Foto: Donald Trump y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, en el aeropuerto de Tel Aviv el 22 de mayo de 2017.
Ni los socios de gobierno, provenientes de la coalición Kahol Lavan (Azul y Blanco) estaban conformes con las intenciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de marcar en la historia del conflicto palestino-israelí el 1 de julio de 2020 como el día en que Tel Aviv iniciaba la anexión del 30% de Cisjordania. Así, ni el ministro de Defensa Benny Gantz —rival de Netanyahu en las tres citas electorales transcurridas en un año— ni el ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, avalaban el plan Netanyahu para declarar bajo soberanía israelí más de un centenar de asentamientos, donde viven unos 400.000 colonos, y el Valle de Jordán, decisión que implicaba la pérdida de un 30% de territorio para Cisjordania.
Más allá de la obvia impugnación de esta decisión por parte de la población palestina, que alerta de que esta anexión imposibilitaría el camino de los dos Estados, entre los colonos hay quienes han manifestado su incomodidad con el proyecto. Enmarcado en el plan de paz para oriente medio presentado por Donald Trump el pasado enero, una estrategia que ha sido contestada por su alienación con los intereses israelíes —al amparo de una administración estadounidense que, por primera vez y en contra del criterio internacional, reconoce como legales los asentamientos en territorio ocupado—, el pacto prevé la formación de un Estado palestino en el espacio restante. La población de los asentamientos considera que, de llegarse a la solución de dos Estados, aún siendo el palestino una entidad territorial fragmentada con una soberanía mermada, los territorios podrían quedar como enclaves aislados en un entorno hostil.
Pero la oportunidad de la decisión ha sido cuestionada incluso por Estados Unidos, aún cuando la estrategia de Netanyahu se enmarca en su propio plan de paz. Así, Washington desplazó a su enviado especial para Oriente Medio, Avi Berkowitz, quien se reunió con Netanyahu el pasado martes para intentar buscar una salida a la situación que permitiese mantener un equilibrio entre el apoyo incondicional a Israel, y las relaciones que unen a la potencia a las monarquías de la región, importantes socias comerciales y aliadas frente al rival iraní.
El mismo miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson se unía a las voces que alertaban al Gobierno israelí contra la anexión unilateral mediante un artículo en el diario más leído en el país, elYediot Ahronot. En el mismo apuntaba que los planes de Netanyahu dificultarían cualquier horizonte de paz futuro e iría contra los propios intereses de Israel, alertando de que el Reino Unido no reconocería la soberanía israelí sobre los territorios anexionados. Johnson se une así a las resistencias expresadas por Naciones Unidas, la Unión Europea o la Liga árabe. Una semana antes, el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, calificaba el plan del Gobierno como “una gravísima violación del derecho internacional”.
Mientras, en los territorios ocupados ayer fue un día más de lucha que de fiesta. Los palestinos son conscientes de que Netanyahu intentará aprovechar el mandato de Trump para conquistar avances en su política anexionista. El hecho de haber pasado esta fecha simbólica no implica que el líder israelí, tras 14 años al frente del Gobierno en los que cada vez se ha apoyado más en los sectores más nacionalistas de la población, renuncie a dejar la anexión como legado.
Las autoridades palestinas han alertado que, de seguir la apuesta de Trump, el amago propagandístico de Netanyahu podría materializarse, mientras que los aliados estadounidenses no se oponen a las intenciones de Netanyahu sino que han cuestionado tiempos y procesos. Los socios del gobierno tampoco se han desmarcado del horizonte de la anexión, respecto a la cual mantienen una postura ambigua. Preguntado por su posición, el ministro de Defensa Gantz, que tomará el relevo de Netanyahu al frente del Ejecutivo el próximo octubre, se ha limitado a desplazar la anexión de una lista de prioridades encabezada por la gestión de la crisis sanitaria y la consecuente crisis socioeconómica.
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