Las defensoras de ambiente y territorio en Colombia enfrentan una situación continua de riesgo. Vivir en territorios en donde confluyen diversas violencias, entre ellas la imposición de actividades extractivistas, las ha llevado a enfrentar diversas amenazas. Aún así, ellas no bajan la guardia.
El difícil entorno en el que las mujeres realizan la defensa del ambiente y el territorio se visibiliza aún más cuando se conoce que desde 2015, al menos seis defensoras ambientales y lideresas indígenas han sido asesinadas en la Amazonía colombiana, de acuerdo con datos recopilados por Mongabay Latam incluidos en informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Front Line Defenders, así como fuentes de prensa.
En febrero de 2024, Mongabay Latam publicó las historias de resistencia de cuatro defensoras de ambiente y territorio de la Amazonía colombiana:
Soraida Chindoy encabeza la lucha del resguardo indígena de Condagua en contra de la minera canadiense Libero Copper para proteger las montañas y el agua de la explotación de cobre y molibdeno en el Putumayo. Maydany Salcedo, de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), ha recibido amenazas de muerte por denunciar la contaminación petrolera y la deforestación en Piamonte, Cauca.
Etelvina Ramos, de la Asociación de Trabajadores de Curillo (ASTRACUR), ha sido amenazada por promover la sustitución de cultivos ilícitos en Putumayo y Caquetá. Alis Ramírez tuvo que dejar la Amazonía colombiana para refugiarse en Nueva Zelanda tras recibir amenazas de muerte por defender su pueblo —Zabaleta, Caquetá— de la minería, la tala y la exploración petrolera. “A mí me cobijaba un miedo de los pies a la cabeza y así trabajaba, era algo que yo sentía siempre, pero aún así andaba por los pueblos, la gente no me dejaba sola. Me acompañaba”, dice la defensora ambiental.
Con este panorama de luchas e intimidaciones, Mongabay Latam quiso verificar si la situación de seguridad y Derechos Humanos ha tenido cambios en la Amazonía colombiana, por lo que habló con organizaciones sociales que siguen el tema y buscó a las entidades oficiales encargadas del tema. Estas últimas no respondieron.
Sigue la violencia
La campaña “Historias Inconclusas”, del Programa Somos Defensores y el medio de comunicación Verdad Abierta, registró 201 asesinatos de mujeres lideresas y defensoras en Colombia desde 2002 y hasta 2022. “Según la propia Fiscalía solo un 4% tenía sentencia. Verdad Abierta encontró que hubo 19 sentencias más que el ente no reportó”, dice Astrid Torres, directora de Somos Defensores.
Las cifras de 2023 y el primer trimestre de 2024 no son alentadoras. El Programa Somos Defensores registró en Colombia 238 agresiones contra las mujeres lideresas y defensoras; 28 fueron asesinatos y 160 amenazas. “Esto reitera que las mujeres no estamos siendo protegidas de los contextos de violencia sociopolítica y de otro tipo de violencias que no se derivan del marco del conflicto armado”, dice Torres.
La directora de Somos Defensores también comenta que debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas, solo para la región amazónica, entre 2023 y 2024. En marzo de 2024, por ejemplo, “en la frontera con Brasil, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, se evidenció que las organizaciones armadas que compiten por la minería de oro y el narcotráfico estarían estableciendo alianzas, incluso, con el crimen organizado del vecino país, lo cual aumenta la complejidad de la situación y la violencia en la región. Los riesgos también se ciernen para liderazgos indígenas, autoridades ambientales y ONG que buscan incidir en el fortalecimiento organizativo étnico y la investigación científica dirigida a la protección del ambiente”, dice el documento de la alerta temprana.
Torres agrega que debido a que las autoridades a nivel local, departamental y nacional no asumen los llamados que hacen la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales y las lideresas, los riesgos se consuman y acontecen las agresiones.
La lideresa Alis Ramírez, refugiada en Nueva Zelanda desde 2019 tras recibir amenazas inminentes de muerte, habló con Mongabay Latam y confirmó que en su territorio en Zabaleta, Caquetá, la situación sigue empeorando. “Cada vez es más cruda la situación, más silenciosa la voz de los defensores y defensoras. Pensamos que todo iba a mejorar con el Acuerdo de Paz”. Ahora, dice, hay más grupos armados ilegales que combaten entre ellos. Además, hay una ley del silencio, en la que nadie denuncia “porque hay que vivir”.
