Desde el inicio de la militarización de la seguridad pública, en 2006, poco se había mencionado sobre hechos violentos en Guanajuato^[1]. Parecía que nada ocurría en uno de los destinos turísticos coloniales por excelencia, cuna de la independencia nacional y sede del Festival Internacional Cervantino.

Fue hasta la implementación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex), iniciado en diciembre de 2018, cuando surgió el nombre de un grupo delictivo local, el “Cartel de Santa Rosa de Lima”. En agosto de 2020, el líder de este grupo fue detenido y entonces la tragedia se reveló.

En un intento por ocultar lo que sucedía, las autoridades optaron por llamar “excavaciones” a todos aquellos lugares en los que se habían inhumado clandestinamente a personas asesinadas. Así, cuando se preguntaba sobre inhumaciones ilegales de personas asesinadas, conocidas comúnmente como fosas clandestinas, referían no contar con registros de tal actividad criminal.

Esto no duró mucho. Los registros oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Gobernación expusieron que Guanajuato es el tercer estado con el mayor número de personas reportadas como desaparecidas en el país, con una cifra total de 1,252, tan solo entre diciembre de 2018 y hasta diciembre de 2020. Lamentablemente muchas de ellas han sido encontradas sin vida. Entre octubre y diciembre de 2020, se recuperaron de fosas clandestinas alrededor de 204 cuerpos de personas fallecidas. Los hallazgos se hicieron en los municipios de Salvatierra, Cortazar y Acámbaro y colocaron a la entidad como la segunda con el mayor número de cuerpos encontrados en inhumaciones clandestinas.

Los descubrimientos no fueron producto de la casualidad o de la detención de un criminal local. Son el resultado del cambio en las dinámicas delincuenciales en el occidente y centro del país, la consolidación y conformación de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y la constitución de redes de apoyo de asociaciones civiles y acompañantes solidarios que motivaron a más familias a denunciar lo que estaba ocurriendo.

La presión de la sociedad civil conminó a la Comisión Local de Búsqueda a emprender acciones coordinadas con la Fiscalía General para hacer las intervenciones forenses y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Con las primeras exhumaciones surgieron las primeras dudas: ¿Cómo hicieron las autoridades para recuperar más de 200 cuerpos en tan solo tres meses? ¿Con qué personal lo hicieron si no contaban con especialistas en arqueología y antropología física? ¿Cuáles fueron los protocolos que siguieron para recuperar el mayor número de indicios y dar un trato digno a las víctimas?

Las dudas se originan en los más de diez años de experiencia en búsqueda que han acumulado diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país. Sus integrantes son ya expertas en la planeación. Conocen las metodologías, los conceptos y los recursos técnicos y legales para desenvolverse tanto en campo, como en espacios públicos y jurídicos en los marcos de la búsqueda. Mientras algunos familiares ya son expertos, otros recién buscan consejos y apoyo para iniciar sus procesos. Así de desiguales son hoy las búsquedas en el país.

Sin embargo, pareciera que estas experiencias han pasado desapercibidas ante los ojos de las autoridades. Una vez más, como había ocurrido años atrás en el norte del país, las familias se vieron en la necesidad de capacitarse en ciencias forenses y adquirir las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para supervisar y cuestionar (desde una óptica crítica) las acciones emprendidas por el Estado.

Resulta increíble e inaceptable que cada vez más familias tengan que involucrarse en los complejos y tortuosos caminos de búsqueda de sus seres queridos. Ninguna madre, hija o hermana debería verse obligada a aprender sobre ciencias forenses y sentirse abrumada con tanta información. Nadie debería sentir que no ha hecho suficiente para buscar a su ser querido, como para tener que aprender sobre osteología o genética. Las desapariciones deben detenerse ya.

Lo que ocurre hoy en Guanajuato muestra lo que podría ocurrir en otras entidades a donde no han llegado las desapariciones masivas o donde las familias siguen con miedo a denunciar. El cambio reciente en los mercados y territorios en disputa y la expansión de un grupo criminal desde el occidente del país, podría desencadenar un fenómeno similar en estados vecinos como San Luis Potosí, Zacatecas o Aguascalientes, en donde, en comparación con otros estados, son pocas las familias organizadas en la búsqueda de sus seres queridos.

Guanajuato es hoy ejemplo de la compleja realidad política y criminal que vivimos en el país y un cruel recordatorio de que la guerra no ha terminado. En algunos lugares, tal vez está por iniciar.

[1] Está ubicado en el centro del país, por lo que conecta el altiplano central con el norte. Su economía está fuertemente asentada en la industria manufacturera, de la construcción, petroquímica, textil y automotriz.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos