Ciudad de México | Desinformémonos. Once mujeres que fueron detenidas y abusadas por policías en San Salvador Atenco, Estado de México, hace once años, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el ensañamiento contra sus cuerpos como medida de control social ordenada desde el Estado. “La tortura física, sexual y sicológica que enfrentaron los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que aún enfrentan”, indicaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones que las representan.

Una a una relataron a los jueces internacionales el proceso de tortura y el resto de las faltas al debido proceso durante su detención arbitraria en Atenco, hecho por los cuales hasta la fecha no hay un solo detenido ni sentenciado, a pesar de las pruebas que se han presentado durante más de una década.

“Las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica”, indicaron las organizaciones que las acompañan.

A continuación el comunicado íntegro difundido por el Centro ProDH

Concluyó la segunda jornada de audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que once mujeres —a través de sus historias— dieron a conocer el relato de una realidad que se ha perpetuado en México de manera preocupante.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, como organizaciones representantes, reconocemos la dignidad de la lucha de estas once mujeres, que han protagonizado una búsqueda incansable para alcanzar la justicia y el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido.

Las once mujeres de Atenco representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado: el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

Los días 3 y 4 de mayo del 2006, fuerzas policiales irrumpieron para sembrar terror en San Salvador de Atenco, a partir de un operativo diseñado por autoridades y monitoreado en tiempo real, con el objetivo de “reestablecer el orden”.

Las detenciones arbitrarias de las once mujeres se enmarcan en la captura indiscriminada de más de 200 personas. Éstas devinieron en el ensañamiento contra sus cuerpos como mecanismo de control social. La tortura física, sexual y sicológica que enfrentaron los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que aún enfrentan.

A partir de estos hechos, sus historias y sus proyectos de vida cambiaron para siempre. Lejos de sancionar los hechos ocurridos, todas las denunciantes, tras la tortura sexual de Atenco, fueron acusadas, estigmatizadas, revictimizadas y procesadas por delitos que nunca fueron probados.

A día de hoy no hay una sola persona sancionada por lo ocurrido a las denunciantes, habiéndose llevado a cabo investigaciones que dejan constancia de una serie de faltas al debido proceso.

Como organizaciones representantes, exigimos que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria, que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad. Esto sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes y conducentes a poner fin a la impunidad.

También le exigimos al Estado mexicano que adopte políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida.

Por último, exigimos al Estado que adopte las medidas de no repetición y consiga los recursos necesarios con el objetivo de acabar con las causas de las violaciones, para superar los obstáculos estructurales que impiden del gozo pleno de los derechos de sus habitantes.

Hace más de once años desde que ocurrieran los hechos denunciados, hechos que no son aleatorios ni aislados, sino que pertenecen a una estrategia de represión social, sostenida a través de la impunidad. La audiencia pública ante la Corte IDH, ha representado para estas once mujeres un hito en su lucha por la verdad. Ahora es el turno de la justicia de acabar con una realidad que ha durado demasiado tiempo y de reparar las vidas rotas de quienes optaron por romper el silencio.