“Si su lenguaje fuera el de las palabras, ¿qué diría la naturaleza sobre su suerte durante el conflicto armado interno en Colombia? Tal vez hablaría de los terribles artefactos que explotaron en su suelo: el sonido ensordecedor de las detonaciones, el infortunio de los árboles cuyo flujo de salvia vital fue interrumpido, el incendio de sus hojas y troncos, el dolor experimentado por miles de animales. Quizá también mencionaría cómo el silencio se apoderó de los espacios arrasados o se quejaría de las incontables municiones que aún están incrustadas en sus delicados ecosistemas, unas inertes y otras latentes, acechando”. Este es el primer párrafo con el que la Comisión de la Verdad empieza el capítulo ‘La Naturaleza en el conflicto armado interno’ de su Informe Final.

Después de cuatro años de investigación, escucha y diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado, la Comisión presentó el pasado 28 de junio su informe final. Durante ese tiempo se recogieron cerca de 15 000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países, lo que permitió escuchar directamente a cerca de 30 000 personas. Además, se hizo una investigación a profundidad sobre 730 casos y 1195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

Poco a poco se han ido publicando sus capítulos y recientemente se conoció el análisis que la Comisión hizo sobre los impactos del conflicto armado al medioambiente. En él se exponen los efectos que causaron acciones bélicas como los bombardeos, los atentados contra los oleoductos, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la lucha frontal contra los cultivos de uso ilícito a través de cuestionables estrategias.

El eterno conflicto por la tierra

Uno de los grandes problemas que Colombia ha tenido que enfrentar durante el conflicto armado es el desplazamiento forzado, que a menudo estuvo vinculado al despojo y abandono de tierras. De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR) en 2013, para ese año se habían abandonado alrededor de 7,7 millones de hectáreas por desplazamiento forzado, un área superior al departamento de Guainía.

En el capítulo ‘Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias’ del informe final de la Comisión de la Verdad, se asegura que el abandono y el despojo han causado una mayor concentración de la tierra y un incremento en la desigualdad social y económica, en un país que de por sí ha tenido altos índices históricos y que el aumento de la concentración de la tierra se ha producido en las zonas más distantes del centro del país, donde, además del conflicto armado, la extracción histórica de recursos ha sido elevada.

“Encontramos un despojo muy grande de las comunidades negras, sobre todo en el Pacífico, y esto aumentó muchísimo a partir de 1991, cuando estas comunidades lograron el reconocimiento de sus derechos étnicos territoriales y empezaron a organizarse colectivamente para acceder a ese reconocimiento de titularidad ancestral. Ahí empezó una violencia desmedida y un despojo de tierras que llevó al desplazamiento pero también a la ocupación de esos territorios por parte de grupos armados, especialmente paramilitares. Estos territorios también fueron ocupados por monocultivos y por grandes hacendados, algo que han documentado sobre todo los jueces de restitución de tierras”, asegura la comisionada Patricia Tobón.

Entre los ejemplos que detalladamente documenta la Comisión están los de algunos empresarios palmicultores en el Caribe y el Pacífico colombiano.

Un hombre amenazado y desplazado del Consejo Comunitario afro de Rincón Guapo Loverán, en el departamento de Magdalena, en 2002, por las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC) aseguró que “todo lo que pasa aquí [Caribe] es por tierra […] Toda la mayoría de desplazamiento por aquí, la mayoría fueron por tierras. El que tenía un pedazo de tierra tenía problemas”.

Por otra parte, en el Pacífico, hasta 2018, tan solo en la cuenca baja del río Atrato se habían producido 39 condenas contra palmicultores que realizaron ocupación de tierras entre 1997 y 2005. De acuerdo con la Fiscalía, con estos fallos, se reafirmó su hipótesis sobre un plan criminal orquestado por algunos palmicultores de la región para amenazar y obligar el éxodo de pobladores y reclamantes de tierras, con el ánimo de quedarse con extensiones de terrenos fértiles y aptos para su actividad agrícola.

