Colombia. 2 de octubre. Saturación. Es la mejor manera de describir la sensación antes del plebiscito. No hay duda de que el Acuerdo entre las FARC y el Gobierno Santos es muy importante, para unos porque están convencidos de que los márgenes de ganancia aumentarán; mientras que el “país rural” tiene la expectativa de que la guerra pasará a ser una remembranza. Sin embargo, los slogans de las campañas por el sí y por el no hastían, porque no buscan promover una decisión consciente del pueblo, sino la manipulación de un voto, a favor o en contra de múltiples intereses políticos y económicos.
No es cierto que votar sí conlleve el fin de la guerra. La guerra es propia de este modelo económico que sigue intacto. La violencia es connatural a Estados como el Colombiano y no solo se ha dirigido contra los alzados en armas. Seis personas asesinadas en el marco de la protesta social en lo corrido de este año, son solo una pequeña expresión de esta verdad. Así que ni el fin de la guerra, ni el comienzo de la paz.
Tampoco es cierto que votar sí significa entregar el país a las FARC-EP. Lo que cambia es el ingreso de una nueva fuerza política a las corruptas estructuras y escenarios de “participación democrática” que existen en el país. Un nuevo partido, que al menos por mucho tiempo será minoría y al que objetivamente le será imposible cambiar el modelo que no pudo transformar por la vía de las armas. La historia indica que el derrocamiento de las clases que ostentan el poder no se resuelve en las urnas. Tan falso es este argumento, que desde el momento en que se dio como un hecho el Acuerdo, salieron voces a celebrar el próximo ingreso, sin trabas, de empresas minero-energéticas y la agroindustria, a los inhóspitos territorios controlados por la otrora organización insurgente. Más mentiroso se torna el estribillo cuando se lee el Acuerdo y se observa que el Estado (expresión de unos claros y minoritarios intereses de clase), retomará el control de estas regiones de presencia guerrillera.
También es falso que votar sí es garantizar la impunidad para las FARC, que histórica, jurídica y políticamente han estado amparadas en el ejercicio del derecho —deber universal a Rebelarse (aunque a él renunciaron)—, al contrario, son los crímenes de Estado (del que se presume la legitimidad en el ejercicio del monopolio de las armas) los que tienen un alto riesgo de ser sellados con fórmulas de “perdón y olvido”.
Decir sí, es apoyar la decisión política de las FARC de dejar las armas y, para ser honestos, creemos que ésta es una determinación importante que merece el respaldo popular. Pero decir sí es también impartir bendiciones a Acuerdos que en su elaboración no consultaron con las comunidades de las que piden hoy el espaldarazo, acudiendo a una figura de aparente participación directa (el plebiscito), parte de la Democracia liberal, que en todas sus expresiones jamás ha condensado la voluntad popular.
Hacer un llamado a las urnas (donde el pueblo nunca ha resuelto su destino), a decir sí o no, a partir de consignas falsas, es un engaño más al que históricamente las élites han acudido. Conocidos los resultados de esta parodia democrática, poco cambiará para los sectores marginados. Como siempre, los grandes capitalistas serán los beneficiarios, independientemente del resultado.
*Equipo Jurídico Pueblos es un grupo abogados y abogadas, estudiantes e investigadores del área jurídica y afines que cuenta con participantes y miembros en toda Colombia, aunque centra sus labores en la región Nororiental del país.
