro, las imágenes satelitales que desmientes la existencia de un incendio en ese tiempo y espacio.

Un estudio de un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, realizado el 30 de septiembre de 2015, señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo una precipitación acumulada de 21,8 mm entre el 26 de septiembre y de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014. Aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar.

A eso se suman los registros o fotografías satelitales que muestran que muestran un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que: “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.

“El GIEI considera que este análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas en su informe y que debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio”.

En el informe presentado en Setiembre pasado, el GIEI ya había descartado esa versión basándose en informes realizados especialmente para su investigación por el perito José Torero, que fueron concluyentes en negar esa versión. La PGR insistió en hace un nuevo peritaje y el GIEI aunque advierte que no es necesario, trabajan en conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.

El GIEI señaló también que “no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero, por lo que pide no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.”

El tiempo trascurrido es un escollo (y cuanto más pase más lo será) y resulta fundamental para el GIEI que la evidencia que se recoja por el nuevo equipo designado por la PGR “se procese de manera independiente, porque puede llevar a datos no fiables debido a que han transcurrido 14 meses desde los hechos”. También, señaló la importancia de que no se fragmente la investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en el caso. Es decir, que haya una única investigación del global y no de pequeños fragmentos, pero sobre todo que se acumule a la investigación que ya se ha venido realizando durante el último año, con participación de peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al igual que en otros escenarios.

La hipótesis más fuerte tiene que ver con el papel del 5° autobús en que viajaban normalistas, que fue descubierto en la investigación y posterior informe presentado por el GIEI en Setiembre.

Por último, la otra veta que señala para conseguir información nueva tiene que ver con el personal militar del Batallón 27, que participaron esa noche de la represión desatada contra los normalistas. “Hay que recordar que, durante 9 meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 y de que estas eran muy relevantes sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del ejército, tal como alertó el GIEI”.

Once militares se han presentado a dar o ampliar su declaración su declaración, pero el GIEI no ha tenido acceso al interrogatorio realizado por el Ministerio Público. “Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos clave pendientes de profundizar, pues no se responden ni se evalúan.”

El GIEI insiste en la necesidad de re-entrevistar a todos los militares que están identificados y que fueron señalados como testigos claves de diferentes hechos, y que debe estar presente en esas entrevistas para evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar y profundizar “conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves”.