A pesar de esto, en un informe sobre la afectación de la violencia a la agroindustria de la palma de aceite, preparado por Fedepalma para la Comisión de la Verdad, el gremio afirma: “no se puede desconocer que hay unos cuantos que desplazaron gente, que se aliaron con paramilitares, que usurparon tierras. Eso pasó en algunas zonas. Pero también es cierto y hay que decirlo con claridad: no se puede generalizar a todos los palmicultores por lo que puedan haber hecho unos cuantos. No se puede estigmatizar a los miles de palmeros”.

En medio de todos los matices que rodean lo que ha sucedido en Colombia con el despojo de tierras y la llegada de los negocios agropecuarios, la Comisión asegura que muchos de los agronegocios no solo afectaron a las personas sino ecosistemas como humedales y otros cuerpos de agua, además de degradar los suelos, deforestar los bosques y, de paso, impactar negativamente la economía de subsistencia de las comunidades.

Adriana Sánchez, investigadora y directora del departamento de Biología de la Universidad del Rosario, dijo en entrevista con Mongabay Latam que, en temas de tierras, es importante cumplir con los puntos del Acuerdo de Paz. “¿Por qué no tenemos aún un catastro? Eso es algo que está en el Acuerdo para empezar a hacer manejo sobre esas tierras. Si eso se cumpliera quizás no habría este problema de tierras de nadie que son utilizadas para acaparamiento de tierras, ganadería o cultivos de uso ilícito” y añadió que “si se organiza la tierra y se piensa en el empleo alrededor de esa organización, se podría sacar gente de la pobreza y esa ganancia social se vuelve también una ganancia ambiental”.

Defensores ambientales y grandes megaproyectos

La Comisión de la Verdad también menciona que grandes megaproyectos en Colombia han causado grandes conflictos socioambientales donde los actores armados tuvieron protagonismo. “Algunas explotaciones de recursos naturales son legales, pero eso no implica que no sean contaminantes ni socialmente nocivas. Otras son ilegales y a la naturaleza se la trata como un botín y se la explota al máximo, sin regulaciones. Si a cualquiera de esas extracciones se le suma el terror de las armas y el entramado político y económico orientado a la transformación del uso del suelo o de los ríos y ciénagas para beneficio de determinados actores y en detrimento de las comunidades y pueblos, se gestan verdaderos desastres ambientales”, dice en su informe.

Narra la Comisión que, en algunos casos, los grupos armados atacaron a las comunidades para garantizar que grandes proyectos de desarrollo o megaproyectos legales se llevaran a cabo sin resistencia. Por ejemplo, a líderes indígenas embera del alto Sinú, en el departamento de Córdoba, los asesinaron por su oposición a la represa Urrá que inundó casi 8000 hectáreas de suelo fértil y ciénagas. Según indican, la inundación afectó al parque nacional natural Paramillo y al resguardo indígena.

De hecho, uno de los testimonios que más se destaca es el de Salvatore Mancuso, comandante de las AUC, que en un diálogo con la Comisión y ante una de las hijas de Kimy Pernía, líder embera quien fue desaparecido por este grupo, dijo que “lo del líder Kimy Pernía Domicó fue un crimen de Estado. Yo como miembro de facto recibí una llamada del Estado, de las Fuerzas Militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño [líder paramilitar] en este sentido de asesinar al líder Kimy Pernía Domicó [… ] Cuando construyen Urrá fue una decisión sin consulta que los afectaba a ustedes directamente como comunidad [a los embera]. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano, guiadas a debilitarlos a ustedes y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.

Para la Comisión, este caso es un ejemplo de cómo cientos de personas en el país han sido asesinados o desaparecidos para debilitar la lucha comunitaria en defensa de la naturaleza, hechos que hacen que Colombia, desde hace tres años, encabece los listados de defensores asesinados, publicados por organizaciones internacionales como Global Witness y Front Line Defenders.

“Si se mata a las personas que están hablando en contra pues es imposible generar conversaciones para llegar a consensos. Se debe frenar el asesinato de líderes sociales, ambientales y, en general, todo tipo de liderazgos. Que haya medidas del Estado para respetar esas voces y en ese sentido se necesita ratificar el Acuerdo de Escazú”, indica Sánchez.

