Los sexenios van y vienen y la desaparición forzada de personas en las entidades no cesa. En el estado de Coahuila de Zaragoza, esta dolorosa realidad no se detuvo tampoco durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Si bien su gobierno intentó posicionarse como defensor de los derechos humanos, en la práctica, el fenómeno de la desaparición forzada siguió y sigue presente, dejando cicatrices profundas en las comunidades y familiares de las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024 se reportaron 568 personas desaparecidas en la entidad. De estas, 452 son hombres, 108 mujeres y en 8 casos no se ha determinado el género [1].
Durante los años previos a la administración de López Obrador, gobiernos estatales y federales enfrentaron críticas por la falta de acción y la impunidad que rodeaba a estos crímenes. Pese a que con la llegada del nuevo gobierno, las expectativas de cambio eran altas, la militarización de la seguridad pública y las odas al Modelo Coahuila reforzaron la idea de que la militarización de los cuerpos policiacos era la alternativa. Si bien, a diferencia de otros estados fronterizos, en los últimos años la entidad ha logrado una reducción en sus índices delictivos, sobre todo en el tema de asesinatos (la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha pasado de 15.1 en el año 2015 a una tasa proyectada de 8.3 para el año 2020; es decir se ha reducido a casi la mitad [2]), conforme pasan los años, las corporaciones creadas bajo este modelo de seguridad encabezan los índices de violaciones a derechos humanos en la entidad.
Los inicios del Modelo Coahuila datan de la administración del exgobernador Humberto Moreira Valdés (2005-2011), quien junto con su asesora de seguridad, Isabel Arvirde, lo implementaron de 2009 al 2010, en respuesta a las presiones de Estados Unidos después de la desaparición en 2008 de Félix Bautista —exoficial del Ejército de Estados Unidos de origen cubano que se encontraba en el estado de Coahuila impartiendo un curso sobre seguridad y secuestros— y como medida para contrarrestar a las células de Los Zetas en la entidad [3]. Esta estrategia consistió en posicionar a militares —retirados y en activo— en funciones de seguridad pública en municipios prioritarios, organizados por la jefatura de la Región Militar, pero al mando del gobernador del estado. El Modelo Coahuila también impulsó otras medidas de infraestructura militar, entrenamiento, así como un proceso de depuración paulatina de los elementos de las policías municipales.
Fue en este contexto que en 2009 se creó al Grupo de Reacción Inmediata (GRI), integrado por 64 policías estatales con entrenamiento militarizado, equipado con la más alta tecnología en armas para el combate de la delincuencia organizada [4]. Asimismo, fue creado el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E.), un grupo de élite entrenado por ex militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) [5], entre otros grupos a nivel municipal, como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (G.A.T.E.M.). En Saltillo, se conformó también el Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas (GROM), que dependía administrativamente de los municipios y operativamente del G.A.T.E., a través de la Comisión Estatal de Seguridad.
La opacidad de las actividades de estas corporaciones era su principal característica. Primero, no fue sino hasta el 2014, durante la administración de Ruben Moreira Valdez (2011-2017)—hermano del exgobernador Humberto Moreira Valdés— que se publicó la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Coahuila, la cual regulaba la creación de dicha corporación; y segundo, dicha corporación no contaba con un registro de sus actividades y detenciones, lo que facilitaba la comisión de detenciones arbitrarias, actos de tortura, asesinatos, cateos ilegales y desaparición forzada.
Para el 2016 fueron disueltas todas las fuerzas especiales, y como estrategia para ocultar las violaciones a los derechos humanos, se cambió de imagen e identidad, creando así a Fuerza Coahuila, una corporación similar a los G.A.T.E., con mayor tecnología y adiestramiento que continuó con las mismas prácticas represivas. Ya en la administración de Miguel Riquelme Solís (2017-2023), bajo el mismo objetivo de limpiar el nombre de la corporación, en 2019 se creó la Policía Civil, la cual se dividió en diversas corporaciones con funciones específicas [6]. Actualmente, con la nueva administración de Manolo Jiménez Salinas (2023-2029), esta corporación volvió a cambiar de identidad con el nombre de Policía del Estado.
A la creación y cambio de nombre e imagen de estas corporaciones, hay que sumar la incorporación paulatina de militares y miembros de las fuerzas especiales en altos cargos de la policía e instituciones de seguridad a nivel estatal y municipal. En el 2010, diez de los 38 municipios de Coahuila reportaron un mando militar al frente de la Policía Municipal, incluyendo los siete municipios con mayor población. En el 2011 y 2012 se registraron once mandos militares, y a partir del 2013, comienza una tendencia general a la baja hasta llegar a sólo un mando militar en el municipio de Saltillo en el 2019. Cabe mencionar que en Saltillo hubo mandos militares encabezando la policía municipal del 2010 al 2019, mientras que en Torreón tuvo ocho años y Acuña siete años [7]. Actualmente, los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, planean tener un mando único militar en sus policías estatales que permita hacer operativos de campo y de inteligencia en algunas zonas prioritarias de los estados [8].
A más de una década de la creación de estas corporaciones, en 2019 los datos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) arrojaron que del total de quejas que se presentan ante dicha institución, aproximadamente un 60% se refiere a la denuncia de violaciones por parte de elementos de las corporaciones policíacas estatales, mismas que han ido en aumento año con año [9]. Asimismo, para septiembre de 2020, de 183 quejas estatales ante la CDHEC, la Policía Civil acumuló 82 de ellas, encabezando las violaciones a los derechos humanos [10]. Cabe destacar que los actos más señalados son los de ejercicio indebido de la función pública, lesiones, detenciones arbitrarias y tortura.
Estos delitos han sido documentados y denunciados reiteradamente por los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad, como actos que, al no ser erradicados, pueden llevar a una desaparición forzada. Han sido años de litigios estratégicos ante la Fiscalía de la Corte Penal internacional [11] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[12], quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), procesos de documentación ciudadana [13], y quizá lo más importante, los colectivos han hecho frente a la desaparición forzada, con la implementación de un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas, que exige la acción inmediata de las autoridades correspondientes para documentar y realizar acciones de búsqueda, además de interponer amparos como recurso jurídico para defenderse de los actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos [14].
En este sentido, los colectivos buscan prevenir la desaparición forzada, para proteger la integridad de la persona detenida al impedir la continuación de actos de tortura y la posibilidad de una ejecución extrajudicial al reducir el tiempo de actuación de las autoridades para evitar la desaparición definitiva y lograr la pronta presentación de la persona detenida.
Ante el panorama nacional de militarización de la seguridad pública, con la reciente incorporación de la Guardia Nacional —antes Policía Federal— a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), es necesario visibilizar las denuncias que reiteradamente los colectivos de familiares de personas desaparecidas han hecho a las distintas corporaciones de la policía estatal. Estas denuncias revelan un proceso de militarización de la seguridad pública en marcha, que si bien ha logrado disminuir los índices de violencia de alto impacto en la región, continúa violando reiteradamente los derechos humanos de los ciudadanos, quienes no confían en sus instituciones que han sido históricamente represivas.
*Raúl Pelayo es Antropólogo social, miembro de los jóvenes investigadores y estudiantes asociados al GIASF, colabora con el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Coahuila.
Referencias:
[1] Consultado en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
[2] Causa en Común, Fichas Estatales de Seguridad Pública.Consultado en: https://causaencomun.org.mx/beta/analisis-delicitivo/
[3] Osorno, Diego Enrique (30 de noviembre de 2019), “El modelo Coahuila”, Milenio. Consultado en https://www.milenio.com/opinion/diego-enrique-osorno/detective/el-modelo-coahuila
[4] Alfaro, Maricela (29 de agosto de 2009) “Crean en Coahuila el Grupo de Reacción Inmediata equipado con la más alta tecnología”, Crónica. Consultado en: https:// www.cronica.com. mx/notas/2009/454558.html.
[5] De acuerdo con Marie Paley este grupo fue creado para proveer seguridad en la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México y sus primeros elementos fueron entrenados por fuerzas especiales del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional Francesa, además de participar en actividades contrainsurgentes contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Consultado en Paley, Dawn Marie (2018) “Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo”, Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra, México.
[6] Policía Civil Coahuila (Policía de Proximidad), Policía Especializada de Coahuila (PEC) y Policía de Acción y Reacción (PAR).
[7] Sánchez Carranza , Natalia (2022) Militares al mando de la policía: militarización y violaciones de derechos humanos en Coahuila, Tesina, Licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales, CIDE
[8] Acosta, Ernesto (23 de julio de 2024) “Buscan crear Mando Único Militar para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, Vanguardia. Consulado en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-crear-mando-unico-militar-para-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas-BF12717530
[9] Ríos, Armando (10 de junio de 2019) “Contra Fuerza Coahuila 56% de las quejas ante CDHEC”, Vanguardia. Consultado en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/contra-fuerza-coahuila-56-de-las-quejas-ante-cdhec-DSVG3464351
[10] Redaccion ( 6 de octubre de 2020) “Policía Civil Coahuila encabezó las quejas ante Derechos Humanos durante septiembre”, Consultado en: https://rancherita.com.mx/noticias/detalles/20733/policiacutea-civil-coahuila-encabezoacute-las-quejas-ante-derechos-humanos-durante-septiembre-video.html
[11] Federación Internacional de Derechos Humanos (2017) México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional. ( No. 695e). París, FIDH, disponible en:
[12] Federación Internacional de Derechos Humanos (2019) “La FIDH inicia proceso ante la CIDH contra Mé xico por corrupción, desapariciones forzadas y tortura cometidas en Coahuila”, FIDH, disponible en: https:// www.fidh.org/es/region/americas/mexico/la-fidh-inicia-proceso-ante-la-cidh-contra-mexico-por-corrupcion.
[13] FAMUN, DATACIVICA, GIASF (2021) “Informe ciudadano contexto y dimensiones de la desaparición de personas en el Norte del Estado de Coahuila”,disponible en: https://www.giasf.org/uploads/1/2/7/4/127465353/informe_piedras_negras_2021.pdf
[14] Puedes conocer más sobre el mecanismo de búsqueda urgente en: Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y Servicios y Asesoría para la Paz (2021) “Mecanismo de búsqueda urgente ante la desaparición forzada” en Caminos para la búsqueda en vida. Saberes y experiencias de familias y colectivos, pp. 26-32: https://desaparecidosbusquedaenvida.mx/descargas/
**Foto de portada: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en julio de 2023 cuando ofreció la conferencia “La Política del Estado de Coahuila en materia de Desarrollo y Seguridad” en el Colegio de la Defensa Nacional en Coahuila. (Gobierno de Coahuila).
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
