Foto: Cuartoscuro

Durante el año 2021, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de IPRI- Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional- en México,^[1] sistematizaron casos de violaciones graves a derechos humanos contra pueblos indígenas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Michoacán,contenidos en el informe “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas en México”.

“Nuestro informe se llama ‘El asedio y el desprecio’ porque eso se ha incrementado por la indefensión de los territorios y el alejamiento o colusión de las autoridades con el crimen organizado. Hay una problemática nacional”, advirtió Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y director del equipo de IPRI en México. El defensor de derechos humanos señaló que los pueblos se encuentran en primera línea enfrentándose a diversos actores armados que los asedian. También señaló que, para atender el creciente desplazamiento forzado, ha faltado mayor compromiso del Gobierno federal.

El reporte describe el patrón de violencia en contra de pueblos y comunidades indígenas en el país, en el que los gobiernos municipales y estatales actúan en complicidad con los agresores (casos de asedio) o casos en los que, por acción u omisión, se violentan derechos humanos con el objetivo de acceder a recursos económicos en manos de los pueblos o para desmovilizar y desincentivar la organización comunitaria (casos de discriminación).

Las y los defensores de derechos humanos notaron con preocupación que – a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal y al apoyo internacional que éste ha manifestado a los tratados en la materia- los marcos jurídicos y normativos en el país no han sido suficientes para atender y garantizar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.

“Hay un patrón de persecución a los líderes indígenas, desapariciones, asesinatos. El crimen incrementa su poder de destrucción y las autoridades federales no han podido garantizar el orden y la justicia. Esto está amenazado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, señaló el antropólogo.

Ante esta situación, IPRI y las organizaciones que integran su Grupo Núcleo en México hicieron un llamado al Gobierno Mexicano al:

1. El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio. En particular, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México reconociendo las particularidades que tiene para las personas y pueblos indígenas.
2. La creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones del Estado mexicano como gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales. Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo.
3. La protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una política pública integral por medio de acciones de coordinación interinstitucionales que generen condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las comunidades deben contar con análisis de riesgo apropiados, con planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad.
4. El Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos condiciones para el acceso a la justicia. Para ellos serán necesarias medidas como:
   1. En los casos de homicidios, desaparición forzada y en cualquier caso que esté en riesgo la seguridad de las comunidades, es necesario que las fiscalías den seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes emitidas por las organizaciones de sociedad civil para evitar la impunidad que perpetúa la situación de violencia.
   2. La debida integración de carpetas de investigación que agoten todas las líneas de investigación en cada uno de los casos denunciados. Estos procesos deben ser informados a las víctimas y a sus familias a través de los medios culturalmente apropiados que sean necesarios.
   3. Respetando el debido proceso de los imputados, es necesario que sean señaladas y sentenciadas las personas responsables de las violaciones de derechos humanos y los delitos denunciados.
   4. El poder judicial deberá aplicar los controles de convencionalidad necesarios para garantizar la aplicación del estado de derecho en todos los ámbitos de su competencia. Se deben garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en los instrumentos internacionales aplicables en México, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
5. El diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades y que en muchos casos son el inicio de una dinámica sistemática de violaciones a sus derechos humanos como comunidades indígenas. Es urgente que se atiendan los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Por su parte, la fundadora de IPRI y ex Relatora especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, señaló que los 16 casos documentados son apenas un porcentaje de lo que pasa, y advirtió que es importante mirar a los problemas de fondo que conducen a la violencia. Señaló que el Estado mexicano debe actuar a la altura de su prestigio internacional atendiendo estos casos y procurando un marco judicial más robusto.

IPRI considera que los hallazgos contenidos en el informe “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas en México” servirán como herramienta para fortalecer espacios de diálogo e impulsar acciones concretas que aborden la violencia que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, con la seguridad de que el Estado Mexicano atenderá sus responsabilidades de reconocer, respetar, proteger y cumplir los derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación y la práctica nacional e internacional.

^[1] Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA, Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).

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