Foto: Miguel Ángel Valero

El pasado jueves 5 de abril cientos de peruanos y peruanas se concentraron en la plaza San Martín del centro de Lima para recordar que hace 26 años del autogolpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori. El dictador, que en 1993 impuso una Constitución política que daba carta de naturaleza al expolio neoliberal del país y la vulneración de los derechos humanos, entre 2007 y 2015 fue condenado en varios procesos a penas que sumaban hasta 52 años de prisión por delitos que iban desde la usurpación de funciones, corrupción y espionaje hasta homicidio agravado y secuestro.

No obstante, el pasado 17 de diciembre Fujimori recibió un indulto presidencial por parte del recientemente descabezado Pedro Pablo Kuczynski, un indulto plagado de irregularidades fruto de un mal cálculo político por parte del mandatario que lo llevó a cabo, de tal manera que el dictador apenas cumplió una década de condena. Por ello, las limeñas concentradas el pasado jueves reiteraron que el fujimorismo –ampliamente representado en el Congreso– debe desaparecer y el déspota que lo fundó debe volver a prisión para purgar las penas correspondientes a los delitos cometidos.

Desde que llegó al Gobierno en 1990 y hasta su salida en el año 2000, con el golpe de Estado de por medio y la promulgación de la Constitucion de 1993, Fujimori cometió una serie de delitos que el pasado jueves volvieron a ser recordados con el objetivo de denunciar la impunidad que supuso su indulto. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso –grupo terrorista señalado por obrar a instancia y con el apoyo estadounidense a fin de promover un estatu quo neoliberal en Perú–, el fujimorato cometió crímenes de lesa humanidad en un ambiente de corrupción generalizada que aún hoy perdura.

Es por ello que artistas, activistas de izquierda así como familiares y víctimas directas de la dictadura salieron a la calle en el vigésimo sexto aniversario del golpe para exigir que Fujimori vuelva a la cárcel. En 2007, después de ser extraditado por Chile tras pasar siete años huido en Japón, su primera sentencia condenatoria lo consideró culpable de hacer pasar por fiscal a un militar que allanó ilegalmente la casa de la esposa del asesor del gobierno, Vladimiro Montesinos, quien se había grabado comprando voluntades en favor del Ejecutivo fujimorista. El presidente fue condenado a seis años de prisión.

En 2009 Fujimori fue condenado de nuevo, esta vez acusado de ser autor mediato del asesinato en 1992 de nueve alumnos y un profesor de la universidad de La Cantuta y de otras 15 personas, incluido un niño de ocho años, en el distrito limeño de Barrios Altos, a manos del grupo paramilitar Colina. Por estos hechos y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ocurridos el mismo año en el marco del autogolpe de Estado, fue condenado a 25 años de prisión. Recientemente la Sala Penal Nacional reabrió el caso por los crímenes de Pativilca, similares a los de Barrios Altos, en el quese acusa a Fujimori del secuestro, tortura y asesinato de otras seis personas inocentes con la excusa de la lucha antiterrorista.

Recientemente la Sala Penal Nacional reabrió el caso por los crímenes de Pativilca, en el que se acusa a Fujimori de secuestro, tortura y asesinato

El mismo año de 2009 también fue condenado a siete años y medio de cárcel por apropiarse de 15 millones de dólares de las arcas públicas, y a otros seis años por distintos delitos de corrupción. Su última condena fue en 2015 por desviar fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar la línea editorial de varios medios, conocidos como ‘diarios Chicha’, que apoyaron su segunda reelección.

ESTERILIZACIONES FORZADAS

Pero una de las reivindicaciones que más presencia tuvo en la convocatoria del pasado 5 de abril fue la realizada por el colectivo activista Somos 2074 y Muchas Más, que denuncian el programa de esterilizaciones forzadas llevado a cabo por el gobierno fujimorista en la década de los 90, que pretendía controlar la natalidad de la población más pobre del Perú, mujeres quechua hablantes sin recursos que fueron obligadas con coacción y violencia a someterse a operaciones de ligadura de trompas.

Según la comisión parlamentaria independiente que en 2002 investigó el caso, entre 1997 y 2000 el gobierno de Fujimori esterilizó a la fuerza a 346.219 mujeres sin recursos de todo el país, agresiones a la libertad reproductiva que se llevaron a cabo de manera coercitiva o desinformando a las afectadas, que muchas veces desconocían la gravedad y alcance del procedimiento al que se estaban sometiendo. El dictador nunca fue juzgado por estos hechos y aún hoy permanecen impunes.

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