Van saliendo nuevos datos que confirman el papel de las fuerzas armadas en el asalto al parlamento, palacio de gobierno y Suprema Corte de Justicia en Brasilia el domingo 8 de enero. Se queda corta la sospecha de que los asaltantes (terroristas según medios y autoridades) contaron con la simpatía o el apoyo puntual de los militares, sino que ellos han sido los organizadores del evento.

Nada menos que el estadounidense The Washington Post titula el 14 de enero: “El ejército de Brasil bloqueó el arresto de los alborotadores de Bolsonaro” (https://wapo.st/3w8i5Bt). El diario asegura que el general en activo, Julio César de Arruda, le dijo a altos funcionarios del gobierno de Lula, entre ellos el ministro de Justicia Flavio Dino: “Aquí no vas a arrestar a la gente”.

Esa demora le dio tiempo a miles de acampados frente al cuartel militar de Brasilia para retirarse evadiendo la prisión. El diario encuentra un “patrón preocupante”, en la “colusión de militares y policías” con los asaltantes de las principales instituciones de la República. Asegura incluso que un alto oficial de la Policía Militar impertía órdenes en el momento del asalto.

“Antes del domingo (8 de enero), los militares habían impedido en dos ocasiones a las autoridades desalojar el campamento bolsonarista”, explica el Post en base al testimonio de un ex comandante de la policía militar de la capital.

Sin embargo, el periódico opera en la misma dirección que los medios brasileños y el propio gobierno de Lula, al atribuir el asalto a personajes aislados dentro del ejército y del empresariado. El ministro Dino, ex comunista, asegura que el intento de golpe no lo financiaron instituciones sino actividades económicas ilegales, como la minería y el agronegocio ilegales, y los que trafican con pesticidas y fertilizantes, y ocupan tierras indígenas y fiscales.

Nada más alejado de la realidad. Las fuerzas armadas están implicadas como institución en el asalto de Brasilia. El antropólogo Piero Leirner, que lleva 30 años investigando las fuerzas armadas de Brasil, asegura en una entrevista a Folha de Sao Paulo que “comparar los ataques en Brasilia con el Capitolio oculta el papel de los militares” (https://bit.ly/3IYrXp1).

Aporta muchos datos concretos: entre los asaltantes había militares en la reserva y parientes de militares; miles estuvieron meses acampados frente a cuarteles y al costado de Centro de Inteligencia del Ejército en Brasilia; el general Villas Boas (que difundió un tuiter el día que iba a ser juzgado Lula, para que lo encarcelaran) se paseó en coche en el campamento de Brasilia.

Por eso concluye que “los militares estaban dando una dirección a este movimiento y apoyando los campamentos”. Si el Ejército se hubiera pronunciado en algún momento diciendo que las elecciones fueron legitimas, el movimiento se hubiera diluido ya en noviembre cuando comenzaron los campamentos. Más aún, asegura que si ellos no hubiera tenido interés, “las invasiones no hubieran ocurrido”.

Lo que existe, enfatiza Leirner, es un proyecto de larga duración de generar un centro político débil, que permita cocinar “una arquitectura legal que permita el blindaje efectivo de los militares”, ya que los uniformados observaron con horror lo sucedido en Argentina luego de la dictadura cuando las juntas fueron juzgadas y procesadas.

En este sentido, Bolsonaro y el bolsonarismo son muñecos de paja destinados a absorber las críticas a la gestión que, en los hechos, correspondió a las fuerzas armadas que ejercieron miles de cargos en su gobierno. Cree incluso que pueden promover una nueva ley anti-terrorista, más dura aún de la que aprobó Dilma Rousseff en 2016, destinada a bloquear a los movimientos sociales.

Los ejemplos de Perú, Colombia, Ecuador y Chile deberían ser abordados como nuevas manifestaciones del “terrorismo”, como viene afirmando la presidenta Dina Boluarte en Lima.

Pero los empresarios también están cerrando filas contra la democracia y el gobierno de Lula. El 16 de enero se produjo un golpe en la Fiesp (Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo), la principal asociación empresarial de Brasil. Una asamblea de sindicatos empresariales destituyó al presidente, José Gomes da Silva, por haberse pronunciado a favor de la democracia durante la campaña electoral, que en los hechos fue un apoyo a Lula (https://bit.ly/3Wd013T).

Según el diario conservador Folha de Sao Paulo, el articulador de la destitución fue Paulo Skaf, que dirigió la Fiesp durante 17 años y fue uno de los principales apoyos de las manifestaciones pos 2013 contra el PT y por la destitución de la presidenta Rousseff en 2016.

En suma, Lula está siendo acorralado por la alianza militar-empresarial que no busca derribarlo sino imponerle condiciones. La principal de ellas, según la docente de la Escuela Florestán Fernandes del MST, Silvia Adoue, es mantener el control militar de la Amazonia, la principal fuente de recursos de Brasil y base de las cadenas de valorización y acumulación de capital a escala global (https://bit.ly/3HdjuwW).

En toda América Latina estamos transitando hacia un nuevo modelo de sociedad. “Las fuerzas armadas brasileñas mapearon y abrieron el territorio a la explotación intensa, sea de agropecuaria o de minería”, señala Adoue. Los militares se aseguraron en democracia el control de esos territorios y durante los cuatro años de Bolsonaro “el control militar sobre la Amazonía aumentó, organizando y garantizando la actividad extractiva, tanto la legal como la ilegal”.

Por lo tanto necesitamos dos pasos de la izquierda de abajo: el primero es clarificar que el verdadero poder son los militares; el segundo es debatir qué vamos a hacer ante esto, porque tienen las armas, son el poder detrás del trono presidencial y no se van a sujetar (nunca lo hicieron) a la inexistente “legalidad democrática”.