Ciudad de México | Desinformémonos. La Ley de Seguridad Interior “no aborda las causas estructurales de la violencia ni propone medidas transformativas para superar la situación actual”, mientras que representa “un grave riesgo para los derechos humanos”, coincidieron Juan Méndez, exrelator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, Christof Heyns, exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Ariel Dulitzky, exintegrante y presidente del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI).
Los tres exrelatores señalaron que desde sus visitas a México constataron “cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país”, sino que “ha agravado las problemáticas” de desaparición de personas, tortura y malos tratos, así como de ejecuciones extrajudiciales.
Destacaron que la Ley de Seguridad Interior “carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto”, pero que además “no sólo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones” formuladas tras sus visitas entre 2011 y 2014.
“Frente a esto, sumamos nuestras voces a las de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación del texto propuesto y llamamos al senado a no adoptar la Ley de Seguridad Interior en su redacción actual”, señalaron.
