La Constitución de la Ciudad de México debe “cobijar leyes progresistas que le permitan seguir siendo una ciudad de vanguardia en materia de derechos”, por ello es importante no perder de vista el perfil de los encargados de redactar el texto constitucional y “evitar grupos moralinos que busquen un regresionismo”, expresó el doctor Miguel Ángel Eraña, especialista en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El próximo 15 de septiembre se instalará la Asamblea Constituyente que aprobará la Carta Magna de la Ciudad de México. La Asamblea estará integrada por cien diputados, 60 de los cuales serán definidos durante una jornada electoral el 5 de junio; mientras que los 40 restantes serán asignados de manera directa por el Jefe de Gobierno capitalino (seis), el Presidente de la República (seis), las cámaras de Diputados (14) y de Senadores (14).

Luego de la reforma política de la Ciudad de México promulgada el pasado 29 de enero, la capital de la República “adquiere el carácter de entidad federativa como las otras 31 y se le pone en situación simétrica y de equilibrio a sus poderes locales, su Asamblea Legislativa que ahora será una legislatura local, y que tendrá acceso al procedimiento de reforma a la Constitución o de sanción”. 

“Por primera vez la Ciudad de México se dota de una Constitución política local como las otras entidades, con su propio poder constituyente y su propio sistema de creación de normas constitucionales… Es una oportunidad de tener un texto constitucional de vanguardia”, agregó el académico quién también destacó que “si el paradigma son las constituciones de los estados, nos vamos a quedar cortos, porque o no ha habido reformas recientes o están incompletas. Hay constituciones estatales muy atrasadas y otras que son contradictorias e incluso lesivas de derechos. 

“Debemos cuidar que el constituyente sea un grupo de hombres y mujeres con un talante pluralista, con una buena formación en el derecho público y en la concepción de los derechos fundamentales para que esa Constitución cobije las leyes progresistas que ya están funcionando y que han sido posibles gracias a la lucha social y cívica y a iniciativas que también promueven diputados o jefes de gobierno de la era progresista”.

“Hay una parte importante de grupos conservadores que ni siquiera viven en la Ciudad de México, pero que tienen cierta influencia y quiere hacer un regresionismo de derechos tal como ha pasado en 15 o 18 estados del país que han subido a sus textos constitucionales normas claramente lesivas de los derechos de las personas. Me refiero a concepciones moralinas del derecho de las personas o tratarlas con minusvalía como si no fueran capaces de disponer de sus derechos; ese es justo el perfil que se tiene que evitar”.

El texto constitucional debe “incluir un estatuto civil de carrera profesional en las demarcaciones para que no esté al arbitrio de cada grupo que toma el cargo, imponer a sus amigos en las cuestiones técnicas. Por eso están las delegaciones con déficit de buen funcionamiento porque cada tres años se ensayan nuevos funcionarios y si hay cambio de gobierno, cada tres años se desperdicia la experiencia de los que ya aprendieron”.