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Más de 20 mil 300 personas, la mayoría indígenas, fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2017: CMDPDH

Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. En 2017, la violencia en las entidades mexicanas provocó que 20 mil 390 personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares ante los riesgos y la inseguridad, y en ese mismo año se registraron 25 movimientos de desplazamiento forzado masivo, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Hasta diciembre del 2017, la cifra total de desplazados contaba con 329 mil 917 personas, pero el número no incluye a las familias o mexicanos que no se desplazaron en grupo, sino sólo los casos en que comunidades enteras huyeron de sus pueblos, explicó el director ejecutivo de la CMDPDH, José Guevara.

Un 60 por ciento de los desplazados en 2017 pertenecía a la población indígena, principalmente de los pueblos nahua, tsotsil, rarámuri, tepehuenes, purépecha y mixe.

“El gobierno conoce la cifra”, señaló Guevara, pero no quiere difundirla porque implicaría “reconocer el tamaño del problema y la existencia de un conflicto armado”. De acuerdo con sus estimaciones, el número de desplazados en México podría superar incluso el millón de personas.

Concretamente en 2017, las entidades que registraron mayor movimiento de desplazamiento fueron Chiapas, donde la violencia en las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán movilizó a más de 6 mil personas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Chihuahua.

De los desplazados, siete de cada diez huyó por la presencia de grupos armados en sus comunidades que atacaron sus negocios, los amenazaron y practicaron reclutamiento forzado, mientras que la tercera parte de las víctimas se vio desplazada por los conflictos territoriales.

“Urge que el gobierno mexicano reconozca esta problemática. Urge que las instituciones como el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la CEAV incorporen medidas de atención integral y diferenciadas para las víctimas de desplazamiento interno forzado”, indicó Maricela Orozco, defensora de derechos humanos veracruzana, cuyo hijo fue secuestrado y enterrado junto con al menos otras 300 personas en en Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.

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