Ramírez denuncia que sigue la minería ilegal, la contaminación petrolera en los ríos y que a sus compañeras “les toca callarse para poder sobrevivir”. La defensora añora poder volver a su territorio, a ver a sus padres, y “los ríos donde nací y crecí”. Esto, por el momento, es imposible por su situación de riesgo que hay en la zona.
En la Amazonía colombiana, la violencia se ha sentido particularmente. Según el informe de 2023 del Programa Somos Defensores, en los departamentos de esa región se registraron 31 agresiones contra defensores y defensoras: 13 en Putumayo, ocho en Caquetá, cinco en Meta, dos en el Guaviare, uno en el Casanare y uno en el Vichada. En el primer trimestre de 2024, hubo cuatro hechos de violencia contra los liderazgos en Putumayo y Caquetá. “El total de asesinatos en la región de la Amazonía en 2023 fue de 17 y en el primer trimestre de 2024 fueron cuatro casos”, señala Torres. Para el total del país, las cifras también preocupan para el primer trimestre de 2024: 25 amenazas, cuatro asesinatos, dos secuestros, dos desplazamientos forzados, un atentado y una detección arbitraria.
Torres denuncia que de los liderazgos de mujeres, el más afectado fue el indígena con 15 hechos, seguido del ambiental con cinco, el comunitario con cuatro, el de víctimas y las defensoras de los derechos de las mujeres con 3 hechos cada uno, el comunal y activistas de derechos humanos con dos hechos cada uno y el campesino con un evento.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los principales escenarios que ponen en riesgo a las comunidades están relacionados con la “deforestación, incremento de cultivos de cultivos de uso ilícito, los conflictos socioambientales en las zonas donde se llevan a cabo proyectos de hidrocarburos y minería y las disputas armadas (como la del Frente Carolina Ramírez contra Comandos de la Frontera)”.
El Estado no hace lo suficiente
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, dice que nunca ha sido suficiente lo que ha hecho el Estado para defender a las lideresas. “En el Acuerdo de Paz quedó muy bien escrito que el Estado debía proteger a líderes y lideresas, pero no se dio así en los territorios, no se materializó esa seguridad”. Dice que sí hubo políticas específicas para proteger a las lideresas, pero la implementación de estas “no tuvo recursos” y que, además, faltó voluntad política de los encargados. Agrega que no hay un enfoque de género y que no hay una ruta clara de atención a estas defensoras.
Torres, de Somos Defensores, está de acuerdo en que el Estado no hace lo suficiente. “No implementa acciones diferenciales para prevenir las agresiones contra las mujeres lideresas y defensoras y tampoco lo hace en el tema de protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP), por ejemplo, continua sin tener medidas eficaces para protegerlas (ver Sentencia 546 de 2023)”. Agrega que en la Fiscalía, “pese a tener decretos para adelantar las investigaciones acerca de las agresiones como las amenazas y feminicidios”, estos no se implementan y hoy no se conoce su efectividad. Dice que si pese a los llamados y alertas tempranas, el Estado no defiende a las lideresas es porque “hay una falla estructural, por más buena voluntad política que exista, normas, programas y acciones institucionales”.
Vanessa Torres, subdirectora de la organización ambiental Asociación Ambiente y Sociedad, dice que han insistido “en la necesidad de reconocer la categoría de persona defensora del ambiente en el marco normativo nacional, teniendo en cuenta la relación que tienen los defensores ambientales con su territorio y comunidad y articulándonos con el desarrollo del marco normativo internacional, particularmente reconocido en el Acuerdo de Escazú, el cual está finalizando su ratificación en Colombia”. Agrega que aunque el gobierno actual busca actualizar la política de garantías a defensores en el país, esta debe construirse de manera participativa con los liderazgos sociales y las comunidades indígenas.
La lideresa Etelvina Ramos asegura en conversación con Mongabay Latam que, pese a que su situación y la del municipio es de riesgo, ella y la asociación ASMTRAC-CURC siguen el trabajo comunitario a favor de la sustitución de cultivos ilícitos y la demarcación de una zona de reserva campesina. “Como líder y representante de comisiones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) exigimos al gobierno la seguridad colectiva”, dice Ramos.
La defensora explica que como asociación buscan establecer una zona de reserva campesina, con cultivos agro industriales por la soberanía alimentaria. “Muchas familias seguimos en el territorio porque lo defendemos, esperamos que el Acuerdo de Paz se cumpla y que haya nueva negociación con otros grupos armados”.
