En octubre el ayuntamiento Barcelona aprobó un reglamento de participación ciudadana que prevé la celebración de consultas ciudadanas no vinculantes sobre temas que afectan a la vida de la ciudad. La iniciativa era una de las medidas de participación ciudadana que quería impulsar la corporación de Barcelona en Comú, y fue aprobada con el apoyo de todos y todas las concejales, con la excepción de uno de los tres concejales de las CUP y la abstención de PP y Ciutadans.
La mañana del martes el ayuntamiento y los colectivos que han impulsado las tres primeras consultas han asegurado que seguirán adelante con su celebración después de que la delegación del Gobierno y un lobby empresarial anunciaran la semana pasada sendos recursos contra el reglamento ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Las tres iniciativas tienen como objetivo remunicipalizar el servicio de agua, cambiar el nombre por el de Idrissa Diallo a una plaza actualmente dedicada al esclavista Antoni López y la propuesta de municipalización de un gimnasio para destinarlo a vivienda social y a un proyecto de agricultura urbana.
Los grupos impulsores han explicado esta mañana a la prensa en la plaza de Sant Jordi que los recursos “son el primer movimiento de Agbar hacia el proceso iniciado desde la ciudadanía por la remunicipalización” del suministro de agua en Barcelona y en otras 23 ciudades de su área metropolitana. La iniciativa ha destacado que “uno de los recursos recibidos proviene de la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIE), que tiene como vicepresidente a Albert Martínez Lacambra, a la vez director general de Agbar”.
En declaraciones telefónicas a El Salto, Miriam Planas, de la plataforma Aigua és Vida, ha señalado también la similitud con el caso de Valladolid, ciudad en la que el recurso del Gobierno (en ese caso, el ministerio de Hacienda) contra la remunicipalización del agua se vio acompañado de otros dos recursos: el de la Confederación Vallisoletana de Empresarios y el de la anterior concesionaria, Aquona.
Según Planas, Agbar “tiene miedo” a que el debate ciudadano que acompaña a la propuesta ponga en evidencia los “privilegios e irregularidades” de su estatus como proveedor. Los movimientos sociales y ciudadanos de Barcelona llevan años denunciando los sobrecostes del suministro de agua por Agbar y el hecho de que la empresa fue proveedora durante 140 años sin que hubiera contrato alguno con el ayuntamiento.
Los grupos impulsores de las consultas han invitado al ayuntamiento y a los grupos políticos que apoyaron el reglamento a que no den ni un paso atrás en la voluntad de celebrar la Multiconsulta prevista para este año. Durante un encuentro con la prensa celebrado también esta mañana, la regidora de Participación del ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin, ha subrayado la voluntad del consistorio de que las multiconsultas se celebren en su plazo previsto, antes del verano, y ha confiado en que el TSJC no resuelva los recursos antes de ese plazo.
LLAMAMIENTO A VOTAR
Al margen de lo que suceda con los recursos, a lo largo de febrero cada una de las tres iniciativas debe haber juntado 15.000 firmas de manera presencial para poder ser votadas. Tras este trámite, el reglamento prevé un periodo de debate público, similar a una campaña electoral, en el que tanto impulsores como posibles detractores pueden difundir sus argumentos sobre la propuesta. Las votaciones finales (tanto presenciales como telemáticas) se prevén celebrar de forma simultánea -junto con propuestas de los partidos políticos representados en el ayuntamiento- en mayo o junio.
“Pedimos una respuesta contundente de la ciudadanía para que haya una presentación masiva de firmas”, explica Planas a El Salto. “Eso es lo que demosatrartá que ya no estamos en la situación que estábamos antes, que los contratos se arreglaban en los despachos”, continúa.
El reglamento fue aprobado por el pleno del ayuntamiento de Barcelona el 6 de octubre, tras más de dos años de preparación a través del proceso Decidim Barcelona. El martes 9 de enero se conocían los recursos de la delegación del Gobierno y de la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIE), sin que haya trascendido públicamente el contenido de los escritos.
Publicado originalmente en El Salto
