Ciudad de México | Desinformémonos. Antonio Lara Duque, abogado de la activista amuzga Kenia Hernández, señaló en entrevista con Desinformémonos que el encarcelamiento de la defensora, así como la detención de los y las normalistas de Mactumactzá, Chiapas, son “parte de una estrategia de las grandes esferas económicas y políticas del país para reprimir a quienes protestan en las autopistas privadas” y que “son víctimas de una lógica de castigo ejemplar”.

El integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero aseguró que “Kenia está redactando un pronunciamiento en solidaridad con los normalistas desde prisión, ambas son exigencias legítimas que tienen como punto en común un mismo sector empresarial que ha sido agresivo contra de quienes protestan. Ahora le tocó a los normalistas”.

Lara Duque recordó que en la anterior audiencia en el caso de la activista, el juez Jorge González Rivera giró una orden de arresto en su contra, luego de que solicitara un intérprete para asistir a Hernández, y aseguró que este jueves 27 de mayo “hubo un cambio de actitud en el juez”, pues reconoció que las personas indígenas tienen derechos que deben ser respetados y promovidos, y consideró que esto fue posible gracias a la presión de organizaciones nacionales e internacionales que se pronunciaron «contra la arbitrariedad, la discriminación y el racismo».

La activista realizó una huelga de hambre por la discriminación que vivió por parte de las autoridades y, aseguró Lara Duque, ya la levantó, pues se cumplieron algunas de sus exigencias sobre su situación en el penal.

Kenia es indígena amuzga, abogada, feminista y defensora de derechos de los pueblos indígenas y activista por la libertad de las personas injustamente presas, fue consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el estado de Guerrero y desde octubre del 2020 se encuentra recluida en el Estado de México.

El pasado 18 de mayo, más de 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía estatal cuando protestaron en la autopista de Chiapa de Corzo para exigir que el examen de nuevo ingreso a la normal se realice de manera presencial, pues la mayoría no tiene acceso a internet en sus comunidades. Actualmente, 19 jóvenes se encuentran presos en el penal de El Amate y 74 mujeres están siendo juzgadas fuera de la cárcel.

El defensor denunció que en la actual administración ha habido un “incremento de la represión hacia el movimiento estudiantil, campesino y feminista” e hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con la exigencia de libertad para las personas presas injustamente.