Ciudad de México. Con una reforma energética que le entrega, abiertamente, los recursos naturales al capital extranjero, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, señala que el talón de Aquiles del gobierno son los sistemas normativos de los pueblos y  la organización colectiva, además “con la cosmogonía de lo comunitario es como se logra hacer una oposición real a todas estas obras mal llamadas de desarrollo”.

“La Reforma Energética  representa un clima muy adverso para nosotros, quita todos los candados legales y permite la entrada legal de las corporaciones a los núcleos agrarios y comunitarios para que haya una apropiación de los recursos y su extracción. Esto implica la destrucción del territorio, el desplazamiento; la privación del derecho a la tierra de las comunidades, a sus sistemas normativos y  lugares sagrados”, manifestó el abogado en el Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio llevada a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDh.

La reforma energética, que tan sólo le falta la firma del presidente Enrique Peña Nieto, contempla 21 reformas y por lo menos ocho nuevas leyes. La ley de hidrocarburos contemplada en el artículo 96, establece que estas actividades tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del territorio. “El Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas bajo la figura de ocupación temporal  y de esta manera desaparecer la figura de la expropiación”, expresó Francisco Cravioto Lagos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.

Dicha ley de hidrocarburos, también regulará el derecho a la consulta. “Sólo será una consulta y no se tomará en cuenta el consentimiento de las comunidades, será una simulación por parte de la Secretaría de Gobernación y de Energía, quiénes será las encargadas de hacerlas, pasando por alto convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que sin duda es algo inconstitucional”, demanda Francisco Cravioto.

En México no existe una ley que regule la consulta a los pueblos. “Las autoridades están interviniendo en las consultas debido a que no hay mucha claridad en cómo hacerlas, incluso casi cualquiera puede convocar a una y de esa manera beneficiar los intereses de las empresas y el gobierno”, denuncia el defensor de derechos humanos y añade que las autoridades continúan dividiendo al movimiento con programas asistencialistas como subsidios, proyectos, obras que ante la pobreza que existente, las comunidades se ven obligadas a aceptarlas, además hablar de consulta no garantiza un respeto por la defensa del territorio.

Una reforma que legaliza el despojo

“En Guerrero tenemos dos experiencias muy exitosas con la presa La Parota y la organización de los pueblos contra las mineras. Desde los núcleos comunales y el fortalecimiento de éstas es posible una real oposición, nosotros logramos descarrilar, por ahora, estas obras”, expone el abogado de Guerrero.

Si bien la anterior ley era mala, esta ofrecía ciertas posibilidades, un ejemplo es el caso de la presa La Parota en Guerrero. “Los proyectos de infraestructura que trae el gobierno junto con las empresas, tienen calendarios. Lo que hicimos nosotros fue desequilibrarlos en términos de dilatar las construcciones por medio de amparos, de esta manera ellos se tienen que ir por las grandes pérdidas que eso les ocasiona y con esta reforma, ni siquiera eso podremos hacer”, refiere Vidulfo Rosales.

Con la reforma, no existe la posibilidad de una real oposición legal a la extracción de los recursos e imposibilita que los pueblos puedan detenerlos. Para Rosales Sierra lo rescatable de un juicio de amparo era la suspensión de las obras, con lo cual la empresa se veía impedida para entrar sus maquinarias a las tierras y esa era una forma de desequilibrar las obras.

 “Con la reforma no existe la suspensión y si la comunidad se ampara, de cualquier forma las obras continuarán y el amparo terminará archivándose”, explica el abogado Rosales Sierra, quién explica que el argumento actual para esto es que el amparo pierde su validez al momento de empezar la obra.

Un gobierno con experiencia de represor

“El gobierno actual tiene un discurso muy fuerte para presentar estas reformas, pues dice que  estas reformas estructurales eran lo que le hacía falta al país para detonar el desarrollo y ese discurso está permeando a la sociedad”, explica Vidulfo Rosales y agrega que el gobierno del Partido Institucional Revolucionario (PRI), tiene mucha experiencia en la represión, lo hizo por setenta años, así que ya trae la estirpe represora y la sabe utilizar.

En Guerrero actualmente hay veinte activistas presos en cárceles de máxima seguridad. “Una de las técnicas de esta administración es la fabricación, muy veloz por demás, de delitos. También el traslado de los presos a lugares apartados de sus comunidades con el fin de desgastar al movimiento desde una buena defensa jurídica, hasta la movilización, es algo muy recurrente con este partido gobernando”, Rosales Sierra.

Para el defensor de derechos humanos es importante, antes de continuar con el fortalecimiento de las articulaciones nacionales, una organización local combinando la lucha jurídica con la social. “Nosotros sabemos que con una resolución jurídica  no vamos a detener estos mega proyectos; sin embargo sabemos que hay que seguir impulsando los amparos, pero no nos debemos olvidar  de la lucha social que se hace desde la calle”.