“La constitución del campo jurídico es inseparable de la instauración del monopolio de los profesionales en la producción y la comercialización de esta categoría particular de productos que son los servicios jurídicos.”

Pierre Bourdieu, La Fuerza del Derecho.

Las familias en búsqueda no son espectadoras de la justicia pronta y expedita, ni de la verdad que asoma a la superficie y emerge con contundencia como lo haría en películas detectivescas. No. No lo fue Diana Iris hace 16 años cuando comenzó a buscar a su hijo, Daniel Cantú Iris, el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arizpe, Coahuila. Recién se cumplió un año más de su desaparición y no podemos abrazar lo suficiente a su madre.

Tampoco Verónica Rosas Valenzuela esperó un minuto para buscar a su hijo, Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, quien fue desaparecido cuando apenas había cumplido los 16 años, el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec, Estado de México. Hoy, Dieguito tiene 23 años y le seguimos buscando.

La búsqueda para las familias no es cosa de paciencia, es flecha de acero. Ya sea en terreno con picos y palas, como en la construcción de leyes y políticas públicas, Verónica y Diana Iris han recorrido cada esquina del país: son testimonio vivo de la palabra “incansable”.  Los avances que hay en materia de búsqueda de personas desaparecidas se los debemos al amor enraizado de madres como ellas. Como siempre, han sido ejemplo de que la búsqueda es una acción colectiva, pues han tejido redes y formado parte de las articulaciones de familias que todos los días demuestran al Estado que encontrar no es imposible. 

Como miles de familias en búsqueda, padecen desde entonces la impasible burocracia y el laberinto del orden jurídico. Pese a que en los últimos años han proliferado las instituciones, normatividad y política pública, pero éstas no han significado los grandes cambios en la experiencia de las familias en búsqueda; la frustración sigue siendo la constante. 

Hoy por hoy, las víctimas siguen reclamando por las cámaras de seguridad, las búsquedas en campo, la entrada a cárceles, las confrontas genéticas y la notificación y entrega dignas. Diana Iris lo explica con una claridad abrumadora: “Los poderes detrás del derecho siempre nos tienden la trampa de seguir reformando, pero nunca implementar”. En efecto, a pesar de sus limitados impactos, la creación o modificación regulatoria tiene una naturaleza espectacular y noticiosa que ha resultado eficaz para distraer de los riesgos, obstáculos y omisiones que denuncian los colectivos en búsqueda cotidianamente. 

Al percatarnos de este contexto, es importante preguntarnos: ¿Qué más hacer? ¿Cómo habilitar más herramientas? ¿Cómo seguirles buscando a todxs? Las respuestas que queremos son estructurales, pero no podemos desdeñar las particularidades de cada caso; son insustituibles las estrategias diseñadas para casos y necesidades concretas. 

Por otro lado, la frialdad del Derecho siempre atraviesa toda búsqueda. Hojas y más hojas ininteligibles, reuniones con agentes del Ministerio Público donde se vierte información cifrada en el lenguaje críptico del derecho, asesores jurídicos victimales públicos o privados con los que se suele andar a ciegas por la falta de información sobre los caminos legales. Las organizaciones de la sociedad civil se ven imposibilitadas para acompañar a la cantidad desbordante de casos; de ahí que cada vez sea más frecuente que familiares en búsqueda se capaciten e incluso lleguen a estudiar la Licenciatura en Derecho para ganar autonomía en sus procesos. Desde luego, es impensable que todas las familias tengan que seguir este camino por necesidad o que todas gocen de las condiciones mínimas para hacerlo.

Lo cierto es que en el gremio de la abogacía solemos pecar de sobrada confianza y arrogante certeza. Como juristas, nos olvidamos de que parte fundamental de nuestra profesión es explicarle a quienes brindamos nuestros servicios qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Salvo notables excepciones, es difícil encontrar personas abogadas en las fiscalías, las comisiones de víctimas o el Poder Judicial que puedan comunicar conceptos jurídicos en lenguaje cotidiano. El lenguaje es poder, los abogados han sostenido el poder en la inaccesibilidad del lenguaje jurídico. Así, ser incomprensible es una forma de poder: ¿Cómo reclamar lo indescifrable? ¿Cómo contradecir si no se dialoga en los mismos códigos? 

En un proceso de despersonalización e indolencia institucional, las familias y sus seres queridos se convierten en números de carpetas de investigación para quienes tienen el deber de prestarles servicios jurídicos. En un mundo ideal, el Ministerio Público, la policía de investigación y el personal de las comisiones de búsqueda seguirían cabalmente los protocolos para agotar todas las líneas y acciones de búsqueda e investigación. El golpe de realidad es que las autoridades no actúan de manera proactiva, sino de manera reactiva a las solicitudes de diligencias, audiencias ante jueces de control, quejas en comisiones de derechos humanos o juicios de amparo. Y la enorme dificultad es que activar estos mecanismos requiere de conocimientos jurídicos especializados. 