Por su parte, la comisionada Tobón, cree que Escazú es muy importante porque gran parte del reto para Colombia es que, a medida que se resuelvan los asuntos del uso de la tierra, también se pueda tener un modelo de desarrollo más sostenible frente a los bosques, un acuerdo entre comunidades y Estado enmarcado en la protección ambiental, además que “es insuficiente asumir un acuerdo de paz solamente para el desarme de un grupo [FARC], es necesario que en un país que tiene un conflicto armado tan de larga data se avance hacia un proyecto de nación de construcción de paz”.

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Bombardeos y trincheras

La esencia misma del conflicto armado en Colombia ha generado impactos sobre el medio ambiente. En su informe, la Comisión de la Verdad asegura que los territorios fueron el escenario donde ocurrieron los horrores del conflicto. “Los actores armados se posicionaron en ellos; allí instalaron sus bases y campamentos con sus refugios y trincheras, jaulas y letrinas. Todos, sin excepción, usaron la naturaleza sin reparar en la fragilidad de los ecosistemas. Los páramos, por ejemplo, fueron tomados como corredores estratégicos de la guerrilla y como acantonamientos de alta montaña por el Ejército”.

Además de esto, los constantes combates y bombardeos también generaron impactos en el medio ambiente. El informe de la Comisión relata que no se sabe cuántos artefactos explosivos han sido detonados en las zonas rurales colombianas, pero en un solo evento se pueden llegar a afectar hasta ocho hectáreas de suelo, bosque y aguas, con la variedad de animales y plantas presentes en ellos.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en diciembre de 1990 cuando, en un solo ataque realizado por el Ejército Nacional a la guerrilla de las FARC en Casa Verde, zona rural de La Uribe, Meta, las Fuerzas Armadas arrojaron 186 bombas que, según la Comisión de la Verdad, causaron impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas.

Estas acciones también se realizaron en lugares protegidos, como lo corroboró el colectivo de guardaparques de Parques Nacionales en un informe que entregó a finales de 2020: “Los parques fueron usados para la construcción de trincheras para los grupos armados y de refugio de armas. Aún hoy no podemos entrar a ciertas zonas de las áreas protegidas por el temor a encontrarnos con algunos de estos sitios o refugios”.

Un campesino de La Uribe, en el departamento del Meta, que fue víctima de estigmatización y detención arbitraria le dijo a la Comisión: “Yo considero que los bombardeos son una afectación al medio ambiente, porque disparar de un avión una bomba que causa un cráter de siete metros de ancho por cinco, seis de profundidad, eso es una afectación al medio ambiente”.

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Oleoductos, atentados y derrames

En medio de la guerra en Colombia, una de las prácticas que más preocupa por sus impactos, aún poco estudiados en el país, son los atentados a la infraestructura petrolera que ha causado derrames en diversos ecosistemas. “Esta clase de acción se usó como un método de guerra por la insurgencia e impactó gravemente la naturaleza”, se lee en el informe de la Comisión de la Verdad.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe preparado para la Comisión, investigaron sobre las acciones armadas y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia entre 1986 y 2016, en las zonas de influencia de los oleoductos Caño Limón Coveñas —771 km de tuberías que van desde el departamento de Arauca en los llanos orientales hasta el departamento de Sucre en el Caribe— y Trasandino —305 km terrestres y 7 kilómetros de línea submarina, que van desde la Amazonía del departamento de Putumayo hasta el departamento de Nariño en el Pacífico—.

De acuerdo con ese informe, hubo al menos 3659 acciones armadas en contra de esa infraestructura petrolera. El 60 % de esas acciones incluyeron el uso de explosivos lo que causó afectaciones ambientales principalmente por los derrames de crudo. “Los impactos de estos son difíciles de contener y restablecer al estado original: contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas; pérdida de  cobertura vegetal; filtración de crudo e hidrocarburos en el suelo; e, incluso, cambios en las formas de relacionamiento de las comunidades con sus territorios”, dice ese informe entregado a la Comisión.

Uno de los eventos más críticos sucedió en junio de 2015, cuando miembros de la columna Daniel Aldana de las FARC dinamitaron el oleoducto Trasandino a la altura de Tumaco, Nariño, ocasionando el derrame de más de 400 000 galones de petróleo que contaminaron los ríos Caunapí, Rosario y Mira. La acción dejó sin agua potable a 160 000 habitantes. La mancha de petróleo llegó hasta el océano Pacífico y algunos calificaron este suceso como la peor tragedia ambiental de los últimos años.

