El Parlamento israelí o Kneset aprobó una ley que regulariza alrededor de 4 mil casas construidas en tierras que son propiedad privada de ciudadanos palestinos. Las reacciones en contra de la misma se han manifestado desde varios gobiernos del mundo y la ONU.

El Parlamento de Israel dio luz verde a la polémica Ley de Regularización que permitirá legalizar, de cara a la ley israelí, alrededor de 4 mil casas construidas en tierras  propiedad de palestinos en colonias en Cisjordania. Con 60 diputados a favor y 52 en contra, la Cámara o Kneset aprobó un proyecto que servirá para legalizar de manera retroactiva miles de viviendas en asentamientos construidos en tierras privadas palestinas en el área C de Cisjordania, la cual está bajo completo control israelí y fue ocupada desde 1967.

Israel podrá declarar como tierra estatal las propiedades y negar a los dueños el derecho de uso hasta que se alcance un acuerdo. A cambio, los propietarios palestinos serán recompensados económicamente.

Israel “acaba de aprobar una ley para legalizar el robo de tierra palestina. El saqueo es ilegal”, reaccionó en un comunicado el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, que aseguró que con este paso el Gobierno permite que los colonos y “fuerzas de la ocupación continúen sus ataques contra los palestinos y su tierra”.

La ley supone un cambio importante a nivel interno, si bien en la esfera internacional todas las colonias son consideradas ilegales, como destacó una resolución aprobada en diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las viviendas afectadas están situadas sobre terrenos de particulares palestinos en más de medio centenar de colonias construidas o ampliadas sin un proceso de planificación ordenado.

La aprobación esta noche en segunda y tercera lectura de la ley ha sido alabada como paso “histórico para el movimiento colono” por la derecha más extrema, mientras que parte de la oposición teme que sea el comienzo de un camino “que terminará en el Tribunal de La Haya”, como dijo el líder de la plataforma Campo Sionista, Isaac Herzog.

El proyecto, impulsado Naftali Benet, líder del partido procolonizador y principal socio de la coalición de Gobierno Hogar Judío, tiene como objetivo “regular y permitir el continuo establecimiento y desarrollo” de los asentamientos en judíos en Cisjordania.

Benet alabó el triunfo de un proyecto personal que muchos han visto como una imposición sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y aseguró tras la votación que “esto es democracia”. El primer ministro Netanyahu no llegó a tiempo para votar desde Londres, donde estuvo hoy en visita oficial.

El jefe de Gobierno prefería esperar a votar la iniciativa después de la reunión que tiene prevista el próximo día 15 en Washington con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, pero finalmente tuvo que ceder a las presiones de Benet para que no se volviera a suspender, como sucedió en varias ocasiones en los últimos meses, informan medios locales.

Las reacciones de crítica por la nueva ley han sido inmediatas.

La organización israelí de defensa de los derechos humanos Yesh Din la calificó de “ilegal”, “inmoral” y que “premia el robo”. “Tanto el primer ministro como el ministro de Defensa la calificaron de error y el fiscal general la considera inconstitucional. Y aun así el Gobierno cede el paso a los colonos”, denunció en un comunicado.

“Hoy ha quedado claro que Netanyahu está dispuesto a comprometer el futuro tanto de israelíes como de palestinos para satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas por el bien de su propia supervivencia política”, criticó por su parte la organización pacifista israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora), que denuncia la colonización. El grupo coincidió en que este gesto “hace del robo una política israelí” y supone “un paso más hacia la anexión de Cisjordania, al tiempo que se aleja de la solución de dar viabilidad a los dos Estados. Ante esta locura, debemos actuar como adultos responsables y acudir al Tribunal Supremo para derogar esta peligrosa ley”.

La organización internacional Human Rights Watch advirtió al liderazgo israelí de que “la administración estadounidense de Donald Trump no les puede proteger de la vigilancia de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal sigue examinando la actividad en los asentamientos”.

Horas antes de la votación parlamentaria, el enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, pidió a Israel que reconsiderara un proyecto “visto como inconstitucional por el fiscal general del Estado y contrario a la legislación internacional” que, de aprobarse, tendría “consecuencias jurídicas de gran alcance para Israel”.

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha tildado este lunes de «inaceptable» la decisión del Parlamento de Israel de aprobar una ley que legaliza de forma retroactiva unas 4 mil viviendas levantadas ilegalmente por colonos en terrenos de Cisjordania que tienen propietarios palestinos.

El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, ha recalcado que la decisión de la Knessrt es contraria a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que «asuma su responsabilidad antes de que las cosas lleguen a un punto en el que sea difícil controlarlas», según ha informado la agencia oficial palestina de noticias, WAFA.

Los diputados israelíes han aprobado por 60 votos a favor y 52 en contra la conocida como Ley de Regulación, que pone estas viviendas de forma efectiva bajo jurisdicción regular israelí y no bajo la administración militar israelí que controla los territorios ocupados desde 1967.

La votación se ha celebrado a pesar de la petición expresa del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de retrasarla hasta después de su viaje a Washington, previsto para el 15 de febrero. El principal defensor de la iniciativa ha sido el partido Bayit Yehudi, Hogar Judío, de actual ministro de Educación, Naftali Bennett.

Finalmente la ley ha sido aprobada pese al rechazo de la oposición, con el partido Unión Sionista al frente. El presidente de la Unión Sionista, Isaac Herzog, ha argumentado durante el pleno que rechazan la anexión porque podría propiciar que «miles de palestinos entren al el Estado judío».

El proyecto de ley prevé la expropiación de las tierras palestinas a cambio de una compensación por valores superiores a su precio de mercado. Estos terrenos pasarán a titularidad del Comisario de Propiedades Gubernamentales de Cisjordania.

La iniciativa será probablemente muy criticada por la comunidad internacional, ya que la colonización de territorios ocupados militarmente es constitutiva de crimen de guerra.

En cualquier caso, todo apunta que la ley, aunque haya sido aprobada, será impugnada de inmediato ante los tribunales y el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ya ha advertido de que no defenderá la norma en el proceso judicial.