Dice que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le archivó su solicitud de estudio de seguridad debido a que “necesitaban dos testigos que fueran presencialmente”, pero las personas no quieren denunciar debido a que en otros casos se ha filtrado información entregada a las autoridades. Ramos se queja: “El día que acaben con uno, ese día sí le creen. Eso pasó con Ludivia”. Se refiere al asesinato de la lideresa pro sustitución de cultivos ilícitos, Ludivia Galindez, en Florencia a inicios de 2024. Ella contaba con esquema de protección de la UNP. “En el momento se necesitan medidas de seguridad colectiva analizando la situación del municipio, particularmente en la ruralidad”, agrega.
Por su parte, la lideresa ambiental Maydany Salcedo, de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), dice que tras su resistencia contra la contaminación petrolera, cuenta con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección. Pero, considera que este es insuficiente para protegerla a ella y a su familia por lo que pidió que se reforzara. Su solicitud fue denegada y le comunicaron que solamente un atentado o evento similar cambiaría su nivel de riesgo. Salcedo señala que, en febrero de 2024, uno de los grupos armados presentes en Piamonte, Cauca, realizó varios asesinatos que motivaron el desplazamiento de 25 familias.
Salcedo dice que las amenazas en su contra y contra las comunidades se han incrementado, pero no tiene confianza para denunciar, ya que la información puesta en conocimiento de las autoridades se filtra. También resalta que su labor como defensora tiene características propias al ser mujer. “Para ser líder social mujer, además se debe ser mamá, esposa, defensora de los derechos de las mujeres. Hay machismo, la sociedad acepta más que las cosas las diga un hombre líder”, comenta.
Torres, de Ambiente y Sociedad, agrega que el sistema de denuncia a nivel nacional y más en el territorio amazónico “no resulta útil para quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad y, en la mayoría de los casos, son denuncias que no culminan en medidas efectivas de protección”. También dice que los ataques en contra de personas defensoras en la Amazonía colombiana se fundamenta en una necesidad de “control territorial por parte de actores ilegales”.
Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, explica que la violencia contra las mujeres tiene rasgos específicos y considera que las autoridades no están tomando en cuenta estas variables. Dice que las lideresas al ser cuidadoras, defienden el territorio y los ecosistemas, “lo que las convierte en foco u objetivo de los grupos armados ilegales”. Para estos grupos es importante “cercenar estos procesos colectivos” que encabezan las lideresas y financiarse de intereses extractivistas.
Torres, de Somos Defensores, comparte su visión: “Las lideresas como guardianas de la Amazonía, buscan un ordenamiento del territorio democrático y justo, luchan contra el cambio climático y cuidan la naturaleza de un modelo depredador, lo que se contrapone a los intereses no solo de los actores armados sino también de las empresas extractivas. También exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz”. Considera que no solo los grupos armados ilegales han agredido a las mujeres defensoras, sino también “las empresas han perpetrado agresiones y muchos de los hechos están en la impunidad”.
Agrega que las lideresas, además, se oponen al reclutamiento forzado de los niños, niñas y que la vida social sea militarizada. La experta valora esa labor como cuidadoras de semillas, de la tierra, de la seguridad alimentaria, de la medicina tradicional y del arraigo de las comunidades.
La UNP respondió a Mongabay Latam que “ha venido incorporando el enfoque diferencial de género en todos sus procesos”, a través del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y de la Subcomisión de Transversalidad de Género, la Mesa de Género de la UNP y la construcción del Protocolo de Análisis de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que han acogido observaciones de entidades y organizaciones sociales. A través de estas instancias, asegura, “se evalúan los casos de solicitudes de medidas de protección que traten de mujeres lideresas y defensoras”.
La entidad también señala que las lideresas “se convierten en obstáculo para los grupos armados ilegales, que adelantan planes de expansión territorial, control de economías ilícitas, corredores estratégicos para narcotráfico, minería legal e ilegal”.
Mongabay Latam buscó al Ministerio del Interior para conocer su posición sobre esta problemática, pero al cierre de esta publicación no respondieron a nuestras preguntas.
Lee el reportaje de Mongabay Latam sobre las cuatro defensoras.
*Imagen principal: Mujer del pueblo indígena Huitoto, de la Amazonía colombiana, tejiendo una canasta tradicional. Foto: PINZONOOB / Shutterstock.com
Publicado originalmente en Mongabay Latam