Pero esto no es todo, cuando no fueron los oleoductos, las guerrillas atacaron los camiones transportadores de petróleo. Un año antes, en 2014, entre Puerto Asís y El Tigre, en Putumayo, milicianos de las FARC obligaron a los conductores de 23 camiones a abrir las válvulas y dejar correr el crudo en una carretera en medio de la selva. La mancha negra se esparció en la vereda Maravélez.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el informe ‘Los dividendos de la paz’, publicado en 2016, “en los últimos 35 años, la infraestructura de transporte de hidrocarburos operada por Ecopetrol ha sido atacada 2575 veces, derramando 4,1 millones de barriles de petróleo, equivalentes a la cantidad derramada en el Golfo de México (2010) y a 16 veces lo derramado en la catástrofe del buque Exxon Valdez en 1989”.

La comisionada Patricia Tobón asegura que el medio ambiente también ha sido una víctima del conflicto armado en Colombia. “Nosotros lo hemos analizado así porque se causaron afectaciones directas a los ecosistemas. Por ejemplo, lo que implican los atentados contra los oleoductos que contaminaron ríos y suelos, lo que causó también un daño a la salud de las comunidades. Hablamos de ecosistemas que aún hoy se encuentran supremamente afectados”.

Cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas

El narcotráfico y los grupos armados también han causado otros impactos ambientales que se destacan en el informe final de la Comisión de la Verdad, allí se menciona que las máximas autoridades del Estado justificaban que los cultivos de coca representaban un grave problema por ser uno de los principales métodos de financiación de la insurgencia. “La única forma de poder parar parte de la guerra era [buscar] cómo logramos limitar los recursos que le llegan a los grupos subversivos a través de la coca”, le dijo a la Comisión un alto exfuncionario del Consejo de Estupefacientes.

En esa búsqueda, el Estado colombiano se propuso disminuir la superficie cultivada con una mezcla de sustancias químicas, aplicada mediante aspersiones por vía aérea, donde uno de sus principales componentes es el reconocido glifosato, “desconociendo el principio de precaución en materia ambiental y las normas del Derecho Internacional Humanitario que prohíben impactar el medio ambiente como método de guerra”, señala la Comisión.

De manera temprana la Contraloría General de la República advirtió que la gran debilidad de la estrategia antinarcóticos era precisamente la sostenibilidad ambiental. En el primer informe sobre la aplicación del Plan Colombia, publicado en 2001, esta institución señaló, en respuesta al argumento de que las aspersiones son un mal menor frente la siembra del monocultivo de la hoja de coca, que “esta argumentación no tiene validez, porque, desde el punto de vista técnico, puede haber alteraciones significativas en los ecosistemas, lo cual no está probado ni negado, y, desde el punto de vista ético, el Estado no puede combatir un mal con otro mal”.

La Comisión asegura que cuando empezaron las aspersiones, la toxicidad de la mezcla no había sido examinada y que, en esa medida, las fumigaciones aéreas de herbicidas sobre cultivos ilícitos que se realizaron en el país no fueron respaldadas con estudios científicos precedentes. “Puesto de otra manera, su aplicación fue prácticamente un experimento a campo abierto que no consideró las consecuencias ambientales a mediano y largo plazo”, se lee en el informe.

Adriana Sánchez, directora del departamento de Biología de la Universidad del Rosario, comenta que “cuando piensas en el conflicto armado y el medio ambiente, uno de los primeros temas que sobresale es toda la lucha contra las drogas que ha traído muchos problemas y muchos conflictos sociales y ambientales. Gente que se desplaza para sembrar cultivos [principalmente coca] cada vez más cerca de zonas protegidas, lo cual a su vez lleva a deforestación y a que el país se plantee soluciones como la aspersión aérea con glifosato, de la cual ya hay evidencia de sus efectos negativos para la salud y el ambiente”.

*Imagen principal: La guardia indígena nasa realiza recorridos cada tres meses para evaluar la situación ambiental en Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

Publicado originalmente en Mongabay Latam