El 25 de noviembre pasado, Paula García, Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, determinó amparar a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) por el retardo injustificado en la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México, mecanismo de emergencia que esta asociación civil solicitó en diciembre de 2010.

En consecuencia, la jueza ordenó a las autoridades del Estado de México pedir disculpas públicas por los feminicidios perpetrados en la entidad –que de haberse accionado oportunamente la AVG hubieran podido evitarse–, así como reparar el daño causado por el retaso de más de cuatro años y medio en la emisión de dicho instrumento cuyo objetivo es enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

“De lo que antecede, se pone de manifiesto que, tal como lo alega la parte quejosa en su demanda, tomó cuatro años y medio a las autoridades responsables proveer lo referente a la declaratoria de mérito. Pero además, tuvieron que presentar dos demandas de amparo para que las autoridades tomaran acciones concretas”.

En su resolución de amparo, Paula García advirtió de la resistencia de las autoridades mexiquenses para que se conozcan las cifras reales de mujeres víctimas de homicidio. Señaló, además, que los servidores públicos presentes en la cuarta sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) redujeron la solicitud de AVG para el Estado de México a una cuestión de ataques políticos, desestimando así la escalada de violencia contra las mujeres. Al respecto, sentenció: “Cabe añadir que la violencia en contra de las mujeres no se puede ni debe politizar porque exige una atención inmediata”.

A decir de la jueza, el retardo injustificado en la emisión de la declaratoria de AVG constituye una violación a los derechos fundamentales de la organización solicitante y, sobre todo, de las mujeres del Estado de México. En consecuencia, ordenó la reparación integral con base en las siguientes medidas: emitir una disculpa pública por el retraso en la atención de la AVG para el Estado de México; no volver a minimizar el aumento en los índices de homicidios en contra de mujeres; contar con una estadística confiable y pública que diferencie entre homicidios y feminicidios; y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México.

Para quienes integran la CMDPDH y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la resolución de la jueza no tiene precedentes. Y es que, explican, además de determinar la negligencia por parte de las autoridades encargadas de la emisión de la AVG, reconoce el derecho de las mujeres del Estado de México a ser reparadas.

En un comunicado, estas organizaciones apuntan: “El cumplimiento íntegro de la sentencia de amparo será el más claro ejemplo de voluntad en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en el Estado de México”.

Antecedentes

En diciembre de 2010, la CMDPDH y el ONCF presentaron ante SNPASEVM –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas– una solicitud de declaratoria de AVG para el Estado de México, como consecuencia de los altos índices de homicidios con características feminicidas registrados en la entidad: 922, de 2005 a 2010.

En enero de 2011, el SNPASEVM determinó la improcedencia de la solicitud, por lo que las organizaciones solicitantes se ampararon en contra la resolución. Un año después, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa para el Distrito Federal confirmó que el SNPASEVM vulneró los derechos de las organizaciones, por lo que ordenó a las autoridades dejar sin efecto su determinación y emitir una nueva. Finalmente, el 28 de abril de 2014, el SNPASEVM admitió la procedencia de la solicitud de AVG para el Estado de México, con lo que inició la etapa de investigación correspondiente.

Ante la inactividad de las autoridades responsables, el 10 de febrero de 2015, la CMDPDH inició un segundo juicio de amparo alegando retraso injustificado en la emisión de la AVG para el Estado de México.