“La disputa por los corazones y las mentes de las niñas, niños y adolescentes están en el día a día, pues la narcocultura gana espacios en los imaginarios colectivos, insertándose en los juegos y en los sueños de las infancias”, señala el informe que Melel Xojabal presenta el miércoles 23 en el Centro Cultural Carlos Jurado, en San Cristóbal de las Casas.

Melel Xojobal (Luz Verdadera en tsotsil) trabaja desde 1997 con las niñas, niños y adolescentes tsotsiles y tseltales que trabajan en mercados y plazas de la ciudad. El informe se titula “Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de las Casas” y aborda el análisis de las violencias desde su trabajo cotidiano en el mercado de artesanías de Santo Domingo, en el Mercado Popular del Sur (Merposur), en el espacio de la Plaza Catedral y Andadores, así como en un par de escuelas telesecundarias ubicadas en las periferias.

“Uno de las primeras reflexiones ha sido entender San Cristóbal como parte de un complejo entramado de una de las tres rutas más importantes del tráfico del crimen organizado trasnacional de Sudamérica a Estados Unidos y una ciudad palmera de otras rutas hacia Los Altos, Tabasco y el centro del país, lo que la coloca como un territorio en disputa para los grupos criminales locales, cárteles trasnacionales y el Estado”, explica Jennifer Haza Gutiérrez, directora de Melel desde hace más de 12 años y con más de 20 en la organización.

Quizá el problema central consiste en que los mercados “se han convertido en espacios estratégicos de la geografía política de la ciudad”, según señala el informe, ya que “son territorios con una alta actividad económica, lícita e ilícita, y bastión de votos, características que les convierten en lugares de disputa para los gobiernos, organizaciones sociales y delictivas”.

Algunos números avalan esa apreciación. En 2019 en Plaza Catedral había 800 puestos que en 2022 trepan hasta mil; Santo Domingo en 2020 contaba con 850 puestos semifijos y se expandió a 1.200 en julio de 2022. Espacios que representan entre 12 y 15 mil votos de hasta un millón de pesos por “vigilancia”, “cuotas” o simplemente cobro de piso.

En los grupos con los cuales las educadoras de Melel trabajan en calle, el promedio de edad es de ocho años, más de la mitad hablan tsotsil o tseltal y español. Entre seis y ocho de cada diez asisten a la escuela y la mitad de las familias tiene alguna experiencia de migración, a otros estados o a Estados Unidos.

El informe se adentra en los modos que el crimen adopta y en la proliferación de organizaciones: “Se habla de al menos cinco organizaciones criminales trasnacionales, del Cartel Chamula en lo local y de diversas organizaciones que desde Melel hemos denominado Asociaciones Criminales de Choque (ACC)”, destaca el informe. Los motopandilleros están ligados a estas asociaciones e integrados por jóvenes con edad que oscilan entre los 15 y 21 años, que forman grupos de gran diversidad y participan en “robos, homicidios y extorsión, huachicol, cobro de piso, narcomenudeo, invasión a áreas naturales y propiedades y renta de sus servicios al mejor postor”.

Al trabajar con las familias de niñas, niños y adolescentes, el equipo de Melel pudo saber los que abandonan o se cambian de grupos de venta de drogas (cocaína-mariguana-cristal), sus familias deben pagar fuertes sumas para evitar que las amenazas contra sus hijos se conviertan en nuevos asesinatos.

El enganche criminal

Melel Xojobal consiguió identificar la figura del “enganche” de adolescentes que se produce a edades cada vez más tempranas por los grupos criminales, “que además se aprovechan de la protección del sistema de justicia penal para adolescentes que evita penas privativas de libertad en menores de 14 años”. Esta modalidad desemboca en situaciones de trata, explotación sexual y laboral, y que una vez dentro de las los grupos encuentran enormes dificultades para abandonarlos “porque hay amenazas a la vida la de sus familiares, porque les fabricaron enormes deudas que se acumulan y no hay forma de pagar la extorsión”.

Resulta interesante y estremecedor constatar cómo la figura del enganche se vincula con las tradiciones de sometimiento de los peones acasillados a lo largo de la historia chiapaneca, en las fincas de la región. “Nos hemos topado con sorpresa que algunos adolescentes, hombres y mujeres enganchados, no reciben pago alguno; su pago es no morir, es poder salir a ver a su familia, es acceso a alcohol, es ropa, es promesa de no ser golpeado, o de día de descanso, pero no es dinero”.

Esta modalidad incluye adolescentes entre 12 y 17 año, a quienes se les encomienda bloqueos carreteros, toma de instalaciones gubernamentales, participar de acciones de choque, enfrentamientos campales, atender narcotienditas, transporte de drogas, halconeo, pandillerismo, asaltos, robos, coyotaje, homicidios y cualquier modalidad que el crimen requiera. En general, se trata de jóvenes que no estudian ni trabajan, muchas veces están inmersos en adicciones y habitan en zonas cercanas a lugares operativos de la violencia criminal.

El índice de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas y en San Cristóbal está por encima del promedio nacional. Las víctimas están entre los 14 y 16 años. “San Cristóbal además, tiene la mayor concentración de desapariciones por 100mil habitante”, afirma Melel. Las inmensa mayoría de los feminicidios fueron cometidos en los últimos años a mujeres de pueblos originarios, tsotsiles y tzeltales.

La militarización del estado completa el cuadro de violencias. Entre 2020 y 2022 se instalaron 17 bases de la Guardia Nacional, en consonancia con los acuerdos de México con el gobierno estadounidense, para frenar o contener la migración en la frontera sur.

A la hora de resumir este notable informe, debe destacarse que la edad promedio en la que los niños son captados por grupos criminales, son los trece años, aunque la edad estaría bajando. Se han detectado casos de niños y niñas reclutados desde los 7, 8 o 9 años de edad y a esas edades ya pueden estar consumiendo algún tipo de droga.

Por eso Melel Xojobal insiste en la “disputa por los corazones y las mentes” con la narcocultura, porque ella profundiza la violencia de género, desaparición, trata o feminicidio. Triste comprobar que las formas de dominación que caracterizaron a la Colonia y luego a los hacendados, cambiaron en su superficie, se modernizaron, pero siguen siendo tan opresivas y violentas como antaño.

Aunque el informe no lo dice, pero es una realidad que rompe los ojos, esto sucede en una nación donde al parecer funciona una democracia gobernada por el progresismo. Para cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, no sólo en Chiapas, la tal democracia no existe, pero es el modo que encontraron las élites de domesticar a la sociedad para que no mire hacia las víctimas y siga consumiendo sin el menor remordimiento.