“Él termina su período y él pasa a ser expresidente, pero una no puede decir lo mismo de su hijo, no puede decir que es un ‘ex hijo’, una mamá no se convierte en ‘ex mamá’”, dijo Sandra Castaneda, quién llegó desde El Salvador para buscar a su hijo Gustavo Salvador Artiga Castaneda desaparecido en Altar, Sonora el 30 de agosto de 2015. El pasado 27 de abril, frente a un Palacio Nacional blindado con vallas metálicas, la Segunda Brigada Internacional de Búsqueda impulsada por la Red Regional de Familias Migrantes concluyó sus actividades en México. Las y los integrantes de este colectivo pegaron en las vallas las fotografías de los hombres guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses a quienes vienen buscando. A su lado, madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la madre de Ricardo Lagunes gritaron consignas y levantaron reclamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La imagen de este grupo de familiares de diferentes nacionalidades frente a un recinto impenetrable es metáfora del sexenio que se va: muros y oídos sordos para exigencias de familiares que desbordan las fronteras impuestas por la nacionalidad y los límites políticos entre países para hacerse escuchar… para hacer existir a sus seres queridos desaparecidos.

Hace seis años, el actual gobierno planteó dos “problemáticas” a abordar. Por un lado, la atención a la creciente población migrante que requiere cruzar por México para llegar a Estados Unidos, y por otro, la problemática de la desaparición de personas en el país A punto de finalizar el sexenio, el abordaje de cada uno de estos aspectos por parte del Estado mexicano merece una reflexión que superaría lo que se puede escribir en estas letras. Sin embargo, basta con señalar que el endurecimiento de las políticas migratorias regionales en estos años ha consolidado a México como un “país tapón” [1], y que no ha cesado el reclamo de los familiares de personas desaparecidas que exigen búsquedas efectivas, registros confiables o la salvaguarda de su integridad.

Estos dos grandes temas de la agenda nacional, lejos de ser distantes, se conjugan en la realidad de miles de personas que desde centro y Sudamérica viven la ausencia –por desaparición o asesinato– de sus seres queridos que migraban por México. Desde la campaña presidencial en 2018 se asomó el concepto “Justicia Transicional” [2], un paradigma de justicia en contextos de postconflicto que intenta brindar atención y respuestas a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, con miras a una narrativa de futuro donde aquello no se repita. Más allá de ahondar en los límites de este modelo  de justicia o de que dicha idea no lograra concretarse de manera general para el caso mexicano, en lo que concierne a las violencias contra personas migrantes, los principios de justicia, verdad, no repetición y/o reparación estuvieron lejos de conseguirse.

En este sexenio, las desapariciones de personas migrantes extranjeras no se detuvieron. El número incierto sigue siendo el dato más significativo; a las 332 personas migrantes desaparecidas que contabiliza el Registro Nacional de Personas Desaparecidas habríamos de agregar quizá a otros varios cientos de migrantes desaparecidos más, a quienes aún ni siquiera alcanzamos a contar, precisamente por la clandestinidad que les sigue siendo impuesta para transitar por México y por las dificultades aún existentes para que sus familias accedan a los mecanismos de búsqueda desde sus lugares de origen. Además, en enero de 2021, fueron asesinadas 16 personas de origen guatemalteco, dos mexicanos y un salvadoreño  en la masacre de Camargo y en marzo de 2023 el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez cobró la vida de 40 personas, principalmente guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos y hondureños. Estas dos masacres más con víctimas migrantes de origen centro y sudamericano principalmente, demostraron que el principio de no repetición ha sido incumplido. 

Por otro lado, quedan las deudas para los familiares que  continúan buscando o intentan hacerse escuchar en México para poder buscar a sus seres queridos desaparecidos, o para quienes aún esperan una respuesta del gobierno de México ante sus exigencias de justicia y verdad desde sus países de origen. En retrospectiva, valdría la pena preguntarse si el proyecto de transformación nacional que ha sido bandera en estos últimos seis años siquiera contempló a  las personas migrantes víctimas de violencias en México, y a sus familias fuera de las fronteras del Estado mexicano.

Este 10 de mayo, por treceavo año consecutivo, las calles de la ciudad de México se llenaron de mujeres buscadoras que conmemoran el día de la madre, exigiendo la localización de sus hijxs desaparecidxs. Integrantes de colectivos de búsqueda de todo el país caminaron desde el Monumento a la Madre y llegaron al zócalo de la ciudad de México, y fueron ahora los muros de policías los que impidieron a las madres acercarse al recinto donde está el aún presidente. 

Las madres que integraron la Brigada Internacional de Búsqueda no marcharon, porque tuvieron que volver a sus lugares de origen desde principios de mayo; por otro lado, miles de mujeres centroamericanas más no pudieron marchar con sus compañeras de dolor, pues las fronteras políticas las siguen manteniendo alejadas de estos espacios de lucha. Sin embargo, la presencia de hondureñas como Mary Martínez (que busca a su hijo Marco Antonio Amador desaparecido en Tamaulipas hace 11 años) y  Ana Enamorado (quien vive en México desde hace más de una década buscando a Oscar Antonio, su único hijo desaparecido en 2010) y de las salvadoreñas Bertilia Parada (madre de Carlos Allberto Osorio encontrado en las fosas de San Fernando descubiertas en 2011) y Areli Gómez (quien busca a su hijo y hermano desaparecidos en 2010 y 2013 respectivamente), recordaron esas deudas de justicia, verdad, reparación y no repetición que el gobierno mexicano tiene para con las personas migrantes extranjeras. 

Este 10 de mayo, Oscar Antonio López Enamorado, hondureño desaparecido en México, cumplió 34 años; su madre sigue exigiendo al gobierno mexicano su presentación con vida. Este 12 de mayo, fecha en que en Honduras se conmemora el día de la madre, se cumplieron 12 años de la masacre de Cadereyta, y el Estado mexicano aún debe respuestas a las madres y demás familiares de las víctimas. A sus familias alcancen estas letras para que sepan que no les olvidamos…

 Referencias:

[1] El País (3 de marzo de 2024), “México, el muro de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos”, en https://elpais.com/mexico/2024-03-04/mexico-el-muro-de-los-migrantes-que-quieren-llegar-a-estados-unidos.html

[2] Olga Sánchez Cordero (20 de junio de 2018), “¡Ya basta!: Justicia Transicional”, Milenio, https://www.milenio.com/opinion/olga-sanchez-cordero/casos-causas/ya-basta-justicia-transicional

• Sandra Odeth Gerardo Pérez es doctora en antropología social, estudiante asociada del GIASF y colaboradora de la Red Regional de Familias Migrantes.
• El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como persona columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos