La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el día de ayer su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en los que hace énfasis en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura.

En el informe, la CIDH analiza los factores que originan la violencia, la protección de los derechos humanos por parte del Estado, la violencia y seguridad de los ciudadanos, así como la situación de los defensores de derechos humanos, de periodistas y de la libertad de expresión.

El documento lo realiza la CIDH ante la preocupación por la situación de crisis de los derechos humanos en México, que en los últimos años se manifiesta en mayores denuncias de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; el incremento en la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia.

El 30 de enero de 2015, el Estado mexicano extendió una invitación a la CIDH para hacer una visita in loco  a México, la cual se realizó del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

El informe asienta: “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia alcanzaron niveles alarmantes, así como la consecuente pérdida de más de cien mil personas, desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no hay cambios sustanciales en las políticas de seguridad. La respuesta al incremento de la violencia es el aumento del rol de las Fuerzas Armadas lo cual ha desatado aún mayores niveles de violencia”.

El documento destaca como principales fuentes de la violencia primero a los actores estatales. “Dentro del contexto de lucha contra el narcotráfico y en consecuencia, de la militarización de zonas del país, diversas autoridades como la policía en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), miembros de fuerzas militares e inclusive ministerios público han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad” y pone como ejemplo el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, la muerte de civiles en Apatzingán, presuntamente a manos de la Policía Federal; los ataques a civiles por parte de militares en Ostula, ambos sucesos en Michoacán, entre otros, así como numerosos actos de violencia y asesinatos contra periodistas. “México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, exceptuando a los que están en guerra”.

Un segundo factor es la presencia del crimen organizado, que sumado a la corrupción y la impunidad,  ha permitido el establecimiento de estructuras de poder paralelas que actúan en colusión con las autoridades, como es el caso de Ayotzinapa, en donde según lo reporta el GIEI en sus investigaciones, autoridades de la policía estatal, federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. 

Los grupos criminales en México, tienen como principal actividad el narcotráfico, pero son autores de asesinatos, extorsión, secuestro, robo, “cobro de piso”, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y tráfico de armas. La diversificación de sus actividades delictivas y el ejercicio de sus poderes fácticos en gran parte del territorio, son la principal fuente de violencia por parte de actores privados en México. La respuesta del Estado mexicano es ineficaz ante el problema, indica el informe.

La CIDH considera en su informe presentado el día de ayer, que otros actores de la violencia en México  son las policías comunitarias o autodefensas, que en su momento se crearon ante la desesperación de la población por los altos índices de criminalidad en sus comunidades, como es el caso de grupos en Michoacán, que surgieron para la autodefensa comunitaria y luego se convirtieron en cárteles de la droga.

También informan sobre “fuerzas privadas” de seguridad en México, las cuales han surgido ante la incapacidad del Estado para brindarla. “Algunas grandes empresas nacionales e internacionales cuentan con sus propios cuerpos privados de seguridad, las cuales pueden ser fuente de violación a los derechos humanos y en su caso el Estado mexicano sería responsable”. Este es un fenómeno nuevo pero creciente que observaron durante su visita in loco que realizaron en octubre de 2015 pero del que aún no hay la suficiente información.

Otra tendencia observada y de la que han recibido información en la CIDH,  es la privatización de los centros penitenciarios.  Ninguna de estas dos actividades tiene un marco legislativo que las regule.

La CIDH  añade otros factores que inciden en la situación de violencia generalizada que se vive, y uno de ellos es la desigualdad social y económica:  “En México, las zonas del país con los índices más altos de violencia son también las que tienen los mayores índices de pobreza, desigualdad y marginación”.

Otro de ellos es el que México es un país de rutas migratorias, narcotráfico y tráfico de armas.

La impunidad tiene también graves consecuencias para el estado de derecho, “la actual crisis de de derechos humanos que vive el país es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada guerra sucia” y la información que ha recibido la CIDH indica que más del 98 por ciento de los delitos cometidos en México, permanecen en la impunidad. 

Aquí el enlace al informe de la CIDH México

https://es.scribd.com/doc/301731319/Situacion-de-Derechos-Humanos-en-Mexico-CIDH

FOTO: ALAN ORTEGA / CUARTOSCURO