En este tema, no podemos dejar de mencionar la escasez de servicios jurídicos gratuitos y la desigualdad económica imperante en nuestro país que constituye una barrera invencible para obtener servicios legales privados. ¿Quién va a coadyuvar en la búsqueda e investigación de más de 110 mil casos de personas desaparecidas? Las comisiones de víctimas, desmanteladas o jamás edificadas, carecen del personal suficiente para esta enorme tarea.

No se puede dejar de mencionar que las universidades no sólo tienen que aumentar la producción académica sobre el fenómeno de la desaparición de personas, sino el deber de comprometerse e involucrarse activamente en la prestación de servicios legales. Imaginemos, por ejemplo, cuántos juicios de declaración especial de ausencia podrían gestionar clínicas jurídicas de las facultades de derecho de todo el país. Se están desaprovechando miles de mentes jurídicas que podrían enfilarse a la prestación de asistencia legal en materia de desaparición.

Situación similar se presenta con los despachos privados. Mientras que en otros países existe una importante regulación sobre la obligatoriedad en la prestación de servicios legales pro bono, en México hay una discusión pendiente sobre este tema y que se tiene que dar a la brevedad. Aún cuando actualmente es voluntario, los grandes despachos deberían ver una oportunidad en refrendar la responsabilidad social empresarial, litigando gratuitamente en favor de las víctimas de desaparición. 

En cualquier caso, el panorama que hemos caracterizado demanda un giro fundamental: desmonopolizar el Derecho. Lo anterior implica que el Derecho deje de ser para los abogados y retorne a la gente, a la que tiene que servir. Sobre esta reflexión se han construido los estudios sobre empoderamiento legal, promotoría legal y educación jurídica popular, que involucran la capacitación legal y la producción de herramientas jurídicas accesibles que ayuden a atender las necesidades inmediatas de quienes no cuentan con asesoría legal de calidad.

Incontables iniciativas han surgido para la reapropiación del Derecho en favor de los colectivos de familiares en búsqueda, desde talleres, escuelas jurídicas, guías y manuales. El alcance masivo que tienen estas estrategias es de la mayor relevancia. Entre otros tantos ejemplos, este es el caso de la Guía de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, la Guía Práctica sobre Derechos de las Víctimas de IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Guía para el Uso del Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda de Migrantes Desaparecidos de la Fundación para la Justicia, el Manual de Acciones Frente a la Desaparición de la Universidad Iberoamericana o la intensiva labor de defensa social e integral que ha realizado el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, por más de 20 años.

Ahora bien, la tecnología es una aliada natural en estos esfuerzos. Un claro ejemplo es SocorroBot, de Quinto Elemento Lab, Codeando México y Técnicas Rudas, que entre sus  herramientas tiene un chatbot ideado para “asistir en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas” a través de WhatsApp. 

En esa tónica, desde el “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) presentamos nosomosexpedientes.mx. Ya en septiembre de 2020 se había dado a conocer la Guía Práctica para Familiares en Búsqueda de Personas Desaparecidas “No somos expedientes”, que “retomó las preguntas y experiencias de distintos colectivos en búsqueda de personas desaparecidas”, especialmente a raíz de talleres y articulaciones entabladas desde el Área de Educación del Centro Prodh. La guía incorporó formatos para la solicitud de diligencias básicas que las familias constantemente requieren, tales como el reporte de casos de desaparición, solicitudes de videos de cámaras de seguridad, formatos de queja ante comisiones de derechos humanos y demandas de amparo. 

A partir del aprovechamiento de la guía y de los aprendizajes sobre su potencial, este año salió a la luz nosomosexpedientes.mx, que no solamente es una versión digital de la guía, pues además de la disponibilidad electrónica de los formatos, cuenta también con formularios sencillos que se llenan en línea, y de manera automática estos escritos se generan a partir del ingreso de algunos datos. Así, la intención es que las familias en búsqueda puedan echar mano de este sitio web para que no dependan forzosamente de una persona abogada para pedir al Ministerio Público algunas de las diligencias de búsqueda básica más comunes y necesarias.

Por supuesto, no se puede obviar que existe una brecha digital y desigualdad en el acceso al internet y los conocimientos sobre el uso de la tecnología, pero nosomosexpedientes.mx, es un insumo más para allegar de herramientas a las familias para la exigencia y reconocimiento de sus derechos.

Muchas personas y organizaciones solidarias y comprometidas han acompañado a las familias en este caminar; sin embargo, todo esfuerzo debe tener la humildad de saberse insuficiente. No hay recetarios contra la impunidad y para acceder a la verdad. Ninguna idea por sí sola va a ser la respuesta epifánica que esperábamos. La realidad nos rebasa y es inasible. Se necesitan más manos, todas las manos posibles.

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* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: http://www.giasf.org), así como personas columnistas invitadas.

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos