El jueves 1° de agosto, en Asunción, Paraguay, luego de 12 audiencias sumamente hostiles, en las que Laura Villalba participó de forma virtual desde su lugar de reclusión, el Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado, integrado por María Luz Martinez, Dina Marchuk y Federico Rojas, la condenó a 25 años de prisión y 6 años más como “medida de seguridad”, en total 31 años de cárcel.

En un juicio plagado de arbitrariedades, en el que la acusaron de “terrorismo” y “asociación criminal”, el Ministerio Público no pudo presentar ninguna prueba cierta de tales delitos, sino testimonios contradictorios, e incluso pruebas absurdas que no se corresponden con estas figura.

Para quienes pudimos asistir a varias audiencias como parte de una Delegación de Observación Internacional, quedó claro que era una causa armada, y que la sentencia brutal tenía un sentido claramente disciplinador, dirigido a silenciar a una de las principales testigos del crimen de las niñas de once años María Carmen (hija de Laura), Lilian Mariana (hija de Myrian), y de la desaparición forzada de Lichita (hija de Carmen).

¿Quién es Laura Villalba?

Laura cumplió en estos días 40 años. Su hija María Carmen Villalba, fue asesinada el dos de septiembre del año 2020 a los 11 años junto a su prima Lilian Mariana Villalba, también de 11 años, hija de Myrian Villalba. Laura es tía de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, desaparecida a los 14 años. Lichita es hija de Carmen Villalba, presa comunista, que a pesar de tener cumplida su condena de 18 años, continúa presa porque le siguen inventando causas para mantenerla entre rejas.

Laura tiene también dos hijos, de 8 y 10 años, y dos hijas, de 9 y 11 años, que hace casi cuatro años que crecen lejos de ella, que se encuentra en prisión desde el 23 de diciembre de 2020. Laura es enfermera, recibida en Paraguay y con una tecnicatura realizada en Argentina. Se vio obligada a salir de Paraguay en 2008, junto a sus hijos, hijas, mamá, hermanas, por la persecución que recibía la familia. Durante años, el estado paraguayo persigue a la familia Villalba, una parte de la cual es parte o integra la dirección del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La persecución no tiene límites ni fronteras. Alcanza a las niñas, niños, a la abuela Mariana. Las y los persiguen en Paraguay y en Argentina. En mayo de 2010, la policía paraguaya mató a Néstor Oviedo Villalba, de 12 años, hijo de Carmen, en Formosa, rociándolo con veneno.

Luego obtuvieron refugio político en este país. Señala Laura Tafettani, de la Gremial de Abogados y Abogadas: “El gobierno de Paraguay ejerce persecución contra la familia no beligerante, para presionar a los que pertenecen a una organización armada en su país. Esa persecución se inició ya hace décadas y obligó a que vengan al suelo argentino para refugiarse. Cuando el gobierno argentino les dio el refugio político, fue porque investigó y quedó acreditado que esa persecución era de índole política. El darle el estatus de refugio político significa justamente que no puede prosperar ningún tipo de acción penal ni requerimiento de Paraguay”.

Sin embargo, la ministra de (in)seguridad Patricia Bullrich, sin importarle el derecho internacional, se pronunció por avalar las políticas que conduzcan a su extradición, y en abril de este año se detuvieron, por orden del Juez Ercolini, a las hermanas de Laura, Myrian y Rosa, y a la sobrina Tania. El mismo día fueron dejadas en libertad, en virtud del refugio político, pero fue manifiesta la complicidad de Patricia Bullrich, quien alardeó en distintos medios sobre la decisión del gobierno argentino de extraditar a Paraguay a toda la familia Villalba. La acusación que les hacen, es realizar trabajo logístico para el EPP. Esto de alguna manera se expresó en el relato construido por el Ministerio Público de Paraguay, replicado por los principales medios de comunicación de ese país. Según el mismo, toda la familia, de algún modo, es colaboradora del grupo guerrillero. El hecho de cuidar a niñas y niños de menos de 12 años, ya les coloca en ese rol.

Hasta el momento en que viajó a Paraguay para acompañar a las niñas a conocer a sus papás, guerrilleros del EPP, en diciembre de 2019, Laura trabajaba en una clínica privada como enfermera, en Puerto Rico, Misiones, Argentina.

Laura es parte de una familia combativa, luchadora, revolucionaria. Pero no es cierta la acusación -avalada por el tribunal con esta condena-, de que integra el EPP, ni que era la enfermera del EPP, ni que reclutara a niñxs para esa organización. Nada de esto pudo demostrarse en el juicio, que por eso se desarrolló con absoluta arbitrariedad, dado que no hay ninguna prueba que respalde estas acusaciones. Para ejemplificar lo absurdo de este juicio, una de las pruebas principales presentadas, fue la tesis escrita por Laura para ser presentada en su carrera de Enfermería, sobre cómo se trata a un paciente en un posoperatorio, cuando hubo una fractura de cadera. Según el Tribunal, eso mostraría la voluntad de Laura de sumarse como enfermera al EPP. Si no fuera una situación tan dramática, movería a risa tanto absurdo.

Laura viajó a Paraguay con las niñas, y debía regresar con ellas en marzo del 2020, para que retomaran los estudios regulares que estaban haciendo en Misiones, y ella su trabajo. Pero esto fue imposible porque se declaró la pandemia de COVID, y se cerraron las fronteras. Se les hizo entonces un campamento transitorio, hasta que pudieran regresar. Ahí fueron detectadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), organización integrada por militares y policías de Paraguay, creada por el gobierno para reprimir al EPP.

El 2 de septiembre, dos grupos de la FTC atacaron al campamento, y capturaron, torturaron y asesinaron a las niñas María Carmen y Lilian Mariana, hiriendo en la pantorrilla a Lichita, que sin embargo pudo escapar en esa oportunidad. Lichita fue desaparecida dos meses después, el 30 de noviembre. El presidente de entonces, Mario Abdó Benitez, declaró que habían abatido a peligrosas guerrilleras. Fueron enterradas rápidamente, para que no quedaran pruebas. Hubo que pedir una segunda autopsia, para demostrar que eran dos niñas.

Desde el momento de su detención, en una ruta pública por la que andaba buscando a Lichita, a Laura se la torturó sicológicamente en la cárcel militar de Viñas Kué, donde estuvo varios meses absolutamente aislada, y luego en las cárcel de Itapuá, y en San Juan Bautista, donde se encuentra ahora.

El objetivo es claro, aislar, callar, e intentar quebrar sicológicamente a Laura, la principal testigo del crimen de las niñas. Para ello le armaron dos causas y le realizaron dos juicios, el primero por “violación del deber de cuidado y/o educación, y violencia familiar” , en el que se la acusó de “llevar a las niñas para ser reclutadas por la guerrilla del EPP”, cuando en realidad la acción de Laura fue acompañar a las niñas, hija y sobrinas, para que pudieran conocer a sus padres, ejerciendo el derecho a la identidad. En el segundo juicio se la condenó por “terrorismo” y “asociación criminal”, acusada falsamente de ser la enfermera del EPP, y de llevar a las niñas para su reclutamiento.

Juicios vergonzosos. Dos causas armadas

Nos dice Myrian Villalba: “Nuestras niñas fueron asesinadas por el Estado paraguayo. Lichita, de 14 años, se encuentra desaparecida. Son crímenes que nunca se han investigado, por los que no se ha procesado a nadie. Ahora se cometió una aberración jurídica condenando a Laura, mamá de cuatro niños y niñas que están esperando a su mamá, que hace cuatro años que está privada de libertad. En vez de condenar a los militares y policías que capturaron, torturaron y ejecutaron a nuestras niñas, condenaron a la mamá. Esa es la “justicia” de Paraguay, que viola todos los derechos procesales, las garantías constitucionales, los tratados internacionales.”

El Ministerio Público, a través de los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano, actuaron durante el juicio con una enorme violencia. No es un dato menor que el Fiscal Federico Delfino fue quien encabezó el operativo de allanamiento en el que asesinaron a Lilian Mariana y a María Carmen. Por algo ese crimen no fue investigado, y se armó este circo violentamente punitivista.

En ese sentido, denuncia Myrian: “Los jueces no admitieron ningún tipo de pruebas de la defensa. En todo momento hubo una parcialidad manifiesta hacia la fiscalía. Ahora hay que seguir adelante y hacer denuncias internacionales contra el Estado paraguayo, porque nuestras niñas murieron porque esos militares y policías cobardes de Paraguay les dispararon, las capturaron vivas, las ejecutaron. Lichita no se encuentra perdida, se encuentra con desaparición forzada. Fue vista por última vez, llevada a la fuerza por militares y policías. Pero la Fiscalía, utilizó en contra de Laura como testigos a esos militares que ejecutaron a nuestras niñas”.

Esto es una gran aberración. La mayoría de los testigos en el juicio, fueron policías, militares, y jefes de inteligencia, que participaron del crimen de las niñas, pero fueron a dar testimonio contra Laura e incluso contra las niñas estigmatizadas como “guerrilleras”.

A Laura la quieren en silencio, porque en ella pretenden castigar a toda la familia Villalba. La vieja teoría militar de “quitarle agua al pez”, hoy se expresa en ejercer la crueldad contra las familias completas, incluidos niños, niñas, hasta la abuela Mariana. Las y los quieren a todos, a todas, presas. Ése sería su triunfo, y están dispuestos a sacrificar para eso, la verdad, la justicia, e incluso la vida de las niñas y de sus madres.

Libertad a Laura Villalba

Los abogados de la defensa, Salvador Sánchez Ocampo, Eusebio Larrea Acosta y Arlindo Fretez Gonzalez, han hecho un trabajo esforzado y valiente, a pesar de todas las agresiones recibidas desde el tribunal, para desnudar el fraude jurídico que fue este juicio. Señala Salvador Sánchez: “Lo que tenemos que resaltar es la propia contradicción en la que caen los órganos acusadores y el órgano juzgador que es el Poder Judicial. En todo momento reconocen el ingreso de Laura y las niñas al territorio paraguayo en el año 2019, reconocen que ella estaba viviendo en la Argentina, trabajando en una clínica. Pero a la hora de dictar la resolución empiezan a vincularla con acciones del EPP desde el año 2008. Reconocen que ella no poseía antecedentes penales antes de esa causa, pero igual le ponen una medida de seguridad por su supuesta peligrosidad. Reconocen que a la hora de ser detenida no había orden de captura, y que la causa la montaron después”.

En su alegato, la defensa dio detalles de todas esas contradicciones, y demostró que a pesar de la parcialidad con la que se aceptaron las pruebas y los testigos presentados por la fiscalía y se rechazaron los presentadas por la defensa, no se pudo mostrar en ninguna prueba que Laura Villalba estuviera portando armas, o participando de alguna manera del EPP. Menos aún que llevara a las niñas a la guerrilla.

En el juicio se violó el derecho a la defensa, y la libertad de expresión de modo rotundo, porque el objetivo era claro: legitimar el accionar criminal de las FTC, ordenadas por el gobierno y su justicia, y para eso, que no se viera la inconsistencia de las acusaciones.

Todo el proceso judicial se realizó invirtiendo los lugares de víctimas y victimarios. De este modo, la mamá de una niña asesinada por la FTC, pasa a ser la criminal, juzgada y condenada. Se maltrata a los abogados de la defensa, como si fueran peligrosos criminales. Se obstaculiza la labor de la prensa independiente, porque lo que pretenden es sembrar terror, amenazando con que cualquier muestra de solidaridad, que exija justicia para las niñas y aparición con vida de Lichita, puede ser considerado “complicidad” con el EPP.

A quienes asistimos como delegación internacionalista y como prensa, no se nos permitió realizar este rol, ni entrar con nuestros instrumentos de trabajo, coartando la libertad de expresión. Se hostigó nuestra presencia, con amenazas permanentes del Tribunal, de las juezas y de los fiscales, de expulsarnos de la sala.

Termina Myriam: “Estos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Alguna vez el Estado paraguayo tiene que pagar, tiene que ser responsable y castigar a los verdaderos culpables, a los autores morales y materiales del crimen de nuestras niñas. Pido a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones feministas, a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones de Argentina, un pueblo tan solidario que tanto tiempo nos abrazó, que se pronuncien sobre esta aberración jurídica. No podemos quedar indiferentes”.

A pesar de la violencia judicial, política, comunicacional, Laura no está sola. Las niñas no son olvidadas. A Lichita la seguimos buscando. La libertad de Laura y la de Carmen, más temprano que tarde, será ganada, con las acciones internacionales, y con la movilización de los pueblos, que superando el miedo y la confusión, podrán recuperar como proyecto político, una auténtica democracia, que ponga fin a la impunidad.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y de la Delegación Internacionalista.

Publicado originalmente en Marcha